Graves inconsistencias halló la Registraduría Nacional al verificar los apoyos para revocar el mandato del alcalde laboyano Edgar Muñoz Torres. Cerca de 9.144 firmas resultaron espurias y fueron anuladas por graves anomalías.
RICARDO AREIZA
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La revocatoria del mandato del alcalde de Pitalito Edgar Muñoz Torres quedó herida de muerte. En el primer informe de verificación de los apoyos, la Registraduría Nacional del Estado Civil encontró graves inconsistencias que pusieron en duda la transparencia del proceso.
La Registraduría analizó 14.805 firmas presentadas por el comité promotor de la revocatoria, según lo confirmó Martha Lucía Isaza Rodríguez, coordinadora del Grupo de Verificación de Firmas.
Del total de apoyos, 9.144 firmas presentadas resultaron espurias y fueron anuladas por anomalías. Es decir, el 61.76% de las firmas recolectadas no cumplían los parámetros legales, correspondían a suplantaciones; simplemente no existían, no aparecieron en el censo electoral, votaron en otros municipios, o cuyos titulares no correspondían con los números de las cédulas ni siquiera con los registros civiles de nacimiento. En otros casos los manuscritos fueron realizados por personas distintas a las que firmaron.
“Aunque respeto todos los mecanismos de participación ciudadana considero que debe aclararse las irregularidades detectadas durante la revisión de las firmas”, afirmó Muñoz Torres.
Graves hallazgos
Según el informe técnico hubo solamente 5.661 registros válidos (el 38,23%), inferior al mínimo requerido (6.952 apoyos), es decir, que faltaron 1.291 apoyos para cumplir el primer umbral para la procedencia de este mecanismo de participación ciudadana.
Sin embargo, hay un dato no precisado. Según la Registraduría, se analizaron 14.805 firmas. Los promotores indicaron que solo presentaron 12.964 firmas. ¿Y el resto?
“Cada una de las firmas fueron sometidas a una revisión minuciosa, para ello se realizó un inventario de cada uno de los folios para establecer la cantidad de registros diligenciados por renglón”, explicó un vocero de la entidad encargada del análisis.
Según los protocolos fueron divididos por bloques, luego se anularon las casillas que no contenían información o está incompleta, se escanearon y ordenada para permitir su cotejo, verificación e inspección con los documentos originales.
Los registros fueron verificados uno por uno por los funcionarios de la Registraduría, entre ellos expertos en grafología.
Las cédulas aportadas fueron consultadas una por una en el sistema y las que no figuraban en el censo electoral de Pitalito o que los nombres y apellidos no corresponden a los que figuran en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación fueron anuladas. Igual ocurrió con los registros uniprocedentes (manuscritos analizados que proceden de un mismo autor).
El grupo de grafólogos contratados por la Registraduría revisó todos los registros uno a uno que cumplían con los protocolos técnicos y legales y anularon por uniprocedencia 1.796 registros.
La revisión grafológica no incluyó aspectos como datos incompletos, datos ilegibles, datos no identificados y nombres que no corresponden con los números de las cédulas.
Anomalías
En esa revisión se encontraron otras irregularidades: 149 registraron datos ilegibles, 150 aparecen con el encabezado incompleto, 174 registran fechas que no corresponden y 411 firmas no aparecen en el censo antes de 1988, otras 39 no aparecen en el nuevo censo nacional, lo que significa que posiblemente no existen.
Otras 360 rúbricas aparecen con datos incompletos y 186 firmas aparecen duplicadas.
Según el informe técnico 354 firmas no aparecen en la base de datos el Archivo Nacional de Identificación que se cruza con el Sistema de Información de Registro Civil y la Gestión Electrónica de Identificación y Registro Civil.
Según los cotejos y verificaciones técnicas realizadas 1.454 firmas aparecen con renglones en blanco y 2.005 no aparecen en el censo nacional.
Adicionalmente, 1.077 firmas fueron suplantadas, 993 corresponden a registros realizados por distintas manos, en otros casos los nombres no corresponden con los números de las cédulas ni con los registros civiles
En el mismo orden 1.796 corresponde a registros uniprocedentes lo que originó su anulación.
Trasteo
Y lo más grave: en el informe técnico de verificación de firmas obtenido por LA NACIÓN aparece que una gran mayoría de las firmas objetadas corresponden a personas foráneas que no votaron en Pitalito ni están registrados en su censo electoral.
La mayoría de las firmas espurias corresponden a personas de Timaná y Oporapa. Coincidencialmente en Timaná, en el 2017, durante la anterior administración se ambientaron dos revocatorias de mandato contra su alcalde Juan Bautista Rojas.
Los ciudadanos que no votaron durante las elecciones del 27 de octubre de 2019 por las autoridades locales no podrán votar por la revocatoria, máxime si son residentes foráneos o votaron en otros municipios como quedó evidenciado en esta verificación de las firmas, lo que tampoco resulta trasparente.
Según el alcalde Edgar Muñoz Torres anunció que también recurrirá el informe técnico de verificación porque en su opinión, otro gran porcentaje de las firmas fueron recolectadas fuera de tiempo.
Las otras cuentas
Según los abogados del alcalde Edgar Muñoz, la revocatoria estaría en serios problemas y de avanzar, los tiempos no dan para poder realizar las elecciones de revocatoria el año entrante, lo que supondría su eventual naufragio.
De acuerdo con los promotores el plazo de seis meses para recolectar las firmas vence el 7 de enero de 2022, considerando que el proceso de recolección comenzó el 8 de julio de 2021 con la entrega oficial del formulario por parte del registrador Oscar Félix Reyes.
“Si el número mínimo de firmas requerido no se ha cumplido y aún no ha vencido el plazo para su recolección podrá continuarse con el proceso por el periodo que falte”, explicó el delegado del Registrador, Humberto Carrillo.
Nueva recolecta
Los promotores argumentan que en su caso, el plazo no concluido, contado a partir del 8 de julio cuando se autorizó la recolección de las firmas, con protocolos de bioseguridad, avalada por el Ministerio de Salud.
Considerando el margen de error, que fue del 67%, el comité promotor tendrá que recolectar por lo menos otras cuatro mil firmas hasta el 8 de enero cuando vencen los seis meses.
Los promotores aspiran a recolectar por lo menos las cuatro mil firmas antes de esa fecha, según lo anticipó la vocera María Eugenia Herrera.
Una vez se entregue el segundo paquete, la Registraduría tendrá otros 45 días para revisar las firmas, que se cumplirán a mediados de marzo, coincidiendo con el calendario electoral, lo cual, interferirá el proceso por las condiciones excepcionales de las elecciones nacionales del próximo año para elegir senadores y representantes a la Cámara y Presidente y Vicepresidente, en primera y segunda vuelta.
Calendario electoral
El proceso de revocatoria deberá enfrentarse con el calendario electoral. Las elecciones de Congreso del próximo año están programadas para el 13 de marzo de 2022, la principal prioridad de la Registraduría Nacional y las autoridades electorales. Las revocatorias pasarán a segundo plano como la renovación, expedición de cédulas y registros civiles.
La primera vuelta presidencial está programada para el 29 de mayo de 2022 y la segunda vuelta el 19 de junio de 2022. Esto significa que el proceso de revocatoria se reanudará después de los escrutinios generales, ya que estas elecciones no podrán coincidir con los demás comicios.
Con estos estimativos, el proceso de revocatoria podría reanudarse en agosto del año entrante, lo que colocaría el proceso en la cuerda floja.
Los plazos
Al vencer el plazo para la recolección de apoyos, enero 8 de 2022, el comité promotor presentará los formularios debidamente diligenciados, al Registrador del Estado Civil de Pitalito.
Quince días después de la entrega de los formularios o del vencimiento del plazo para la recolección de firmas, el comité promotor deberá entregar los estados contables de la campaña de recolección de apoyos. En los estados contables figurarán los aportes, en dinero o en especie, que cada persona natural o jurídica haya realizado durante la campaña.
Una vez reanudado el proceso de revocatoria, la Registraduría entrará a revisar los apoyos adicionales que debe entregar a más tardar el 8 de enero del próximo año. La revisión durará 45 días hábiles, sin considerar las acciones judiciales que se interpondrán por las partes.
Expedido el informe definitivo de la verificación de firmas de apoyo examinará si la iniciativa alcanzó el número mínimo de firmas establecido en la ley. Si se cumple los registradores enviarán al gobernador, el acto administrativo motivado mediante el cual se certifican los apoyos válidos y nulos y el cumplimiento o no de los requisitos constitucionales exigidos para el apoyo de la propuesta, para que se fije la fecha de votación correspondiente. En caso contrario, archivará el proceso.
Fijada la fecha, la Dirección de Gestión Electoral, procederá a expedir el respectivo calendario con la programación de las actividades para llevar a cabo la votación correspondiente.
Dentro de los ocho días siguientes a la notificación de la Resolución que certifica el cumplimiento de los requisitos para la revocatoria del mandato, el gobernador fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación.
Según el estatuto de participación democrática (Ley 1757 de 2015) la revocatoria del mandato es procedente siempre que hayan transcurrido doce meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde y no faltare menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional.
Por esta razón, el equipo jurídico del alcalde laboyano, considera que los plazos no alcanzarán. Con estos cálculos, estiman desde ya que la revocatoria, por falta de tiempo, está hundida.
Un caso similar
Una situación similar se registró con la primera revocatoria en Campoalegre. Por serias inconsistencias que pusieron en duda la validez de la iniciativa ciudadana, la Registraduría revocó la convocatoria inicial, negó la solicitud de revocatoria y ordenó su archivo. La revocatoria de la alcaldesa de Campoalegre Neyla Triviño, avalada inicialmente por las autoridades electorales, naufragó en la impugnación.
Según el Registrador la mayoría de las firmas fueron anuladas por ser ilegibles, estar repetidas, incompletas o por corresponder a municipios distintos a Campoalegre. En otros casos, algunos de los apoyos no correspondían a los números de las cédulas, estaban inhabilitados, no figuraban en el censo o los titulares aparecían muertos.
