“La transgresión de las normas como travesura se ha venido imponiendo y se convirtió en una patología social. Delitos como secuestro, extorsión y asesinato son tratados con inusitada benevolencia. La destrucción de bienes públicos se convirtió en un incidente insignificante; ataques violentos a autoridades son tratados como ‘gajes del oficio’. Vandalismo, maltrato a las personas (incluso a los magistrados), a las instituciones y a la Constitución, nombramiento de gestores de paz no pacíficos, todo ha adquirido categoría de travesura. Falta que propongan una ley estatutaria que la defina como derecho fundamental” (Moisés Wasserman, Normas y Travesuras, El Tiempo, 13-09-24).
Tomando prestado el título del profesor Wasserman y trayéndolo al actual acontecer, tenemos la convicción de que esta patología soporta ese inentendible apoyo al presidente Petro dado por sus áulicos y seguidores con mentiras y peripecias semánticas para dar fondo a los exabruptos conceptuales y feroces ataques contra la institucionalidad que vocifera el mandatario, más allá de la sospecha sobre su salud mental. Es cada vez más evidente la inconsistencia de sus discursos preñados de odio y rabia, sabiendo que ello es libreteado estratégicamente para desviar la atención pública sobre los asuntos judiciales y corruptela que le van cercando de forma inapelable.
Y ahora, estimula al señor presidente para seguir convocando pueblo a las calles, la directiva reciente de su amiga Fiscal que ‘deroga’ arbitrariamente tipos penales favoreciendo desmanes y violencia callejera, situando en el cepo a la fuerza pública como agresores, de modo que si se lanza un explosivo o se dispara a un policía que intenta controlar el orden, ello queda como una travesura más de personas excitadas al calor de la protesta que actúan en legítima defensa: “ánimos exacerbados y no a una determinación criminal” (¡!). De hecho, la Fiscal materializa la idea petriana de derogar delitos para disminuir la tasa de ocurrencia como tales y, de paso, proteger la protesta social. Pero no. Es para amparar terroristas de la primera línea y satisfacer la cómplice promesa de sacarlos de la cárcel. Es una disposición pública con nombre propio. Ojalá rectifiquen este esperpento pronto para que no se cometan más desafueros solapados en estas orientaciones.
Por demás, tenemos Presidente que anuncia no acatará el fallo del Consejo Nacional Electoral y no obedece al Consejo de Estado que le ordena rectificar sus dichos calumniosos. ¡¡Qué lujo de líder!! ¡¡Cuántas travesuras!!