Ley de víctimas

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada hace un año, sigue siendo uno de los más valiosos instrumentos adoptados en Colombia para abrir caminos de esperanza. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada hace un año, sigue siendo uno de los más valiosos instrumentos adoptados en Colombia para abrir caminos de esperanza. Pese a la lentitud y los tropiezos encontrados en este primer año, la iniciativa es un paso importante para la construcción democrática de la  paz y la justicia en un país asediado por la violencia. Y un paso significativo que requerirá tiempo para poder consolidarse. Este histórico esfuerzo requiere no sólo el empeño del Estado en su conjunto, también de la sociedad en general para que cumpla  con los objetivos de materializar los derechos de las víctimas a que se conozca la  verdad, se haga justicia y se reparen de manera integral. Dada la complejidad del conflicto armado, la implementación de las normas y la sostenibilidad requerirá tiempo. Un año es muy poco tiempo para examinar los verdaderos alcances y la dimensión de una normativa que  cambió tanto la estructura jurídica como el imaginario nacional sobre el conflicto armado. No se trata entonces, como lo han advertido algunos críticos de despreciar el alcance y minimizar los beneficios. La ley que hoy cumple su primer año, constituye para el país un marco legal sin precedentes para recomponer nuevos escenarios de convivencia adoptando medidas en favor de las personas que han sufrido en carne propia las desgarradoras consecuencias del conflicto armado. Un marco normativo que les reconoce derechos, otorga prioridades en el acceso a servicios del Estado y las convierte a ellas y sus familiares, en acreedores de una reparación integral. En esa perspectiva definió un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas de violaciones graves y manifiestas de derechos humanos que le permitan el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y a garantías de no repetición. Esa es la columna vertebral. Además, como un componente estratégico establece, por ejemplo, la restitución de las tierras y bienes inmuebles de los que las víctimas hubieran sido despojadas o los hubieren perdido o se los hubieran destruido, por causa del conflicto. También el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor; las disculpas públicas; los actos conmemorativos; la construcción de monumentos públicos; la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de los cuerpos y restos y su inhumación respetando las tradiciones familiares y comunitarias. Y entre las garantías de no repetición se establecen medidas como la difusión pública y completa de la verdad; la aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos y la prevención de violaciones de estos derechos. Ponerlas en marcha, no es fácil, en un país donde las víctimas nunca eran protagonistas de primer orden. Pero también en un escenario minado por la desconfianza, el miedo y la invisibilización. El reto del país entero, es ayudar a consolidarla. DESTACADO La ley que hoy cumple su primer año, constituye para el país un marco legal sin precedentes para recomponer nuevos escenarios de convivencia adoptando medidas en favor de las personas que han sufrido en carne propia las desgarradoras consecuencias del conflicto armado”. EDITORIALITO Inesperada la partida del  analista Camilo Durán Casas quien había dejado atrás el mundo de las finanzas por el de las entrevistas y el análisis económico y político en Caracol. Un infarto lo sorprendió ayer y le apagó su vida. Una sensible pérdida para el periodismo nacional.