La conducta de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Neiva está generando preocupación y malestar entre la ciudadanía. Desde hace algunas semanas, muchos neivanos han recibido requerimientos de pago por un supuesto impuesto que, según la normativa vigente, no están obligados a pagar. Este comportamiento no solo es alarmante, sino que también parece ser una estrategia “pescar en río revuelto”, donde se busca confundir a los contribuyentes y, con suerte, lograr que algunos incautos paguen lo que en realidad no deben.
Según el artículo 494 del Estatuto Tributario de Neiva, están obligados a presentar la declaración del Impuesto de Industria y Comercio aquellas personas que realizan actividades gravadas dentro de la jurisdicción del municipio. Esto significa que solo quienes desempeñen actividades económicas específicas dentro de Neiva deben pagar este impuesto.
El problema surge cuando revisamos el artículo 495 del mismo estatuto, que especifica claramente quiénes no están obligados a presentar esta declaración. Entre ellos se encuentran las personas naturales cuyos ingresos provienen exclusivamente de la prestación de servicios personales administrativos, técnicos, profesionales o científicos, y que ya han sido sujetos a retención en la fuente por este concepto a favor del Municipio de Neiva. Estas personas no tienen que presentar la declaración anual del impuesto ni cumplir con otras obligaciones formales relacionadas, salvo responder a requerimientos de información.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda parece ignorar estas excepciones, enviando requerimientos de pago indiscriminadamente. Esto ha llevado a muchos neivanos, especialmente aquellos que no están familiarizados con las complejidades de la normativa tributaria, a cuestionarse si realmente deben pagar estos montos. Este tipo de prácticas afecta la confianza en la administración local.
Es fundamental que el alcalde Germán Casagua y su equipo revisen y corrijan estas prácticas de inmediato. La transparencia debe ser la base de cualquier gestión pública.
Hago un llamado al Alcalde y a la Secretaría de Hacienda para que cesen estas prácticas y se adhieran estrictamente a lo estipulado en el artículo 495 del Estatuto Tributario Municipal. Es necesario que se abstengan de enviar este tipo de comunicaciones para que se respeten los derechos de aquellos que, según la ley, no están obligados a pagar estos impuestos.