A través de un documento de 229 hojas, tres senadoras de la oposición presentaron ante la Corte Constitucional los argumentos para tumbar la ley de ‘Paz Total’ y así evitar que los miembros de la ‘primera línea’ salgan en libertad.
Redacción Web/LN
Las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, las tres del partido Centro Democrático, presentaron los argumentos ante la Corte Constitucional con el fin de tumbar la ley de ‘Paz Total’ y evitar que los miembros de la ‘primera línea’ sean liberados para desempeñarse como gestores de diálogo.
A través de un documento de 229 hojas firmado las tres senadoras anteriormente mencionadas, aseguraron que el Congreso decidió anular la creación de la figura de gestores de paz, pues señalaron que el poder legislativo fue claro al decir que no se aprobarían artículos que permitieran el indulto y la excarcelación de personas procesadas por delitos relacionados con la protesta social.
“Al respecto, el Senado de la República, en sesión Plenaria del 24 de octubre, votó de manera afirmativa la eliminación de los artículos 16 y 17 de la ponencia para segundo debate, que abordaban los temas referidos con una votación de 70 votos por el Sí (eliminándolos) y 10 por el No”, explica el documento.
De igual forma, las senadoras resaltaron que en la Ley de ‘Paz Total’ y en el decreto que creó la comisión interinstitucional en la que se decidirá qué personas serán considerados como gestores de paz, se evidencia una extralimitación en las facultades de las entidades que pertenecerán a esta mesa, pues no están velando por la protección de los derechos de las víctimas.
“De acuerdo con lo anterior, al no tenerse en cuenta los derechos de las víctimas en el marco de la Ley 2272 de 2022, aun a pesar de contar con derechos ya reconocidos, así como el reconocimiento de los jueces ante quienes se tramitan los procesos, se están excluyendo estas víctimas que aun a pesar de acudir ante la justicia ordinaria, sus derechos serán conculcados en una ley para procesos de paz”, aseguran en la demanda.
La demanda fue radicada ante la Corte Constitucional que decidirá si la acepta o no para estudiar sus argumentos y dar una respuesta de fondo respecto a esta polémica.
