Entre 1971 y 2016 las extintas Farc reclutaron a 18.677 niños y niñas, según documentó la JEP, por lo que consideró como máximos responsables de estos hechos a seis antiguos comandantes guerrilleros, entre ellos ‘Timochenko’. Muchas de las víctimas fueron sometidas a torturas, violaciones y abortos forzados. Aquí están los detalles completos del expediente.
Por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida intrafilas, incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio, la JEP, el sistema de justicia transicional creado en el acuerdo de paz de 2016, imputó esta semana como máximos responsables a seis exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc.
Los imputados son Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias El Médico; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez; Pablo Catatumbo Torres, hoy senador de la República; Pastor Lisandro Alape; y Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’ y actualmente también senador de la República. La JEP determinó que cada uno de estos comparecientes, con sus acciones y omisiones durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados.
Los detalles de las investigaciones
Según la JEP, la noción de máximo responsable va más allá de la jerarquía formal dentro de una organización. “Un máximo responsable, por su liderazgo, tiene una posición de jerarquía o autoridad que le permite influir en la organización y en la definición de las políticas y condiciones que dan lugar a la ejecución de patrones de macrocriminalidad”.
Conforme a estos criterios, la JEP dijo haber encontrado que los seis excomandantes de las Farc cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de la antigua guerrilla y participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla, -ya fueran formales o de facto-. Igualmente, como integrantes del último secretariado de la organización guerrillera tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización -en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques- y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra determinadas en este auto.
En este auto de Determinación de Hechos y Conductas, la JEP documentó cinco patrones macrocriminales: 1) reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; 2) malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; 3) violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; 4) violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y 5) violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas (OSIEGD).
Niños y niñas, las víctimas
La guerrilla de las Farc se dedicó a reclutar y utilizar niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años. Por este patrón, la JEP llamó a reconocer responsabilidad a los comparecientes como coautores por el crimen de guerra de reclutar o alistar niños y niñas o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.
Entre 1971 y 2016 al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las antiguas Farc-EP, con una mayor recurrencia de hechos entre 1996 y 2016 y picos en 1999, 2002, 2007 y 2013, según las investigaciones. Territorialmente, se constató que esta conducta ocurrió en todo el país, salvo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e involucró a todos los bloques de esa antigua guerrilla.
De acuerdo con el Universo Provisional de Hechos (UPH) del Caso 07, el 30% de las víctimas fueron reclutadas cuando tenían 14 años o menos. En los registros de víctimas acreditadas que participan en esta investigación, el 64% tenía esta edad cuando fueron llevadas a las filas de las extintas Farc. Asimismo, los niños y niñas de 15 a 17 años constituyen el 70% de las víctimas identificadas en el UPH y en el 34% de los registros de víctimas acreditadas ante la JEP.
Aunque la política formal y expresa de la organización armada prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la evidencia indica, asegura la JEP, que el reclutamiento, incluso de personas menores de 15 años, fue un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico. Sobre los factores que explican la ocurrencia de este patrón macrocriminal, los magistrados encontraron que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, que incluye circunstancias de los contextos rurales, de pobreza y de ausencia estatal en donde se ejerció esta violencia, así como de la estructura y objetivos de la organización rebelde.
El componente ideológico y rebelde de las antiguas Farc motivó su objetivo de tomar el poder político por las armas e impulsó la búsqueda constante de nuevos integrantes para soportar la confrontación que sostenía con el Estado y otros actores irregulares. Este patrón se inscribió dentro de su política de incorporación de personal que, de facto, priorizó la apariencia de idoneidad para servir a la causa rebelde y a la acción armada sobre consideraciones alrededor de la edad de las personas incorporadas.
Los magistrados explicaron la existencia de esta política de facto atendiendo a cinco factores principales: 1) la ausencia de un mecanismo efectivo y objetivo para verificar la edad de la persona a ingresar, 2) la prevalencia dada al requisito de aptitud física de la persona a ingresar, sobre la edad mínima de ingreso, que era de 15 años, 3) la falta de sanciones efectivas y ejemplarizantes para quienes reclutaran niños y niñas menores de 15 años, 4) la existencia de mensajes que fomentaban y validaban esta práctica, alineados con los planes de crecimiento de personal y 5) el hecho de que los niños y niñas menores de 15 permanecieron activamente en las filas, siendo útiles a los propósitos de la organización.
A partir del análisis de los relatos de las víctimas acreditadas, la JEP estableció que las modalidades de reclutamiento y utilización más frecuentes -tanto en niños y niñas mayores y menores de 15 años- fueron la amenaza o el uso de la fuerza (57% de los casos), seguidas de diversas formas de engaño (28% de los casos) y a través de estrategias de persuasión o convencimiento ideológico (15% de los casos). Igualmente, los niños y niñas fueron llevados a integrar otras redes de apoyo a la organización, como las milicias bolivarianas y las milicias populares.
Los malos tratos, homicidios y torturas
La JEP determinó que los malos tratos, torturas y homicidios se produjeron en el marco de la política de la regulación de la vida intrafilas de la antigua guerrilla. Estas violencias se vincularon al tratamiento dado a los niños y niñas durante entrenamientos, tareas asignadas, en la participación en combates y en la aplicación del régimen disciplinario. Esta política tenía como finalidad mantener una disciplina estricta a través del control de todos los aspectos de la vida en las filas, así como en la obediencia al orden de mando establecido. Y se aplicó a los miembros de la organización, sin distinción de edad o condiciones de vulnerabilidad, sometiendo a los niños y niñas reclutados a las mismas reglas que a los adultos y a profundas asimetrías de poder.
De acuerdo con la investigación, la vida, la integridad y la libertad de los niños y niñas reclutados estaban a disposición del grupo armado, cuyo poder se materializaba en quienes tenían el mando. Cada aspecto de su vida y cada decisión sobre ellos estaba determinado por las directrices de la organización y las órdenes de los comandantes, lo que anuló su autonomía y les negó la posibilidad de consentir o rechazar las decisiones impuestas por el grupo o por sus superiores. Así, la Sala encontró un entorno de coacción permanente que fue, de facto, creado, organizado y controlado por la organización, bajo el liderazgo del secretariado de las Farc, y que generó condiciones de vida adversas para los niños y niñas reclutados, resultando en sufrimientos físicos y psicológicos, malos tratos e incluso suicidios y homicidios.
En relación con la vida intrafilas, y con las violencias basadas en género, la JEP dijo haber encontrado dos conclusiones preliminares. En primer lugar, no pretende que sus hallazgos sean entendidos como una visión totalizadora y única de la experiencia intrafilas. La investigación se enfocó únicamente en comprender las vivencias de niños y niñas reclutados y utilizados que sufrieron formas extremas de violencia y el entorno en que esto ocurrió.
La justicia transicional encontró que coexistían múltiples realidades opuestas entre los miembros del grupo, con diferencias significativas en cuanto a género, edad, procedencia y rango. En segundo lugar, sobre las violencias basadas en género, los magistrados determinaron que las creencias y relaciones de género, que en nuestra sociedad son patriarcales, fueron llevadas a las filas de las antiguas Farc a través de sus integrantes, quienes, como parte de esta sociedad, las compartían. Así, aunque la organización proclamaba formalmente la igualdad entre hombre y mujeres, en la práctica se perpetuaron relaciones desiguales en donde niñas, mujeres y población diversa ocupaban posiciones de subordinación y desventaja y que, en parte, explican los patrones macrocriminales que se presentan a continuación.
La violencia contra niñas reclutadas
En la vida intrafilas, según la JEP, las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos, y en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos o su entrega forzada a otras familias, impidiendo el ejercicio de la crianza. Al menos 24% de las mujeres reclutadas acreditadas en el caso sufrieron anticoncepción forzada y 19% fueron sometidas a abortos forzados.
La JEP constató que el carácter forzado de estas prácticas se debió a factores como la imposibilidad de las víctimas de dar su consentimiento, debido a la falta de información y consulta, así como a la escasa comprensión de las niñas sobre estos procedimientos, dada su edad y el contexto de origen. Además, existían sanciones para quienes se negaran a someterse a estos procedimientos y, en algunos casos, se emplearon mecanismos de fuerza o violencia para llevarlos a cabo.
De acuerdo con la información documentada en la investigación, la mayoría de los malos tratos derivaron de la selección de anticonceptivos mediante un método de ensayo y error, la ausencia de exámenes médicos para determinar su idoneidad, eventos negligentes en la aplicación de anticonceptivos y la realización de abortos, la falta de procedimientos adecuados de recuperación tras la interrupción de embarazos, y la práctica de abortos en fases avanzadas de la gestación. Esta violencia tuvo como propósito evitar que la maternidad o paternidad representara una disminución de integrantes del grupo o generara riesgos para su seguridad.
Violencia sexual contra niños y niñas
Al interior de las filas de las Farc, niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos. Estas violencias ocurrieron de manera sistemática y frecuente en diversos territorios a lo largo del período analizado. Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17% de las víctimas reclutadas registradas. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35% reportaron haberlas sufrido.
Según la JEP, los mecanismos para someter a las víctimas incluyeron el abuso de poder ejercido principalmente por mandos superiores, junto con el uso de fuerza física y amenazas sobre el uso de la violencia.
Violencia contra la diversidad de género
Los niños y niñas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas sufrieron fusilamientos, amenazas de muerte, sanciones correctivas, violencia sexual correctiva y otros tratos crueles que incluyeron la obligación de ocultar su identidad o diversidad sexual o de género.
Estas violencias, aseguró la JEP, estuvieron dirigidas a ocultar, erradicar o suprimir la diversidad sexual y de género. Los relatos recogidos dan cuenta de un entorno violento, que recayó de forma generalizada sobre las personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas en las filas.
La salida de las filas guerrilleras
La JEP dijo haber encontrado que los niños y niñas reclutados salieron de las Farc-EP, en orden de prevalencia, por deserción o fuga, por capturas, por reincorporaciones en el marco del acuerdo de paz, por licenciamientos y otras formas autorizadas por la antigua guerrilla y por abandono por parte del grupo cuando las víctimas tenían heridas o enfermedad.
Igualmente, la JEP señaló haber constatado que algunas víctimas relatan haber sufrido violencias graves -ellas mismas o sus familias-, en el marco de su proceso de su salida del grupo. La investigación reveló que tanto las Farc como la Fuerza Pública y otros actores cometieron violencias graves en contra de estas personas, evidenciando la complejidad del contexto en el que se produjo la salida de los niños y niñas del grupo armado.
“Las niñas sufrieron anticoncepción forzada, aborto forzado y malos tratos derivados de estos procedimientos, y en algunos casos, el asesinato y la desaparición de sus hijos e hijas recién nacidos”
Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
