Luego de dos años del cierre definitivo de dos frentes o socavones de explotación minera en el municipio de Íquira, las autoridades competentes lograron incautar este año maquinaria especializada para esta actividad, en uno de los sectores que había sido sellado por no contar con todos los permisos requeridos.
Una motobomba, un motor para triturar las rocas y un granulador quedaron a disposición de las autoridades competentes que llegaron hasta la vereda Damitas para realizar el seguimiento de control con estos puntos de explotación de oro, tal y como se había acordado mediante el amparo administrativo al que recurrió la Asociación Agrominera de Íquira.
Esta asociación cuenta con una zona de concesión aprobada por Ingeominas y que comprende las veredas de San Luis, Buenos Aires, San Pedro, Toro y Damitas, en la que realizan explotación minera con responsabilidad y de acuerdo a lo reglamentado por todas las autoridades tanto ambientales como administrativas.
Sin embargo, en la zona venía realizando la misma práctica un grupo de mineros artesanales que no contaban con toda la reglamentación, pero si con una certificación de la Agencia Nacional Minera (ANM) que les permite hacer esa explotación artesanal e incluso, en algunas ocasiones los exoneraba de la incautación de sus equipos de trabajo.
Para el alcalde del municipio de Íquira, Darwin Leiva estas condiciones entorpecen el control que deben hacer como autoridad municipal contra la minería ilegal y no formal, que les exige el Gobierno Nacional.
La encrucijada
Pese a un compromiso de no seguir realizando la explotación minera sin los permisos reglamentados, en el municipio de Íquira, durante las visitas funcionarios de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, CAM, la Policía Huila, Ejército Nacional y la Alcaldía local, evidenciaron la presencia de la maquinaria con la que se presume venían realizando la explotación ilegal o no formal como lo llama el mandatario de los iquireños.
“Quiero dejar en claro que está administración ha querido darle cumplimiento a la ley en el tema de minería. En el caso del municipio de Íquira lo que ha sucedido es que la cooperativa está legalizada pero los que no están formales son los campesinos nativos de las veredas que también tienen certificado de la Agencia Nacional Minera que incluso los cobija para que no se les pueda incautar maquinaria o cerrar sus frentes de trabajo en algunos casos”, manifestó el Alcalde Leiva.
El mandatario cuestiona la poca claridad en la normatividad con la que los rige el Gobierno Nacional para que ellos como primera autoridad de una población, controlen el tema de minería ilegal pese a que entes como Ingeominas o la Agencia Nacional Minera, otorgan licencias y permisos que amparan a mineros artesanales que en la mayoría de los casos son incluidos como ilegales.
“Nosotros ante la Agencia Nacional Minera (ANM) le pedimos que nos aclararan el tema porque es que es muy curioso que en Colombia para solicitar un permiso o título minero no se necesite ningún documento u autorización municipal. Entonces la ANM expide esos títulos y después le pide a los Alcaldes que sean responsables con hacer los cierres a esos mismos que ellos le dieron unos títulos, es algo que no hemos comprendido”, explicó el burgomaestre.
Investigaciones penales
La respuesta de la solicitud de aclaración sobre la normatividad en este sentido está próxima a llegar según lo indicó el Alcalde de los iquireños, con la que se espera aplicar de manera adecuada las exigencias por parte del Gobierno Nacional y así no incurrir en sanciones disciplinarias e incluso penales.
En este mismo sentido Evidalia Chacón, jurídica del municipio de Íquira señaló que amparando los derechos de la Cooperativa que es la que cuenta con todos los permisos exigidos, estas situaciones de la minería no formal se reportan de manera oportuna a nivel nacional ante las autoridades competentes.
“Hay investigaciones penales en la Fiscalía delegada para el medio ambiente en Bogotá, todo lo que hemos hecho es informar a esas autoridades para que tomen las medidas de tipo penal a que haya lugar y ante la CAM en lo concerniente a lo ambiental”, aseguró Chacón.
Tanto el Alcalde como la funcionaria, aseguraron que seguirán adelantando los controles a estos frentes de trabajo atendiendo la Ley 685 del 2001 que le da facultades al mandatario como autoridad administrativa para preservar los recursos naturales, en los que está contemplado tomar medidas frente a la minería ilegal o no formal.
De los 12.000 habitantes del municipio de Íquira, cerca de 600 personas de manera directa e indirecta se benefician de la explotación minera en la región.
La explotación minera en el Huila
En el departamento del Huila, según lo indicó la Secretaría de Agricultura y Minería la producción minera se basa en la explotación de roca fosfórita, oro, mármoles, arcillas y gravilla, siendo los municipios de Aipe, Tesalia, Palermo, Santa María, Íquira, Nátaga, Teruel los principales en esta actividad.
En Tesalia e Íquira se desarrolla la explotación de roca fosfórita y oro; en Palermo, Santa María, Teruel la minería se basa en la explotación de mármoles y gravilla y en Aipe se destaca la producción de arcillas y en una menor proporción carbón.
Según los resultados de una fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) a finales del año pasado en el Huila, se encontró que la mayoría de los títulos mineros, cerca de un 58 por ciento, corresponden a empresas que se dedican principalmente a la extracción de materiales de construcción, un 13 por ciento a la explotación de metales preciosos, 12 por ciento a la extracción de calizas, 10 por ciento a materiales industriales, tres por ciento carbón, tres por ciento metales y uno por ciento a piedras preciosas.
