El ex alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, logró zafarse de la responsabilidad fiscal de la Contraloría por la fallida remodelación del estadio de Neiva. Ahora, libra otra ofensiva jurídica para tumbar una sanción de la Procuraduría y enfrentar los cargos que le imputó la Fiscalía.
Ricardo Areiza
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El exalcalde de Neiva Pedro Hernán Suárez Trujillo, ‘enredado’ la fallida remodelación del estadio de Neiva libra otra batalla para librarse de una sanción que le impuso la Procuraduría General de la Nación.
El ex mandatario fue sancionado e inhabilitado el 22 agosto de 2019 por irregularidades administrativas en el trámite de vigencias futuras, para la remodelación del escenario deportivo, paralizado desde el 19 de agosto de 2016, al colapsar parte de las graderías de la tribuna occidental.
La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública en fallo de primera instancia lo declaró disciplinariamente responsable y lo sancionó con suspensión del cargo por cinco meses. También le impuso una inhabilidad por el mismo lapso.
Sin embargo, la sanción fue convertida en una multa por haber culminado su mandato, equivalente a cinco salarios devengados para la época (51,93 millones de pesos).
Un año después la Sala Disciplinaria en un fallo de segunda instancia proferido el 18 de agosto de 2020 confirmó parcialmente la sanción.
El organismo modificó el término de la suspensión para ejercer funciones públicas a dos meses. La sanción convertida en salarios devengados para la época se fijó finalmente en 21,74 millones de pesos.
Por los mismos hechos también fue sancionado su exjefe de contratación, Carlos Fernando Puentes.
El gobernador Luis Enrique Dussán, en ejercicio de sus funciones, hizo efectiva la sanción a través de la Resolución 0305 de 2020 proferida el 4 de noviembre de ese mismo año.
Según el organismo de control, Suarez Trujillo en su calidad de alcalde no ejerció debidamente la dirección, instrucción y orientación para asegurar que el Municipio de Neiva contara con autorización previa, para asumir obligaciones con cargo al presupuesto de la vigencia de 2015 para contratar las obras y la interventoría para la adecuación y remodelación del estadio.
El Procurador estimó que hubo una clara omisión al asumir compromisos con recursos presupuestales ordinarios de la vigencia 2014 y de regalías del bienio 2013-2014, para recibir bienes y servicios en la vigencia 2015, “sin contar con las autorizaciones pertinentes” del Confis, del Concejo de Neiva y del Órgano Colegiado de Administración Región Centro Sur para afectar vigencias futuras, comportamiento elevado a la categoría de falta gravísima”.
“El desconocimiento de las normas que regulan la administración de los recursos públicos, sin justificación acreditada en el caso examinado, afectó la garantía del buen funcionamiento de la administración y el cumplimiento de lo fines del Estado”, precisó el Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública.
Nulidad
El ex mandatario decidió demandar la nulidad de los dos actos administrativos expedidos en primera y segunda instancia. Igualmente la resolución 0305 del 2020 expedida por el gobernador Luis Enrique Dussán haciendo efectiva la multa.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho se tramita ante el Tribunal Administrativo del Huila. El estudio le correspondió al magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida.
Primera victoria
Suárez Trujillo, en esta batalla jurídica logró su primera victoria. La Contraloría General de la República lo exoneró de cualquier responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial ocasionado por la ejecución de la obra.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción falló sin responsabilidad fiscal a favor del ex mandatario, al considerar que no se demostró que hubiera sido “puesto en conocimiento de las irregularidades constitutivas del daño ni de las inconsistencias acaecidas en la etapa de planeación del proyecto”.
La decisión como lo reveló en primicia LA NACIÓN está contenida en el Auto 965 expedido el 6 de junio de 2021.
En cambio, falló con responsabilidad contra el antiguo jefe de Contratación, Carlos Alberto Puentes Ramírez y el ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací.
También a Gerardo Alberto González Charry, supervisor del contrato de interventoría, a los contratistas dueños del consorcio Estadio 2014 y al equipo interventor.
El daño patrimonial causado fue estimado finalmente en 17.518,23 millones de pesos, indexados al 31 de mayo de 2021 correspondientes al contrato de obra pública, interventoría y contrato de consultoría para los diseños.
Juicio fiscal
Suárez Trujillo fue vinculado al proceso mediante el auto No. 1409 del 23 de agosto de 2017, teniendo en consideración que durante su administración se adelantó todo el trámite del proyecto inicialmente concebido como “adecuación, remodelación y reforzamiento estructural del estadio. Sin embargo en el objeto del contrato de obra pública No. 1758 de 2014 se eliminó el reforzamiento estructural, eje central de la remodelación, como lo develó la Gerencia Colegiada del Huila.
Para la fecha en que se adelantó el proceso de licitación la administración municipal no contaba con todos los diseños necesarios para ejecutar el proyecto. Tampoco tenía la licencia de construcción ni las fuentes de financiación.
A pesar de las irregularidades advertidas durante el contrato fue adjudicado el 18 de diciembre de 2014.
Un mes después, el 30 de enero de 2015, se suscribió un otrosí, creando nuevos ítems, lo que significó el aumento de obras y por lo tanto, una cuantiosa adición presupuestal. Bajo esa modificación, se descartó la intervención de la tribuna oriental con un presupuesto de 2.165 millones de pesos. El 4 de junio de 2015, hace seis años, se descartó, unilateralmente el reforzamiento estructural.
En noviembre del 2015 el alcalde Suárez Trujillo, presentó la solicitud de ajuste al proyecto para modificar las fuentes de financiación y adicionar el valor del proyecto en $7.684.386.231 para la interventoría y el contrato de obra para justificar mayores cantidades de obra solamente para la terminación de la fallida remodelación de la tribuna occidental. Coldeportes emitió concepto favorable.
El 24 de diciembre de 2015, quince días antes de terminar la administración de Pedro Suárez, la Secretaría Técnica del Ocad, aprobó el ajuste presupuestal.
Ese día se firmó el acta y se suscribió el Acuerdo No. 42 de 2015 aprobando los ajustes relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del sistema general de regalías petroleras.
Juicio pendiente
Aunque por ahora fue exonerado de la responsabilidad fiscal, el ex mandatario responde también en otro proceso penal por las irregularidades en el proceso de contratación.
Según la Fiscalía los servidores públicos vinculados al proceso penal tenían pleno conocimiento de la insuficiencia de recursos para terminar la obra y sin embargo, cambiaron el objeto central que incluía la readecuación y reforzamiento estructural para todo el estadio y lo convirtieron en un proyecto por etapas. Esa era la estrategia.
En estas condiciones, permitieron “la realización de una obra con graves fallas en la construcción debido a la improvisación y se soportó con un estudio de vulnerabilidad sísmica obsoleto lo que implicó un detrimento económico en cuantía de 24.470 millones de pesos”.
Según el concepto original, la remodelación del escenario deportivo costaba inicialmente 45.658 millones. La primera etapa contemplaba la adecuación y construcción de las tribunas oriental y occidental, adecuación de la cancha, camerinos, baterías sanitarias, sala de prensa y otros servicios.
El proyecto original fue modificado y se propuso ejecutarlo por fases. La primera, correspondiente a la tribuna occidental, objeto hoy de controversia, tenía un presupuesto de 28.884 millones de pesos que no pudo ejecutarse por la tragedia.
Por las presuntas conductas cometidas antes y después de iniciadas las obras, la Fiscalía 17 Seccional los acusó de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado en beneficio de terceros, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Después de cinco años de la tragedia la audiencia preparatoria sigue estancada. Suárez Trujillo, quien concurre a todas las diligencias, aspira a demostrar en el juicio oral la atipicidad de las conductas imputadas.
La audiencia preparatoria continuará en la primera semana de noviembre próximo. La otra batalla pendiente, quizá la más dura, la viene librando ante la Dirección Nacional de Extinción de Dominio. Suárez Trujillo aspira la devolución de los bienes incautados por la Fiscalía en noviembre de 2020.
