Las bandas, gran desafío

Al terminar la semana pasada, el país aún seguía estupefacto por el paro armado ordenado por el grupo de ‘los Urabeños’ en varias regiones del país. Sin disparar un arma, los delincuentes lograron desafiar al Estado. Al terminar la semana pasada, el país aún seguía estupefacto por el paro armado ordenado por el grupo de ‘los Urabeños’ en varias regiones del país. Sin disparar un arma, los delincuentes lograron desafiar al Estado. Informe Especial Semana Cerca del inicio del puente festivo de Reyes, cuando la mayoría de los colombianos seguía descansando y muy pocos estaban pensando en noticias, un paro armado rompió con la tranquilidad de la época y les recordó a los ciudadanos que la dura realidad del orden público en Colombia no está de vacaciones. El miércoles por la noche, emisarios de los Urabeños, uno de los grupos sucesores de los paramilitares, empezaron a distribuir panfletos en los que ordenaban a los comerciantes y transportadores de varios departamentos detener sus labores hasta la media noche del jueves. Pero solamente al amanecer de ese día, y cuando los habitantes de los departamentos de Córdoba, Magdalena y Antioquia empezaron a comunicarse con las emisoras y a hacer llamados por las redes sociales, fue que el país empezó a entender la dimensión del problema. Según los panfletos, el paro fue ordenado como retaliación por la muerte, en un operativo de la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, de Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’, el jefe militar, de finanzas y del tráfico de drogas del grupo pos-paramilitar los Urabeños. Un hombre poderoso y temerario que logró tener el poder de la banda gracias a la captura de alias ‘Don Mario’ en 2009 y fortaleció su presencia en el Urabá antioqueño, un área estratégica para el tráfico de cocaína. Tan crucial es la región que esa organización criminal es la responsable del envío al exterior de la quinta parte de la cocaína que produce el país, según las autoridades. El director antinarcóticos de la Policía Nacional, general Luis Alberto Pérez, quien dirigió el operativo contra Úsuga, intuyó esa mañana del día jueves cuando empezó el paro que los integrantes de la banda se iban a hacer sentir de varias maneras, entre otras, con un incremento de la extorsión y con una puja por el poder que dejó el jefe desaparecido. “Vienen problemas enormes al interior de la estructura”, dijo en diálogo con SEMANA el alto oficial, porque, según él, ‘Giovanni’ tenía el mando de la organización y eso no le da garantías de sucesión a su hermano Dayro Antonio, alias ‘Otoniel’, uno de los más firmes opcionados para quedarse con el control de los Urabeños. Otros que aspiran a ser el máximo cabecilla de la banda son alias ‘Mi sangre’ y alias ‘Gavilán’. Sin embargo, lejos estaba de imaginarse el general Pérez, que la retaliación iba a paralizar 16 municipios cordobeses, que los 600 vehículos de transporte público que salen de Montería hacia esos lugares no se moverían, que las grandes pasteurizadoras en ese departamento dejarían de recolectar más de 50.000 litros de leche durante las 24 horas que duró el paro, que gran parte del comercio de Santa Marta se iba a paralizar y que todo el transporte de Antioquia hacia Urabá iba a quedar suspendido. La respuesta del gobierno se tradujo en declaraciones de mandos de la Policía Nacional, del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del propio presidente, Juan Manuel Santos, quien en su cuenta de Twitter aseguró que “los intentos de las bandas por frenar la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra estos grupos”. Al mismo tiempo, el presidente ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para identificar a quienes promovieron el paro, ordenó el traslado de 500 policías a los departamentos afectados que llegaron la misma mañana del jueves y realizó un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta el día viernes. El miedo, arma efectiva Hay claros ejemplos de que la Fuerza Pública ha cumplido con la tarea de capturar y dar de baja a los cabecillas de las estructuras de las llamadas ‘bandas criminales’, dispersas por todo el país. Además del golpe contra el jefe de los Urabeños, hay otros importantes contra esos grupos como la muerte de alias ‘Cuchillo’, la captura de alias ‘Valenciano’ y ‘Don Mario’, y de decenas de mandos bajos y medios de esos grupos, sin contar los fuertes operativos que han limitado los corredores del narcotráfico. Esas operaciones de la Fuerza Pública desestabilizan el orden dentro de cada estructura criminal hasta que estas logran un rápido reacomodo para ejercer el control territorial en sus zonas de influencia y manejar el negocio del narcotráfico. Pero, entonces, ¿el país retrocede o avanza con la estrategia de capturas y bajas? El paro armado ordenado por los Urabeños es un claro desafío contra el Estado que no se resuelve con las 30 capturas ocurridas entre jueves y viernes en medio de la zozobra de los colombianos, ni con recompensas millonarias. El expresidente Uribe, que ha sido un crítico permanente del manejo de la política de seguridad del actual gobierno, en uno de sus trinos llegó al extremo de decir que “se necesitan operaciones contundentes contra bandas criminales, por ejemplo bombardeos, sin la excusa de que no son parte del conflicto”. Cuando el miedo entre una población es tan fuerte y el poder de intimidación tan profundo, las medidas que se esperarían del Estado tendrían que ser las de un modelo de seguridad integral. En Córdoba, por ejemplo, el propio alcalde de Montelíbano, Gabriel Alberto Calle Demoya, reconoció que el paro solo terminaría cuando las ‘Bacrim’ lo autorizaran. Esa posición del funcionario refleja la de muchos habitantes y demuestra que una captura, una redada o la muerte de un cabecilla, no atenúan el temor de la población frente a la amenaza que ejercen estas bandas. El impacto sicológico que generó la amenaza de paro armado deja dos cosas claras: la primera, que los tentáculos de estos grupos sucesores de los paramilitares se han extendido a varios departamentos y que tienen capacidad de intimidación. Y segundo, que más allá de su real poderío militar, logran infundir el terror en la población a través de sus panfletos. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que tiene la experiencia como alcalde de Medellín y tuvo que enfrentar los desafíos de la presencia de desmovilizados en la capital, piensa que hay que replantear la estrategia de las autoridades para alcanzar el objetivo del desmantelamiento total de las organizaciones delictivas. Fajardo le dijo a SEMANA que cree que sí es un avance atacar las cabezas de las bandas criminales y que prueba de ello es que la duración de un capo al frente de una organización hoy es menor porque caen muy rápido en manos de las autoridades. Reflexión y análisis Sin embargo, viendo que los Urabeños lograron impactar una región del país sin disparar un arma, la reflexión sobre el miedo cobra especial importancia según el exalcalde. “El poder del miedo lleva 30 años construyéndose, a la par con la lucha contra el narcotráfico”, y para contrarrestar eso hay que abordar varios escenarios. Por un lado, las autoridades deben aumentar la capacidad de encontrar, capturar y poner en la cárcel a todas las personas que conviven en las comunidades con las bandas criminales, y eso requiere de una inteligencia distinta, más primaria que la que se necesita para capturar un cabecilla. Y por otro, combatir a través de una cultura de la legalidad la corrupción, porque “los bandidos siempre le van a encontrar precio al que lo tiene”. El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, reconoce la dimensión del problema: dice que las Bacrim han aumentado la presencia en su territorio y se suma a Fajardo en su opinión sobre el miedo afirmando que esas bandas sostienen una altísima capacidad para producirlo en la población. Teniendo en cuenta que la capital de Magdalena sufre graves niveles de extorsión del sector productivo y tiene problemas por la presencia del microtráfico y el contrabando de gasolina, Caicedo piensa que el combate contra la delincuencia organizada debe incluir el fortalecimiento de la Policía en la ciudad, el aumento de la inversión social en las áreas más deprimidas y, sobre todo, estrategias para “erradicar de la sicología de los ciudadanos el temor porque los bandidos cabalgan sobre el mapa del miedo que dejaron los paramilitares”. La noche del viernes 6, las autoridades reportaron un parte de normalidad en la mayoría de las regiones donde los Urabeños ordenaron el paro. Sin embargo, y a pesar de la presencia de la Policía y del Ejército, en varias poblaciones más alejadas, especialmente en Córdoba, seguían a la espera de las instrucciones de los bandidos para reanudar sus actividades comerciales y de transporte. En este episodio queda en claro no solo la amenaza de las bandas criminales sino su capacidad para amplificar su poder a través del amedrentamiento de la población. Sin duda, un gran desafío para el Estado en el 2012. En este episodio queda en claro no solo la amenaza de las bandas criminales sino su capacidad para amplificar su poder a través del amedrentamiento de la población. Sin duda, un gran desafío para el Estado en el 2012. “El poder del miedo lleva 30 años construyéndose, a la par con la lucha contra el narcotráfico”, y para contrarrestar eso hay que abordar varios escenarios. Las autoridades deben aumentar la capacidad de encontrar, capturar y poner en la cárcel a todas las personas que conviven en las comunidades con las bandas criminales” El paro armado ordenado por los Urabeños es un claro desafío contra el Estado que no se resuelve con las 30 capturas ocurridas   en medio de la zozobra de los colombianos, ni con recompensas millonarias