El Congreso aprobó sanciones hasta de 28 millones de pesos a los conductores que conduzcan embriagados. El presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, habló con LA NACIÓN sobre esta ley, la destitución de Petro y el reto de la paz.
Pese a las múltiples dilaciones, la ley que impone severas sanciones a los conductores que conduzcan embriagados, es una realidad. Sólo falta la aprobación de un título, que se espera mañana lunes en la Cámara y quedará lista para la sanción presidencial.
LA NACIÓN habló con el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, sobre el alcance y las medidas sancionatorias de esta norma. Cristo además opinó sobre la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, e hizo un balance sobre el actual periodo legislativo y los retos que en el 2014 le esperan al Congreso.
¿Cuál es el impacto histórico en esta nueva ley de los conductores ebrios?
Creo que es una primera respuesta del Congreso de la República a un anhelo, de muchos años, de los ciudadanos de este país. Llevábamos varios fracasos, varios intentos…En el país estamos en unos niveles de subdesarrollo en esta materia, por lo tanto es conveniente y sabio este proyecto que permitirá combatir este flagelo.
¿Cuál es el mensaje que lleva?
Es enviarle un mensaje a la sociedad colombiana y a quienes de manera irresponsable se ponen al mando de un vehículo en estado de alicoramiento, de que eso no es una conducta aceptable socialmente, ni penalmente. Y el Congreso envía ese mensaje endureciendo penas, aumentando multas, haciendo más dura la suspensión y cancelación de las licencias, tomando todo un catálogo de medidas, que en su conjunto deben conducir a persuadir a cada colombiano que piense en cada momento que va a ponerse al mando de un vehículo habiendo ingerido licor.
¿Qué contempla la ley?
Contempla primero, agravación punitiva en lo penal a quienes incurran en el delito de homicidio culposo o doloso conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. No habrá más excarcelación a aquellos que quiten la vida a sus conciudadanos manejando en ese estado. En segundo lugar, unas multas con efecto disuasivo, que llegan incluso a más de 25 millones de pesos para quien siendo reincidente sea pillado conduciendo en estado del nivel 3 de alcoholemia. Una suspensión y cancelación de licencia que va hasta los 25 años de suspensión y hasta la cancelación. Una medida de inmovilización de los vehículos que puede ir hasta 30 días.
¿Cómo quedan las multas económicas?
Bueno, se aumentaron sustancialmente las multas. Varían de acuerdo al grado de alcoholemia, y sí es la primera vez o sí es reincidente la persona. Son multas que van desde 90 salarios mínimos legales ($1.768.500) en el grado mínimo de alcoholemia y cuando es por primera vez, hasta 1.440 salarios mínimos legales ($28.296.000) cuando es grado máximo de alcoholemia y ya es un reincidente por 3 vez.
¿Qué opinión le merece la sanción del Procurador al Alcalde de Bogotá?
Yo opino que la primera reacción que debemos tener todos los demócratas y los respetuosos del Estado Social de Derecho es acatar y respetar las decisiones de quién está establecido institucionalmente que tiene que tomar esa serie de medidas. Es evidente que el Procurador, según la Corte Constitucional, tiene esa facultad, esa competencia. Otra discusión es sí compartimos o no las sanciones sobre todo la proporcionalidad de la misma.
¿Cree usted que la sanción es desproporcionada?
A mi francamente me parece exagerado y desmesurado y puede ser responsabilidad del Código Único Disciplinario, que a un alcalde por cometer una falta administrativa, si se le comprueba, termine decretándose la muerte política y administrativa. Está bien que se impongan sanciones de carácter disciplinario, pero, esa figura de inhabilitar a mí me parece francamente muy retardataria, y no garantiza la libertad, el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos de este país.
Algunos juristas dicen que es el Presidente de la República quien debe sancionar en todo caso al Alcalde Mayor de Bogotá y no el Procurador.
¿Qué piensa usted?
No, no he estudiado el tema. He escuchado esta tesis en los últimos días, pero no tengo elementos de juicio para valorarlo. Las competencias y los límites tendrán que ser estudiados en la reforma total a la justicia y al sistema de equilibrio de poderes en Colombia.
¿Cuál es su balance de este año al cierre legislativo?
Creo que ha sido muy positivo. Algunos apostaban a que no íbamos a tener un mayor movimiento legislativo por cuenta de la campaña electoral. El Congreso y el Senado le han cumplido al país. Sacamos adelante iniciativas muy importantes, la ampliación del 4×1000, el Código Penitenciario, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Infraestructura, el salvamento financiero de la Universidad Nacional, luego, hay un balance bastante positivo. Pero, además el Congreso jugó un papel fundamental en la crisis de la protesta social, y ya hemos comenzado a debatir obviamente el tema de la necesaria Reforma a la Justicia que tendrá que hacerse en Colombia.
¿Y qué retos le esperan al Congreso de la República en el 2014?
Yo creo que el nuevo reto del Congreso es sin duda alguna el de la Paz. El segundo periodo de este Congreso, de marzo a junio, y el nuevo Congreso que se instala en junio, tendrá una tarea monumental, para aclimatar el proceso de paz, para blindar los eventuales acuerdos que hagan el Gobierno y las Farc en la Habana y sobre todo para avanzar en el cumplimiento de esos acuerdos hacia el futuro y especialmente en la implementación de las medidas para el posconflicto.
¿Cómo se va a preparar el país para el posconflicto especialmente en las regiones?
Yo creo que ese es el gran desafío que tiene el proceso de paz. Tenemos que llevar la paz a los territorios, aclimatar la paz en los territorios, reparar a las víctimas en los territorios, aumentar la inversión social en los territorios, reducir los niveles de desigualdad en los territorios, y darle a esos territorios que han sido afectados por el conflicto, representación política… por eso, esa figura del punto dos en la agenda de la Habana, de las circunscripciones especiales en esos territorios en conflicto a mí me parece bastante audaz, atractiva y conveniente.
¿Cómo hacer para que los colombianos crean en el Congreso?
Pues trabajar mucho más. Cumplir como cumplimos hoy con esas expectativas de los colombianos frente al castigo a los conductores ebrios y sobre todo, combatir una práctica que me parece que se está convirtiendo en un cáncer que carcome la legitimidad del Congreso y que es el ausentismo.
“No más excarcelación a aquellos que quiten la vida a sus conciudadanos manejando borrachos”
“A mi francamente me parece exagerado y desmesurado que a un alcalde por cometer una falta administrativa, termine decretándose la muerte política y administrativa”
