Si bien no parece que la sola expedición de normas pueda prevenir, corregir o eliminar ciertas conductas sociales negativas o dañosas, el país padece un sinnúmero de fenómenos de conflicto que hacen inevitable acudir a las facultades legislativas para intentar frenarlos o por lo menos concientizar a la sociedad respecto de sus consecuencias perjudiciales. Es lo que acaba de ocurrir con la reglamentación de llamada Ley de Convivencia Escolar, intentando por esta vía que los colegios sean centros de convivencia y no centros de discriminación ni violencia.
La Ley 1629 de marzo de 2013, que apenas estamos conociendo y tendremos que esperar otro tiempo para su plena aplicación, está orientada a evitar que los centros de educación primaria y secundaria continúen bajo estados anormales que, dolorosamente, extravían sus objetivos de preparar a los colombianos hacia el bien, convirtiéndose muchos en centros de violencia cuando lo que se espera de ellos, y ha ocurrido a través de la historia, es que son abrevaderos de conocimiento, ética y buena conducta. Nace, mediante esta reglamentación, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar como una especie de hoja de ruta que les va a dar a los rectores unas señales de qué hacer frente a diferentes tipos de problemas en materia de comportamiento de todo el conglomerado estudiantil.
Y al promulgarse la norma se ha divulgado un preocupante estudio de lo que está pasando hoy en los colegios y escuelas del país. Increíble pero la mitad de los estudiantes de Quinto Grado se divierte observando cómo maltratan a sus compañeros y son testigos de la discriminación. Igualmente, cuatro de cada diez ha sido víctima de acoso escolar y dos de cada diez ha intimidado a alguien. La mayoría de los agresores son hombres y estudian en colegios urbanos.
Las cifras corresponden a una parte de los resultados de la evaluación de competencias ciudadanas, contenidas en las pruebas Saber 3, 5 y 9 que se aplicaron en el 2012. Allí se ve, por ejemplo, que el 43 por ciento de los estudiantes de Noveno Grado acepta que en ciertas situaciones son justificables los actos de corrupción; también se revela que el 42 por ciento de los alumnos de noveno grado cree que no son efectivos los mecanismos de participación estudiantil, como el gobierno escolar.
Quedan esas y otras cifras para un trabajo conjunto, mancomunado y altamente responsable tanto de los profesores, rectores y líderes de la educación como de los padres de familia; los mayores errores de conducta, comportamiento y educación nacen en las casas, de parte de los progenitores, de los hermanos mayores o de otros parientes cercanos. Y no solo porque lo diga una norma, que finalmente debería ser alternativa o apenas subsidiaria, pero en todo caso fija unas pautas interesantes como se crean grandes compromisos y obligaciones para todos los actores, genera sistemas naciones y territoriales de convivencia escolar y existirá un comité escolar de convivencia en cada colegio. Y también obliga a darles a las víctimas y victimarios acompañamiento.
Las aulas deben ser zonas de conocimiento y también de distensión.
“Cuatro de cada diez ha sido víctima de acoso escolar y dos de cada diez ha intimidado a alguien. La mayoría de los agresores son hombres y estudian en colegios urbanos”.
EDITORIALITO
Mientras se conocen los alcances del fallo de la Corte Constitucional que le puso “coto” a la fijación de los precios de los combustibles, lo lógico y razonable, sería que el Gobierno congele los precios tanto de la gasolina como del Acpm. Pero además, debe ser una oportunidad para frenar las alzas excesivas de los combustibles líquidos.
