El término lawfare es un concepto utilizado por gobiernos de izquierda en Latinoamérica, para describir el uso de la ley mediante acciones judiciales por parte de la oposición, en contra de quienes detentan el poder.
Este uso del derecho como “arma de guerra”, implica la utilización estratégica de los sistemas legales y judiciales con fines políticos, económicos o ideológicos. Su objetivo principal no es la búsqueda de justicia, sino el debilitamiento o la neutralización de adversarios mediante acciones jurídicas.
Durante el actual gobierno, diversos sectores de la oposición han recurrido a esta herramienta, utilizando procesos legales que, aunque están formalmente ajustados a la normativa vigente, persiguen intereses políticos. Esto se ha facilitado aprovechando errores cometidos por el presidente Petro y sus asesores.
En este contexto, se han identificado varios casos que podrían enmarcarse como ejemplos de guerra jurídica: la inexequibilidad del estado de emergencia por el fenómeno del Niño en La Guajira, la destitución del canciller por la contratación de los pasaportes, la nulidad del nombramiento del embajador en México, la investigación del Consejo Nacional Electoral por la financiación de la campaña presidencial, entre muchos otros.
Una de las principales consecuencias de estas acciones es la judicialización de la política, disputas que, en condiciones normales, deberían dirimirse en el plano político. Más allá de las sanciones legales, el propósito final es el de desacreditar al adversario en el ámbito público.
Por otro lado, los defensores del lawfare sostienen que las acciones legales son legítimas, siempre y cuando se realicen dentro del marco de la ley y que todos los actores respondan por igual por la violación de la Constitución o de la normatividad vigente.
Evitar el lawfare requiere una combinación de medidas institucionales que garanticen que la justicia no sea instrumentalizada como herramienta de guerra jurídica. Además, es esencial que el gobierno fomente puentes de comunicación con la oposición y, sobre todo, que “no dé papaya” cometiendo errores elementales en sus procedimientos legales.
