El mayor general Henry William Torres, el militar de más alto rango investigado por los falsos positivos, admitió su responsabilidad por omisión. Sin embargo, por ahora, no tendrá la libertad anticipada.
RICARDO AREIZA
El mayor general Henry William Torres Escalante, el primer oficial de más alto rango del Ejército colombiano llamado a juicio por su presunta responsabilidad en ‘falsos positivos’, seguirá preso en la Escuela de Infantería en el norte de Bogotá.
A pesar de haber aceptado su responsabilidad por omisión en las muertes ilegítimas de civiles, presentadas como bajas en combate, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó por ahora la libertad transitoria, condicionada y anticipada.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas declaró improcedente el beneficio de la sustitución de la medida de aseguramiento que el oficial ya retirado había solicitado al punto de cumplir cinco años de su detención.
El organismo de justicia transicional estimó que su aporte a la verdad plena, no ha sido novedoso como lo esperaban las víctimas, ni superó lo que ya ha recopilado la justicia ordinaria.
“La Sala no vislumbra, hasta este momento, que el compareciente haya efectuado el aporte extraordinario de verdad que se esperaría en esta justicia transicional del comandante de una unidad mayor del Ejército Nacional en la que se presentaron más de 170 hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, concluyeron los seis magistrados.
No obstante, Torres Escalante seguirá en la JEP. El oficial en retiro podrá interponer los recursos de reposición y el de apelación, e insistir en su libertad anticipada, como quedó consignado en la reglamentación de la justicia transicional. Torres Escalante lleva cuatro años y diez meses privado de su libertad.
General tropero
El general Torres Escalante, de 59 años, fue comandante de la Novena Brigada con sede en Neiva, desde el 3 de diciembre de 2009, durante la administración de Uribe. La misión: enfrentar a la columna Teófilo Forero de las Farc.
Las operaciones adelantadas en Huila Tolima y Cauca, facilitaron la muerte de Alfonso Cano, en noviembre de 2011.
Las operaciones coordinadas desde Neiva facilitaron duros golpes a los anillos de seguridad del entonces jefe guerrillero, quien se desplazaba hasta el Cauca. En esos operativos fue abatida Magally Grannobles ( alias ‘Mayerli’), ex jefe de la columna móvil ‘Héroes de Marquetalia’ el 10 de julio de 2010 y de Araceli Guerrero, capturada en Páez (Cauca).
Después de dos años al frente de Novena Brigada en Neiva, Torres Escalante asumió la comandancia de la Quinta División del Ejército Nacional donde se encontraba cuando lo vincularon a la investigación por los ‘falsos positivos’.
Luego fue designado como Jefe del Comando Conjunto del Suroccidente, creado para reforzar las operaciones contra el máximo líder de las Farc Alfonso Cano.
Torres Escalante, dirigía 37.000 hombres del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, cuando fue relevado del cargo a finales del 2015 cuando el vicefiscal General de la Nación Jorge Fernando Perdomo lo llamó a indagatoria por varias ejecuciones extrajudiciales. Allí comenzó su pesadilla.
La pesadilla
Ante esta decisión, Torres Escalante, fue enviado a vacaciones forzosas. El oficial no se presentó a la diligencia judicial. La indagatoria fue reprogramada para el 17 de diciembre de 2015. Tampoco se presentó. Luego le recomendaron que renunciara. Torres se negó rotundamente alegando su inocencia.
El general Torres Escalante se desempeñaba como director del Centro de Memoria Histórica del Ejército cuando fue retirado sorpresivamente del servicio. Ante los rumores sobre una posible orden de captura, el gobierno se anticipó y lo retiró del servicio activo en plena Semana Santa, en forma temporal con pase a la reserva.
El 23 de marzo de 2016 (miércoles Santo) mediante Decreto 487, sorpresivamente, el oficial fue llamado a calificar servicios, con asignación de retiro, “como una causal legítima por razones de conveniencia institucional”.
Cinco días después se produjo la orden de captura anunciada públicamente por el fiscal General Eduardo Montealegre, horas antes de su retiro del cargo. La medida se hizo efectiva el 28 de marzo de 2016.
Torres Escalante se presentó voluntariamente ante la Dirección Especializada de Policía Judicial de Aforados Constitucionales. El organismo lo puso de inmediato a disposición de la Fiscalía.
Ese mismo día legalizó la detención ante la Dirección de la Escuela de Infantería ubicada en el Cantón Norte del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Bogotá, en donde actualmente permanece privado de la libertad.
El 10 de agosto de 2016, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia lo acusó formalmente por la presunta comisión del delito de homicidio en persona protegida en calidad de coautor1. Esta decisión fue ratificada el 6 de septiembre siguiente por el Vicefiscal General de la Nación.
A la JEP
El 26 de enero de 2017, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal iniciaba la audiencia preparatoria, Torres Escalante, solicitó su aplazamiento, al haber anunciado su sometimiento ante la JEP. También pidió que se revocara la medida de aseguramiento.
El despacho judicial negó la solicitud pero le sustituyó la detención por otras medidas no privativas de la libertad.
El Tribunal Superior de Yopal revocó el 15 de diciembre la decisión y libró de nuevo la orden de captura. Se hizo efectiva el 23 de enero de 2018, por presentación voluntaria del procesado.
Seis meses después, el 20 de junio de 20185, el Juzgado de Yopal remitió el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
Del cielo al infierno
El experimentado oficial santandereano, graduado como ingeniero en obras civiles, pasó de la noche a la mañana del cielo al infierno.
Su ascendente carrera militar quedó truncada cuando un fiscal lo llamó a juicio. El testimonio de un teniente, condenado por varias muertes de civiles a quienes disfrazó de guerrilleros, acabó con su carrera militar.
El teniente Marco Fabián García Céspedes, testigo clave en la investigación, terminó señalando al general Torres. El oficial declaró que Torres Escalante, quien se desempeñaba como comandante de la Brigada 16, “siempre estuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”.
Los labriegos Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres, de 17 años, fueron ejecutados el 16 de marzo de 2007 en Aguazul (Casanare) como supuestos guerrilleros.
Los campesinos eran testigos de otro “falso positivo” ocurrido en 2006. Los occisos fueron presentados como miembros de la compañía ‘José David Suárez’ del Eln muertos en combate.
El teniente García Céspedes fue condenado en enero de 2012 en sentencia anticipada a 22 años de prisión-
Casos claves
Además del caso que originó su sometimiento a la JEP, le aparecieron otras siete investigaciones por extradiciones judiciales durante el tiempo en que estuvo al frente de la Quinta División.
Adicionalmente, la Sala de Reconocimiento, por solicitud de la Fiscalía 121 de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos de Villavicencio adelantaba otra investigación por otros nueve ‘falsos positivos’ con doce víctimas fatales cometidos al parecer, por miembros del Gaula Casanare.
Por estos hechos, la Fiscalía citó al general Torees el 16 de marzo de 2018 a rendir indagatoria el 12 de julio de 2018.
Sometimiento
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el 29 de junio de 2018, asumió conocimiento de la solicitud de sometimiento y lo convocó a audiencia pública un mes después. Su abogado reiteró la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, siendo rechazada.
El 22 de julio de 2019 insistió en la sustitución de la medida, acompañada del plan de verdad, ofreció excusas públicas a las víctimas por las muertes “que le fueron ocultadas cuando fue comandante de la Brigada XVI”; su no aceptación de responsabilidad y aporte a la verdad sobre los hechos por los cuales tuvo conocimiento personal.
Versión del general
Actualmente, el mayor general William Torres permanece privado de la libertad en la Escuela de Infantería (Cantón Norte Bogotá). Torres Escalante de 59 años, se encuentra privado de la libertad, con medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación.
La medida le fue impuesta por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia a través de resolución del 28 de marzo de 2016 por la presunta comisión del delito de homicidio en persona protegida.
El oficial santandereano, en la vida civil, rindió su versión voluntaria el 11 de diciembre de 2019 y 6 de febrero de 2020. El oficial aceptó su responsabilidad por omisión.
“Quiero manifestar que mi actitud, mi exigencia permanente de resultados pudo sin duda generar todas estas infracciones al DIH se cometieran, como comandante de la Brigada, he debido saber y así evitar que tales hechos fueran cometidos por mis subalternos”, explicó Torres Escalante.
“Sin embargo, el conflicto mismo y su dinámica por un alto nivel de hostilidades, dando como razonable y justificada la necesidad de producir resultados operacionales; requerían haber incrementado controles previos – durante y posteriores en la ejecución de las operaciones, más eficientes para que estas violaciones al Derecho Internacional Humanitario desde su inicio fueran debidamente investigadas, detectadas, reprimidas disciplinaria y penalmente, y así evitadas, entre otras personas por el Comandante de la Brigada XVI. En eso se sustenta mi aceptación de responsabilidad”, precisó.
Torres aceptó su responsabilidad por omisión en su condición de comandante de la Decimosexta Brigada.
“Debo reconocer ante la señora Ángela Torres Valbuena, esposa y madre de los señores Torres, que omití realizar el control posterior en el sentido de ordenar la apertura de la investigación disciplinaria por parte del comando de la Brigada XVI y no como se hizo, por parte del comando del Batallón de Contraguerrillas No 65”.
Reparación
“Es mi compromiso como persona que incurrió en conductas relacionadas con el conflicto armado, en donde se cometieron infracciones al DIH por parte de subalternos orgánicos del Grupo Delta 6 de la Brigada XVI, resarcir y reparar integralmente según lo que determine el ejercicio participativo derivado del proceso de comparecencia ante la JEP, los daños que con ello hubiere podido generar”, explicó Torres Escalante.
Asimismo se comprometió a aportar lo que esté “en mi competencia” en un proceso para la reparación simbólica, efectiva, integral que se construya con las víctimas. El oficial ratificó en su aceptación de responsabilidad por omisión del mando solamente en las muertes de Daniel Torres y su menor hijo Roque Torres. No incluyó los otros casos.
En los otros casos, objeto de investigación y acusación por parte de la Fiscalía “infortunadamente no les brindé la importancia y el seguimiento que revestían para dinamizar las investigaciones disciplinarias que permitieran en un corto tiempo determinar responsabilidades”, anotó.
Reacciones
Fernando Rodríguez Kekhan, apoderado de las víctimas, consideró que la versión del oficial no se ajustó en lo más mínimo a las aspiraciones de quienes representa, a la verdad, reparación y garantías de no repetición.
La misma posición asumió el ministerio público. La Procuraduría Delegada de Coordinación Judicial se opuso a la sustitución de la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad al considerar que no cumple con los requisitos exigidos para ello.
Los magistrados concluyeron que los aportes a la verdad no cumplen con las exigencias señaladas por la Sección de Apelación.
“El aporte de verdad debe ser pleno y extraordinario y el reconocimiento de responsabilidad integral”, explicaron.
En este caso, no debía centrarse solamente en las muertes de los dos campesinos Torres en Yopal, sino a todas aquellas muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate ocasionadas por las unidades tácticas adscritas a la Brigada XVI durante el tiempo que fungió como comandante.
Finalmente, el 7 de diciembre de 2020, los magistrados de la Sala emitieron una valoración “desfavorable” de la contribución presentada por el oficial en los pactos de verdad.
Aporte de verdad
Para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas el aporte de verdad ofrecido por el oficial, su manifestación de aceptación de responsabilidad por omisión del mando no incluye de manera integral elementos que contribuyan a conocer la verdad sobre lo ocurrido en la parte del conflicto armado en la cual se encuentra involucrado, ni sobre los actos de sus subordinados, pese al rol que desempeñaba.
En estas circunstancias, la Sala estimó que, hasta el momento, el oficial compareciente no cumple con el estándar extraordinario de verdad plena exigido que pueda activar el otorgamiento del beneficio de manera anticipada. Entre otras razones porque no efectuó contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, más allá de lo que fue demostrado en la jurisdicción ordinaria.
En su rol de alto oficial del Ejército Nacional, debía especificar el tiempo, modo y lugar que circunscribe todos sus ofrecimientos de verdad; además, debía enunciar las unidades de mando, los manuales que regían su actividad como comandante, y, sobre todo, explicar las razones por las cuales considera que su relato supera el umbral de lo conocido en la justicia ordinaria. Y el otro componente, la reparación y la no repetición.
“Eso sí, dijo, si bien participé en el planeamiento de ciertas operaciones militares, nunca ordené asesinar ni simular combates para legalizar infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. (Mañana la verdad que contó el general Torres).
