Las acciones de tutela como mecanismo de protección de derechos fundamentales, se han convertido en una herramienta esencial para reclamarle al Jefe de Estado, el cumplimiento de las normas constitucionales.
En anteriores periodos presidenciales se han visto con frecuencia la toma de decisiones en contra de estos altos dignatarios. Por ejemplo, Juan Manuel Santos tuvo varios fallos adversos, como el que lo instaba a ajustar ciertos aspectos del Acuerdo de Paz, y en la presidencia de Iván Duque, se llegó a decidir su arresto por desacatar las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia, sobre unas medidas de protección al Parque Nacional Los Nevados.
Bajo el actual mandato presidencial, Gustavo Petro no ha estado exento de decisiones en contra, como la que le ganó Enrique Vargas Lleras por aseveraciones difamatorias realizadas por el Mandatario que lo obligaron a retractarse. La más reciente fue la decidida por el Tribunal de Cundinamarca que lo declaró en desacato, por incumplir la sentencia que le ordenaba nombrar en propiedad a seis expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Si bien el presidente ostenta la más alta dignidad del Estado y tiene un fuero especial previsto en la Constitución, también debe como ciudadano, respetar y acatar las providencias judiciales para asegurar la legitimidad de las instituciones democráticas. Si el Jefe de Estado incumple este mandato, no solo socava la autoridad del poder judicial, sino que su comportamiento debilita la confianza de los ciudadanos en el orden democrático.
Acatar las órdenes de los jueces por parte de un presidente es esencial para mantener el Estado de Derecho, respetar la separación de poderes y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Además, es un requisito constitucional y un pilar básico del sistema democrático. El incumplimiento de estas decisiones no solo generaría consecuencias legales y políticas para el presidente, sino que también podría socavar la legitimidad judicial y, en última instancia, erosionar la confianza pública en las instituciones del Estado.