Varios países pidieron que la ley pionera contra la deforestación mundial se aplace un año, propuesta que fue apoyada por sectores productivos implicados. La Comisión Europea aprobó las pretensiones y, por tanto, el reglamento ya no entrará en vigor el 30 de diciembre. Colombia también pidió que se revise la regulación.
El 6 de diciembre del año anterior, la Unión Europea, UE, aprobó la ley pionera que promete hacer frente a la deforestación mundial, prohibiendo la entrada en el mercado europeo de una serie de materias primas que tuvieron relación con la destrucción o degradación de la vegetación. Esta dificultad, que debía afrontarse en su momento, se verá afectada por el aplazamiento de la vigencia de la ley por un año.
Y es que cerca del 10% de la deforestación mundial se atribuye al consumo en la Unión Europea. El nuevo reglamento (EUDR), cuando entre en vigor, cerrará el mercado europeo a importaciones como el aceite de palma, el ganado, la madera, la soja y derivados —desde productos de cuero a cosméticos o chocolate—.
El texto legal, que ahora las voces críticas piden revisar, indica que, para acceder al mercado europeo, los productores deberán tener una declaración de “diligencia debida” que certifique que el producto no procede de tierras deforestadas, ni ha provocado degradación forestal, ni de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020. Esta ley, vital para la lucha contra la deforestación y, en consecuencia, la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, recibió el visto bueno el año pasado tras el respaldo de los Estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo.
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La razón de la postergación
Aunque la aplicación completa de la norma estaba prevista para el 30 de diciembre de este año, la Comisión Europea cedió a las múltiples peticiones, sobre todo de la derecha, y ha decidido proponer que se posponga un año la entrada en vigor de la pionera ley contra la deforestación mundial, según se informó ayer miércoles.
Esta decisión, para algunos expertos, demostraría una señal más del retroceso de la agenda ambiental en la UE. Los Estados y el Parlamento Europeo, que ahora deberán aprobar el aplazamiento, ratificaron por mayoría la normativa en 2023. Sin embargo, el Partido Popular Europeo (PPE), la familia política de la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se había movilizado para retrasar la medida —como otras muchas de la agenda verde—, que busca cerrar el mercado europeo a diversos productos.
También se tuvo en cuenta a los ‘lobbies’ de los productores y a los principales países afectados por el reglamento, como Brasil, que se pronunciaron contra el reglamento y lo criticaron por ser “punitivo” y poco claro.
El canciller alemán, Olaf Scholz, socialdemócrata que gobierna en coalición con Los Verdes y que había votado a favor de la norma en su momento, pidió en verano a Von der Leyen retrasar la regulación. Desde las protestas del campo en varios países europeos, una veintena de ministros de Agricultura solicitó una revisión del reglamento; a esto se sumaron Estados Unidos y Australia.
¿Por qué cedieron?
Mediante un comunicado, el Ejecutivo comunitario indicó que, “la Comisión reconoce que, tres meses antes de la fecha de aplicación prevista, varios socios mundiales han expresado reiteradamente su preocupación por su estado de preparación; la última vez durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York”.
“Además, el estado de los preparativos entre las partes interesadas en Europa también es desigual. Si bien muchas esperan estar listas a tiempo, gracias a los intensos preparativos, otras han expresado su preocupación”, agregó en una comunicación en la que vende el aplazamiento como una iniciativa de apoyo a la normativa.
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¿Van muy rápido?
Bajo esta lógica, el retraso de 12 meses de la pionera ley es un triunfo de los sectores que buscan aparcar la agenda verde europea, con leyes como la de biodiversidad. Dicen que las medidas ambientales van demasiado rápido y tienen un gran impacto en la industria y la ciudadanía.
Todo esto también ocurre después de que, a principios de septiembre, 15 países, entre ellos Brasil, México, Colombia, Nigeria o Indonesia, reclamaron a la UE que revise la regulación, a pesar de que tuvieron año y medio para adaptarse. En una carta dirigida a la cúpula de las instituciones comunitarias, acusaron a la Unión de ser “inflexible” y de no tener en cuenta las circunstancias ni legislaciones nacionales, ni los mecanismos de certificación de los países productores. Además, sostienen que perjudica a los pequeños productores.
Si los nuevos plazos son aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo, la ley sería aplicable a partir del 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas y del 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas. “Dado que todas las herramientas de implementación están técnicamente listas, los 12 meses adicionales pueden servir como un período de adaptación para asegurar una implementación adecuada y efectiva”, indicó el Ejecutivo.
