Por: Eduardo Gutiérrez Arias
Como si fuera poca la violencia desatada por el régimen contra los manifestantes en el Paro Nacional cuyo número de muertos pasa de 50, los heridos se aproximan a los dos mil, los 60 jóvenes que han perdido uno de sus ojos por los disparos del Esmad, las 40 mujeres violadas en estaciones de policía y los numerosos desaparecidos después de capturados, estadísticas que todos los días crecen como los muertos e infectados por la pandemia del Covid 19, ahora se suma el terror de los cadáveres mutilados que comienzan a aparecer en las calles como el terrible caso del joven de la primera línea en las movilizaciones de Tuluá, Santiago Ochoa, cuya cabeza decapitada fue arrojada al jardín de una vivienda. Las versiones indican que había salido en bicicleta el pasado domingo y que el Esmad lo habría capturado. Todo esto va generando el estado de terror e inercia con el que el fascismo busca dominar las voluntades de todos los ciudadanos.
Paralelo al sometimiento físico y psicológico de la población marcha la concentración del poder. A Duque no le ha bastado tener en sus manos todos los órganos de control: Procuraduría, Contraloría, Registraduría y Defensoría del Pueblo, con agentes de su partido y de su plena confianza y con un absurdo incremento de su burocracia en momentos de recesión y pandemia que demandan ingentes recursos económicos. Ahora la procuradora Margarita Cabello, con el apoyo del presidente Duque, presentó al Congreso un proyecto de ley para reformar el organismo a su cargo, supuestamente para corregir la fallas y defectos puestos al descubierto en la sentencia de destitución hecha por el procurador Alejandro Ordoñez contra el alcalde de Bogotá Gustavo Petro en el 2013, que originó un juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que Estado Colombiano fue condenado. Sentenció la Corte Interamericana que un funcionario de elección popular como el Alcalde, sólo puede ser destituido por un juez de la República y no por un funcionario administrativo, como el procurador, cuyo origen es político porque es nombrado por el Presidente de la República de terna presentada por el Senado, prestándose para que por prejuicios o conveniencia política, un funcionario de elección popular pueda ser destituido de su cargo.
La maniobra de la procuradora fue crear por ley un área en la procuraduría para investigar y destituir a funcionarios de elección popular, convirtiéndola de hecho en un órgano jurisdiccional, pero que no depende del poder judicial. Allí tanto el presidente como el Procurador podrán hacer cuanto les antoje con los funcionarios de elección popular. En que quedó la separación de poderes y las críticas de Duque a Maduro. Cuál de los dos es más dictador?
