Este lunes 26 de febrero, en el municipio de Pitalito, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hará seguimiento a las medidas cautelares ordenadas hace cuatro años para proteger a los firmantes del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y la entonces guerrilla de las Farc.
Durante la diligencia, liderada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, los magistrados ahondarán en los siguientes aspectos: programa de protección integral a excombatientes, implementación territorial del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como los avances de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, puntualmente para los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima.
Las cifras oficiales corroboran que la situación es delicada. En estos cuatro departamentos se han presentado 97 de los 415 crímenes perpetrados entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024. De ellos, 38 han sido reportados en Caquetá, 15 en Huila, 35 en Putumayo y 9 en Tolima. Es decir, 23% de los ataques contra exFarc-EP han ocurrido en el sur del país, de acuerdo con el registro que lleva la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
La misma JEP ha expresado que persiste una evidente situación de riesgo para los firmantes del Acuerdo Final de Paz durante su proceso de reincorporación.
Es de buen recibo que la JEP haya mirado a Pitalito para la realización de esta audiencia de seguimiento tendiente a garantizar la vida e integridad de quienes realmente dejaron las armas. Es, lamentablemente, el sur del Huila una de las regiones más inseguras para los firmantes de paz.
Está a la luz de todos que la problemática de los asesinatos y atentados de firmantes de paz no ha sido atendida eficientemente por las autoridades. Llegó la hora que cada una de las entidades estatales en todos sus niveles respondan.
