El reciente aumento del 5,36% en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 ha generado un amplio rechazo en Colombia. Este incremento, que define los recursos per cápita destinados a atenciones, servicios y tecnologías en el sistema de salud colombiano, pone en grave riesgo la salud y la vida de los pacientes en el país.
La UPC, que es esencial para financiar el sistema de salud, no está cumpliendo con su propósito de asegurar una atención de calidad para todos los ciudadanos. En lugar de eso, refleja una desconexión entre las necesidades reales del sistema de salud y las medidas adoptadas por el gobierno.
Además, la medida resulta incoherente con el reciente aumento del salario mínimo. Mientras el salario mínimo se incrementa con la intención de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, el aumento de la UPC no garantiza una mejora proporcional en los servicios de salud. Esto crea una disparidad que afecta directamente a los sectores más vulnerables de la población, quienes dependen en gran medida de un sistema de salud robusto y accesible.
El impacto de esta decisión es profundo. Los pacientes podrían enfrentar limitaciones en el acceso a medicamentos, tratamientos y tecnologías médicas necesarias para su bienestar. Las instituciones de salud, a su vez, podrían verse obligadas a recortar servicios o a aumentar las tarifas para compensar el déficit, lo que resultaría en una mayor carga financiera para los ciudadanos.
En este contexto, es necesario que el gobierno reconsidere esta decisión y busque alternativas que no comprometan la salud de los colombianos. La sostenibilidad del sistema de salud debe ser una prioridad, pero no a costa de la vida y el bienestar de los pacientes. Es fundamental que las autoridades escuchen las voces de los profesionales de la salud, pacientes y expertos en economía, y que se adopten medidas que verdaderamente fortalezcan el sistema de salud sin poner en riesgo a quienes dependen de él.
En última instancia, la salud es un derecho fundamental y debe ser protegida y garantizada para todos los ciudadanos. Una UPC justa y adecuada es esencial para asegurar que este derecho se cumpla y se mantenga en el tiempo.
