En la actualidad se discuten siete reformas en el Congreso de la República. El devenir de ellas marcará no solo el año legislativo, sino el futuro del país en las siguientes décadas, así como la carrera presidencial del 2026. 1. Jurisdicción agraria. 2. Reforma laboral. 3. Reforma, en su nueva versión, al sistema de salud. 4. Reforma sobre autonomía territorial o reforma al sistema general de participaciones. 5. Reforma política. 6. Propuesta parcial de reforma a la justicia. 7. Ley de servicios públicos la cual no ha sido presentada, pero todo parece indicar que es uno de los baluartes del gobierno.
La jurisdicción agraria es, de lejos, la reforma más importante para solucionar uno de los problemas más complejos que ha tenido Colombia: los problemas de propiedad de la tierra. Asuntos de falsa tradición, problemas de linderos o casos de restitución de tierras, son temas que Colombia debe solucionar para entregarles propiedad privada a los campesinos y que ellos puedan sacar créditos o entrar en el mercado de tierras. Desde hace dos años se aprobó una reforma constitucional y una ley estatutaria que crea la jurisdicción agraria, por ende, la actual ley es la continuación de ese proceso, una ley ordinaria que reglamenta las dos aprobadas previamente. La ley ha sido ampliamente consensuada y, si bien, tiene oposición es una de las que mejor prospectiva tiene de pasar en el Congreso.
La reforma laboral hace su transito por la Cámara de Representantes y en algunos días llegará al Senado, donde las mayorías del gobierno son más inestables. Seguramente, saldrá recortada y se da por hecho que se aprobara los dominicales, nocturnos y festivos, los demás temas se caerán o serán reformados fuertemente. No hay que olvidar que, a los trabajadores en Colombia, durante el gobierno Uribe, se les recortaron sus derechos y se quitaron o redujeron los nocturnos y festivos con la versión de que eso traería más empleo, lo cual no fue cierto. Los asuntos de huelga reforzada o despidos seguramente no llegarán al final.
La reforma a la salud, si bien logró una mayor concertación que la que se hundió el semestre pasado, no parece tener buen camino y ni siquiera ha arrancado la discusión en la Comisión séptima. Es de las reformas que tiene el camino más tortuoso. Igual pasa con la reforma política, la cual arrancó por Cámara de Representantes y no parece tener un camino fácil, además porque hay otra reforma liderada por parlamentarios que hace curso en el Congreso y que busca la movilidad política o transfuguismo. Ambas la tendrán difícil, pero en el mejor de los casos pasa una sola.
La reforma al sistema general de participaciones, antiguamente llamada transferencias, es tal vez el proyecto más reformador, ya que plantea aumentar los recursos del SGP de 22.5% a 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación a los entes territoriales. Alcaldes de derecha, izquierda o centro apoyan el proyecto, pero se necesita una ley de competencias que regule en que se va a gastar todo ese dinero.
