El alto oficial, confirmó que hubo presiones superiores por resultados operacionales por parte del comandante del Ejército, del comandante de la División, así como del mismo Presidente de la República, que degeneraron en falsos positivos.
RICARDO AREIZA
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El mayor general, William Torres Escalante, a punto de cumplir cinco años detenido en la Escuela de Infantería en el Cantón Norte de Bogotá, admitió sin ambages que hubo presiones superiores para incrementar resultados operacionales, que degeneraron en los falsos positivos.
El alto oficial, retirado del servicio activo el 23 de marzo de 2016, aceptó su responsabilidad por omisión del mando en la muerte de dos campesinos en Aguazul (Casanare) y otras ejecuciones extrajudiciales, pero negó que hubiesen existido encubrimiento o pago de incentivos.
“Hubo exigencia de resultados operacionales por parte del comandante del Ejército, del comandante de la División, así como del mismo Presidente de la República”, afirmó en sus intervenciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
También existieron presiones del propio Gobernador del Casanare y de los alcaldes municipales de la época en los consejos de seguridad, en razón a las condiciones de inseguridad y de orden público que se presentaba en la jurisdicción de la brigada que dirigió.
En la misma línea, el oficial precisó que “para el año 2006 el comandante del Ejército, para ese entonces general Mario Montoya Uribe, presionaba por resultados a través de sus programas radiales y en documentos escritos, donde felicitaba a las unidades que los obtenían y llamaba la atención de aquellas que no”.
“El comandante de la División también exigía resultados operacionales a los comandantes de brigada en los programas que realizaba. Incluso en una reunión de comandantes hizo entrega de un documento en donde le asignó un número de muertos en combate, capturas y desmovilizaciones a cumplir durante el año”, reveló en las versiones ante los magistrados de la JEP, documento en poder de LA NACIÓN.
“Durante las reuniones que dirigía el señor Presidente de la República de la época en los consejos comunales que acostumbraba realizar, exigía al Comandante de la Brigada y de Policía Nacional incrementar los resultados operacionales por el alto grado de delincuencia e inseguridad que existía en la jurisdicción”, insistió, categóricamente.
Sobre el mismo punto, aclaró que “nunca recibí por parte del comandante del Ejército, ni del Comandante de la División, una orden para cometer delito alguno con el propósito de alcanzar y cumplir con los objetivos de resultados operacionales. Tampoco lo ordené a mis subordinados”.
Cadena de mando
El oficial reveló que las operaciones, el seguimiento de la batalla, el control de resultados durante y posterior a cada hecho, se realizaron con base en la cadena de mando definida en el reglamento interno vigente para la época (EJC1-3). El control a las unidades lo hacía a través de programas de radio diarios, en los que recibía el reporte de cada comandante, así como visitas y revistas por parte del Estado Mayor todos los meses.
Las quejas sobre violación de derechos humanos presentadas por la Defensoría del Pueblo y ONG’s de derechos humanos, “infortunadamente no les brindé la importancia y el seguimiento que revestían para dinamizar las investigaciones disciplinarias que permitieran en un corto tiempo determinar responsabilidades”.
Encubrimiento
Torres Escalante, en sus diversas intervenciones, admitió que aceptaba alguna responsabilidad sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las unidades adscritas a la brigada que comandó, pero aclaró que se trata de responsabilidad por omisión.
Frente a un posible encubrimiento de su parte, lo descartó de plano. Desde ningún punto de vista consideró tal conducta ni adoptó una posición, expresando su desconocimiento sobre esta serie de violaciones de derechos humanos estuvieran ocurriendo.
“Los estímulo y felicitación al personal bajo su mando que daba resultados operacionales, así como el destacarlos ante las demás unidades, pudo generar que se presumiera su conocimiento sobre dichas irregularidades”, aseveró.
Incentivos
Torres Escalante también se refirió a la entrega de incentivos por las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
“Dentro de la institución militar nunca fueron otorgados premios, incentivos o reconocimientos por cometer actos ilegales y menos ejecuciones extrajudiciales”, afirmó categóricamente.
“Cuando se otorgaban, -aclaró- se hacía con la convicción de que se originaban en resultados legítimos en combate”.
El oficial confirmó que al término de su gestión como comandante de la Brigada XVI, recibió la condecoración de servicios distinguidos en orden público, por haber cumplido con los requisitos exigidos.
“También fui felicitado en repetidas oportunidades por el comandante de la División y del Ejército por los resultados operacionales de las unidades de la brigada”.
Confirmó que sin haber realizado una investigación detallada de los hechos sucedidos, felicitó el personal que participó en la operación fragmentaria No. 5 “Marte”, donde se reportó la muerte de los campesinos Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres, de 17 años, ejecutados el 16 de marzo de 2007 en Aguazul (Casanare).
Entre ellos mencionó al teniente Marco Fabián García Céspedes, condenado a 22 años de prisión en enero de 2012 en sentencia anticipada, así como al sargento Jorge Eliecer Riátiga Mandón, integrante de la sección de inteligencia de la Brigada que apoyó con la información para la operación.
Combates simulados
Torres Escalante habló igualmente de los testimonios que rindieron ante la JEP otros militares que estuvieron bajo su mando y que lo comprometieron en por lo menos 171 hechos reportados como ejecuciones extrajudiciales con unas 250 víctimas.
“Es cierta la afirmación del mayor Gustavo Soto Bracamonte (Ex comandante del Gaula Casanare) respecto de su constante exigencia en la producción de resultados al interior de las unidades y el cumplimiento de las metas, pero dichas bajas nunca fueron ordenadas con la finalidad de simular bajas en combate”, aseguró el alto oficial, ya retirado.
“No es cierto cuando refiere que tenía conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal adscrito a la Brigada 16”, replicó.
Guerra jurídica
Tampoco –agregó – corresponde a la realidad que el B2 (sección de inteligencia), el B3 (sección de operaciones) y el comandante de la Brigada estuvieran involucrados en encubrimiento de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal de la unidad.
“Lo que ocurrió fue que cometieron errores al creer en el reporte que hacían los comandantes y no prestar atención a las quejas que se recibían en la brigada, creyendo que se trataba de “guerra jurídica”, afirmó.
“El capitán Jaime Alberto Rivera Mahecha, hizo una acusación muy delicada al manifestar que por teléfono le dí la orden de asesinar a dos personas porque estaban extorsionando o amenazando al exalcalde de Aguazul. ¡Esto es totalmente falso!, objetó.
“Lo operacional lo trataba directamente con el comandante del Gaula quien era subordinado, no con su personal subalterno”, precisó.
¿Mentiras o verdades?
Torres Escalante, refutó al teniente Marco Fabián García Céspedes, testigo clave en la investigación, quien terminó señalándolo.
“No corresponde a la verdad el dicho del teniente Marco Fabián García Céspedes, según el cual, las ejecuciones extrajudiciales eran una constante en la brigada”.
Según la versión rendida por el oficial, antes de ser orgánico de la Brigada XVI ya había ejecutado a varias personas.
En igual sentido, negó la manifestación efectuada por el teniente Edwin Leonardo Toro Ramírez, según la cual, se comunicó con él para reportarle varias muertes presentadas como bajas en combate con la finalidad de engañar a las autoridades y a sus superiores.
También negó la versión del soldado profesional Julio Cesar Arteaga referente a la muerte de Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres.
“Hay una serie de afirmaciones que no obedecen a la realidad, como aquella según la cual durante la noche del 15 de marzo de 2007 escuchó al teniente García Céspedes diciéndole a otra persona que la orden era asesinar al señor Daniel Torres, a su hijo Julio Roque, a la señora Ángela y la hija menor de edad, novia según él, de un guerrillero con el alias ‘Poco Pelo’, pues ello no corresponde a lo establecido en la orden de operaciones”, declaró el mayor general, ante los magistrados de la JEP.
“La misión consistía en verificar o desvirtuar la información en cuanto a la presencia de miembros del Eln en la vereda El Triunfo. Nunca ordenó el asesinato del señor Torres y su hijo Roque, mucho menos los de su señora e hija”, apuntó.
En el mismo sentido desmintió otra versión que rindió el ex soldado profesional Darío González, quien afirmó que “el comandante de la Brigada ordenaba el envío de kits consistentes en armas y equipos de comunicación para colocarle a las víctimas una vez dadas de baja con la intención de hacerlas pasar como guerrilleros”.
-¡Miente!, dijo. “Ese tipo de órdenes nunca las impartí, ni personalmente, ni por radio”.
En ningún momento he querido evadir la responsabilidad frente a los hechos.
Reconoció que durante el su ejercicio como comandante de la Brigada 16 existieron fallas omisivas graves, que desafortunadamente incidieron en la comisión de delitos e infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de sus subordinados y subalternos.
Reparación
Torres Escalante propuso acciones de reparación simbólica para fomentar el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Además, para lograr el mayor efecto reparador y restaurador, anunció un acto temprano de reconocimiento de responsabilidad de carácter territorial, formal, público y solemne el cual incluirá pedir perdón al universo de víctimas afectadas por las irregularidades cometidas por la Brigada 16.
Igualmente ofreció su experiencia como ingeniero de obras civiles y militares, y especialista en gerencia integral de proyectos, para realizar conjuntamente con las autoridades y comunidades obras de contenido reparador y restaurador.
Finalmente ofreció actividades académica a miembros de las fuerzas armadas como garantías de no repetición.
La voz de las víctimas
El abogado Fernando, en representación de las víctimas, consideró que el aporte no se ajusta a las aspiraciones de verdad, reparación y garantías de no repetición, consagradas en la ley.
En su criterio, el aporte se traduce en un “memorial de agravios, una lista de justificaciones e intenciones sustentadas en opiniones, quejas o inconformidades ante supuestas violaciones de derechos fundamentales o falta de garantías.
“Para las víctimas,-dijo- el señor compareciente se ocupa más en evadir sus responsabilidades o lo que es igual, a presentar descargos como si se tratara de cualquier diligencia disciplinaria o penal”.
Hasta la fecha se han documentado 171 hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos cuyas víctimas no tenían vínculos con organizaciones armadas ilegales cometidas por unidades integrantes de la Brigada 16 entre 2006 y 2007.
“Por ende, no resultaría acorde sintetizar la propuesta del pacto de verdad exclusivamente en el homicidio de los señores Torres (padre e hijo)”, subrayó Rodríguez Kekhan.
Consideró que las propuestas de modificación aunque se ajusten de manera formal al plan de acciones restauradoras, rompen con la columna vertebral del acuerdo o pacto de verdad.
“Esto es, el ofrecimiento de verdad plena, debido a que tal condicionamiento no se acopla a lo manifestado por el compareciente quien, en su criterio, tergiversa, trasforma o sencillamente oculta la verdad plena sobre su forma y nivel de participación en el doble homicidio, así como en los múltiples hechos que lo convocan ante la JEP”.
Argumentó que varias versiones de otros ex militares comparecientes “permiten suponer con probabilidad de certeza, que el ciudadano Torres Escalante no solo supo, sino que también, alentó y auspició la consecución de resultados operacionales sin importar la legalidad de tales intervenciones”.
“Basta con escuchar la versión voluntaria del soldado José Nicolás Siabato Bohórquez, quien sin dubitación alguna, indicó que el entonces coronel les advertía que ‘eran el único ejército del mundo con salvo conducto para matar’…”.
Concluyó que las explicaciones ofrecidas por el general en retiro en nada resultan creíbles.
Valioso aporte
La Procuraduría Delegada de Coordinación Judicial para la intervención ante la JEP también puso en duda la versión del oficial y se opuso a otorgarle la libertad anticipada.
No obstante, la Procuradora Delegada ante la JEP señaló que preliminarmente el documento presentado por el general Torres “es un insumo detallado, bien estructurado y proactivo, que evidencia preparación, coherencia e intención de contribuir con información, lo que debe ser valorado positivamente en esta fase procesal ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.
Asimismo resaltó el nivel técnico con contenidos desde el DIH y el derecho operacional con el que el ex militar compareciente expuso lo que se espera de un aporte de verdad sobre hechos cometidos en el marco del conflicto armado.
Finalmente, la Procuradora consideró que las explicaciones ofrecidas por el general Torres serán de “gran utilidad” para esta fase preliminar de esclarecimiento del fenómeno macrocriminal ocurrido en la jurisdicción de la Brigada 16.
Y resaltó especialmente el análisis que entregó sobre la denominada “guerra jurídica”, así como las constancias probatorias, copia de directivas y demás piezas con las que acompaña sus aseveraciones.
“Estos son elementos que no pueden quedar aislados de la construcción dialógica de la verdad”, concluyó.
