Debe mirarse con gran preocupación los resultados de un informe presentado por la Defensoría del Pueblo sobre la situación de derechos de adolescentes y jóvenes que cumplen medidas privativas de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en el país.
De acuerdo con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, “A través de visitas a los lugares donde se encuentran cumpliendo medidas privativas los jóvenes, entrevistas y un análisis del funcionamiento del Sistema evidenciamos que persiste la necesidad de generar transformaciones legales, institucionales y operativas para que se cumpla cabalmente con el propósito del proceso, de forma que sea pedagógico, específico y diferenciado de los adolescentes y jóvenes”.
La Defensoría del Pueblo ha dicho que ha constatado infraestructuras deterioradas producto de humedades, deterioro en acometidas eléctricas y prestación de servicios públicos, abandono en lugares para las prácticas recreativas y deportivas, entre otros. También reportó haber corroborado que la mayoría de los jóvenes del Sistema no están informados jurídicamente sobre su proceso penal, lo cual afecta sus derechos al debido proceso y a la defensa.
También se evidenció que en algunos centros no existe separación de menores de edad de quienes ya cumplieron la mayoría de edad y en muchas oportunidades han cumplido medidas en el sistema de adultos y continúan en los centros, aspecto que podría afectar directamente el proceso diferenciado del Sistema.
A estas deficiencias se suman otras en atención en salud y educación.
A los jóvenes delincuentes detenidos se les deben brindar oportunidades de construir un proyectos de vida productivos una vez cumplan con las medidas privativas. Mantenerlos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad es ‘alimentar’ en ellos un sentimiento de frustración y de venganza con la sociedad colombiana. Mantenerlos así es ‘formar’ los grandes delincuentes del futuro.
