De forma casi exponencial, Colombia ha aumentado el número de estudiantes universitarios en las tres recientes décadas gracias al impulso del Estado, la generación de establecimientos privados que se mueven por todo el país y – en algunos casos – la concepción de la educación superior como un lucrativo negocio.
Sin embargo, tal crecimiento no ha ido acompañado de unos indicadores de buena calidad lo cual ha conducido, si nos atenemos a la percepción general, a que se considere hoy que un título de pregrado es apenas equivalente a lo que aprendía años atrás un bachiller y por ello su nivel competitivo es bajo, requiriendo especializaciones y maestrías posteriores para poder ganarse un lugar en el mercado.
Y el análisis sobre la calidad tiene hoy una coyuntura que obliga a que el país se detenga un buen rato a debatir acerca, justamente, de cuán buena es nuestra educación superior y en qué nivel estamos frente a la competencia internacional. De entrada vamos mal; solo dos universidades nuestras suelen aparecer entre las 1.000 más prestigiosas del mundo en las distintas clasificaciones, la Nacional como la mejor del sector público y los Andes como la mejor privada, y ubicadas generalmente del puesto 500 hacia abajo; y no es consuelo decir que, excepción hecha de Brasil, México, Chile y Argentina, el resto de naciones latinoamericanas están igual o peor que nosotros.
Y la discusión, decimos, es más que oportuna luego de la drástica decisión del Ministerio de Educación que canceló ocho programas del área de la salud de la Fundación Universitaria San Martín, lo cual se suma a que durante los últimos cinco años, el Gobierno ha impuesto 63 sanciones a 52 instituciones de educación superior y actualmente investiga a 60 centros educativos generalmente por la baja calidad de sus programas. Es decir que una de cada cinco instituciones de educación superior colombianas está en proceso de sanción. Y de las universidades, que son 81, la proporción sube a una de cada cuatro.
Es ya cuento conocido aquello de las “universidades de garaje”, que funcionan en cualquier sitio, con infraestructura deficiente, profesores mal preparados y peor pagados, pero atractivas por sus costos para los sectores económicos más débiles. Y en el otro lado las públicas, inmersas la mayoría de ellas en crisis financieras, exceso de burocracia administrativa, politiquería, enormes costos laborales y, como lógica consecuencia, bajos niveles de calidad. Ver no más que de 10.622 programas académicos que se ofrecen en todo el país en las universidades, solo 925 programas y 27 instituciones cuentan con la certificación de alto nivel de calidad.
Y en el caso de las públicas, el tema no es de plata: en promedio un estudiante de ellas nos cuesta a los contribuyentes entre 5 y 16 millones de pesos anuales, pero sus obligaciones son mucho más altas por las prebendas laborales y altos pasivos pensionales.
Y para su control y supervisión, tanto de públicas como privadas, el Ministerio de Educación tiene apenas 20 funcionarios. Urge un revolcón a la educación superior en todos los niveles.
“El Gobierno ha impuesto 63 sanciones a 52 instituciones de educación superior y actualmente investiga a 60 centros educativos generalmente por la baja calidad de sus programas”.
Editorialito
La Agencia Nacional de Infraestructura abrió el proceso precalificación para contratar grandes proyectos, entre ellos las dobles calzadas en Huila y Putumayo. Los proyectos anunciados por el presidente Santos contemplan también la construcción de variantes en Campoalegre, Hobo, Gigante, Timaná y Mocoa, así como otras obras viales de gran calado.
