LUISA FERNANDA DÁVILA TAMAYO/LN
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¿Cómo está el panorama de la minería en el Huila?
Hicimos una caracterización que ya la estamos terminando en los 37 municipios del departamento donde encontramos cerca de 500 unidades de producción minera, más o menos unas 1700 personas dedicadas a la actividad de la minería y si tenemos en cuenta que tan solo hay autorizados 217 títulos, pues estamos hablando de que un poco más del 60% de las unidades de producción minera que encontramos en el departamento no tienen títulos mineros, están en condiciones de ilegalidad, muchos de ellas son minerías tradicionales, gente que viene desarrollando la actividad hace mucho tiempo, pero que carece de legalidad y por eso hemos avanzado mucho en el reconocimiento de esta actividad.
Durante el presente año suscribimos y declaramos tres áreas de reserva especial de pequeña minería de comunidades mineras, una en el municipio de Pitalito, de arcilla, algo realmente emblemático en cuanto a la producción de ladrillo; también en Yaguará en materiales de construcción y en Palermo en dolomita y caliza esto involucra a cerca de 500 mineros que inician su programa de formalización a través del ejercicio de la regularización.
Y tenemos seis áreas de reserva especial de pequeña minería en trámite que esperamos en el primer trimestre del próximo año poder resolver en los municipios de Garzón, Gigante, Pitalito, Santa María, Campoalegre y Rivera.
Minería de subsistencia
Definitivamente la minería de subsistencia es una actividad que está muy relacionada con los temas de pobreza y para ello en un convenio que desarrollamos en el departamento, apoyamos a los municipios en la estructuración de 16 proyectos productivos, buscando mejorar las condiciones de vida de los mineros y esperamos que las alcaldías una vez formulados estos proyecto, gestionen los recursos necesarios para adelantar la transformación productiva.
Íquira y Oporapa ya adelantan sus procesos de Consulta Popular y Neiva haría lo propio con miras a la protección de la Cuenca del Río Las Ceibas, ¿Cómo analiza las consultas populares ‘antimineras’ que se vienen adelantando en el departamento?
Aquí hay un ejercicio que es la minería ilegal y la minería informal, y otro la minería legal, la que previo al desarrollo de sus actividades obtiene un título minero, obtiene un licenciamiento ambiental, realiza actividades exploratorias, se relaciona con las comunidades, se relaciona con el territorio y luego si piensa en hacer una mina. Estas actividades están supremamente reguladas y en el país está perfectamente establecido en el catastro minero que en las áreas que están restringidas, o prohibidas para el desarrollo de la actividad minera, pues por supuesto que no existe la posibilidad de que otorguemos títulos mineros.
Con respecto a los mecanismos que se están utilizando en la mayoría de casos, en un ambiente de demagogia electoral, de demagogia ambientalista, lo que estamos viendo en algunos territorios es que en el afán de construir imaginarios colectivos que lleven a apoyar causas electorales, están muchas veces pretendiendo llamar a utilizar los mecanismos de participación ciudadana en regiones donde no hay el más mínimo interés estratégico para desarrollar actividades mineras.
Lo que nosotros hemos venido diciendo como autoridad minera nacional es que no es la vía ni de los acuerdos municipales, ni mucho menos la de las consultas populares como se protege el medio ambiente. Las comunidades tienen que ser escuchadas y nosotros somos conscientes de que en el país se debe establecer un nuevo modelo de relacionamiento con el territorio para poder seguir avanzando en la extracción de recursos naturales no renovables, pero cuando las comunidades se pronuncian a través de una consulta popular de carácter municipal, el mandato que le otorgan al alcalde está lejano a sus competencias, es decir, que el alcalde al final del día no tiene la facultad legal para prohibir el desarrollo de una actividad formal que se lo mande una consulta popular, porque esas funciones no le están dadas al nivel municipal y mucho menos un acuerdo municipal que ese si carece de toda legalidad.
De hecho, por lo menos seis de los acuerdos municipales que se han expedido en el departamento del Huila, ya hemos procedido a demandarlos como corresponde, por extralimitación de funciones de los concejales; el de Neiva, apenas debe estar en proceso de sanción, pero una vez esté, nuestra obligación es sancionarlo.
¿Cómo se ha invertido en el Huila el incentivo a la producción petrolera?
Nosotros con recursos producto de la explotación del petróleo, hemos otorgado durante los últimos años incentivos que provienen del Ministerio de Minas para apoyar el desarrollo del proyectos , fundamentalmente en las zonas aledañas a los proyectos petroleros, durante 2015 y 2016 otorgamos $12.500 millones para los 7 municipios productores , que son Aipe, Yaguará, Tesalia, Paicol, Neiva, Baraya y Palermo y hace poco hicimos la asignación de los recursos 2017 y 2018 por $11.608 millones, para esos mismos 7 municipios.
Tenemos desde una placa huella que se acaba de autorizar en zona rural de Vegalarga, cerca de $4.000 millones en el municipio de Neiva, baterías sanitarias en zonas veredales de Tesalia, también temas de placa huellas, más de 700 metros en zona petrolera del municipio de Yaguará, digamos una cantidad de proyectos que benefician a estas comunidades.
