El exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez Trujillo, dos de sus colaboradores y una contratista, recobrarán su libertad hoy. El juez de conocimiento revocó la medida de aseguramiento impuesta en el mes de agosto. Los exfuncionarios públicos y civiles están siendo investigados por las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de remodelación del estadio de fútbol ‘Guillermo Plazas Alcid’.
“La argumentación de la Fiscalía ha sido mínima, nula…no comprobó que la medida de aseguramiento impuesta fuera adecuada, proporcional y necesaria…”, sentenció el juez al ordenar la libertad inmediata del exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez Trujillo, dos de sus colaboradores y una contratistas.
La decisión fue adoptada ayer por el Juez Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento al revocar la medida de aseguramiento carcelario que impuso el Juez Tercero Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías el pasado mes de agosto por solicitud de la Fiscalía 17 Seccional de Neiva.
Con la disposición del togado el exalcalde Suárez Trujillo, exjefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes Ramírez; el exdirector de Deportes Carlos Alberto Ramos y la ingeniera civil, Érika Johana Hernández Figueroa, representante legal del Consorcio Diseños Estadio, volverán hoy a la libertad.
Los exfuncionarios públicos se encuentran recluidos en el complejo carcelario y penitenciario de Picaleña en la ciudad de Ibagué (Tolima). Mientras Erika había sido beneficiada con prisión domiciliaria.
El togado en la diligencia de la revocatoria de la medida de aseguramiento, manifestó que la Fiscalía no logro demostrar que fuera necesaria para que los investigados no fuerana obstruir la justicia. “Es que la argumentación de la Fiscalía ha sido mínima, nula, en lo que tiene que ver para solicitud de medida de aseguramiento por obstrucción a la justicia…”.
Agregó además el juez que tampoco se demostró que fueran un peligro para la sociedad.
Señaló que dada la “carencia argumentativa de la delegada de la Fiscalía”, ordenaba la libertad inmediata de los cuatro exfuncionarios públicos y de la ingeniera.
Edgar Bello Pascuas, abogado defensor de los exfuncionarios, se mostró satisfecho con la decisión del juez y señaló que la medida de aseguramiento impuesta a sus clientes había sido exagerada. “La Fiscalía nuca pudo demostrar que estar personas constituyeran un peligro para la sociedad, que hubieran ocultado pruebas o que no iban a comparecer. La era exagerada”.
El juez señaló sin embargo que ninguno podrá salir del país. Sobre el exalcalde Suárez Trujillo y sus excolaboradores les prohibió ir a la Alcaldía Municipal de Neiva y la Gobernación del Huila. Ordenó además a los cuatro presentarse cada mes al despacho.
Junto al exmandatario Suárez Trujillo, el exjefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes Ramírez; el exdirector de Deportes Carlos Alberto Ramos Parrací; Érika Johana Hernández Figueroa, representante legal del Consorcio Diseños Estadio, son procesados los contratistas Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal de Consorcio Estadio 2014; Gustavo Adolfo Arboleda Álvarez, contratista y representante legal de la Unión Temporal Neiva 2012; la ingeniera civil, y el curador Primero de Neiva, Mauricio Vargas Cuéllar.
El grupo es investigado por su responsabilidad en las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de remodelación del estadio de fútbol ‘Guillermo Plazas Alcid’.
EL CONTRATO
El delegado del ente acusador manifestó que en la administración de Suárez Trujillo, en el periodo 2012-2015, se gestionó el proyecto de adecuación y remodelación arquitectónica y estructural del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.
Precisó que Ramos Parrací, como director del Inder de Neiva, elaboró los estudios previos para el reforzamiento estructural y arquitectónico del estadio de fútbol. “Se estableció para esos estudios un presupuesto de 360.521.400 millones de pesos”.
Los estudios fueron presentados en 15 de agosto de 2012 a Puentes Ramírez, jefe de la Oficina de Contratación de Neiva, para que continuara con la fase de trámite y celebración del contrato que fue el de consultoría 921 de 2012.
Para la adjudicación se adelantó un concurso de méritos con el objeto de la elaboración de los estudios y diseños para la adecuación, remodelación arquitectónica y estructural del estadio de fútbol, ganado por la Unión Temporal Neiva 2012 representada Lozada Álvarez y “por parte de la Alcaldía el jefe de contratación Puentes Ramírez, delegado por el alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo”, explicó el fiscal.
Aseguró que el contrato de interventoría se designó la supervisión del contrato a la Dirección de Recreación y Deporte de Neiva en cabeza de Ramos Parrací, para ejercer control, vigilancia y cumplimiento del mismo. “Elaboró los estudios previos, el presupuesto y allegó CDT para que se llevara a cabo la contratación”.
Puentes Ramírez, mediante concurso de mérito, adjudicó la interventoría del contrato al Consorcio Diseños Estadio, representado legalmente por Érika Johanna, cuyo objeto era realizar la interventoría técnica y financiera al contrato.
Las irregularidades
En la audiencia de imputación el fiscal señaló que se presentaron irregularidades que van desde no incluir un ingeniero geotécnico, pasando por no pagar la licencia urbanística a la curaduría como hasta no cumplir con la entrega total de los diseños.
Según las investigaciones en el contrato del 9 de junio de 2012 en el pliego de condiciones no se incluyó como requisito “militante y evaluable un personal mínimo correspondiente a ingeniero civil especialista en geotecnia…necesario en la etapa de diseño para estructuras que tienen entre cuatro y diez niveles clasificado como categoría media”.
Precisó que la ausencia del ingeniero obligó al consorcio subcontratar con la firma Sico Ltda de Bogotá, para que hiciera el estudio “sin estar autorizada la contratista para subcontratar”.
Aseguró que se vulneró el principio de planeación al utilizar un estudio de vulnerabilidad del año 2010 presentado por el ingeniero José Fernando Perdomo ese mismo año a la Alcaldía de Neiva, como fundamento para las adjudicaciones proyectadas por la Unión Temporal Neiva 2012 en la tribuna occidental. “Dicho estudio de vulnerabilidad sísmica no contemplaba ampliaciones y obras nuevas, por ello el técnico investigador del CTI estableció mediante un informe que ese estudio es obsoleto para lo que se iba a realizar el reforzamiento estructural”.
Sostuvo que el estudio de vulnerabilidad realizado por el ingeniero Efraín Calderón Calderón, en noviembre de 2013, concluye que lo más adecuado es demoler toda la estructura de la gradería oriental para ejecutar una estructura ajustada a la normativa que hoy nos rige.
Agregó el fiscal que el arquitecto consultor, Carlos Mario Rodríguez, al emitir su concepto técnico de tipo de arquitectura y diseño, plantea la conservación de las graderías oriental y occidental entreviéndolas con procesos de reforzamiento estructural que garantice su estabilidad.
“Se infiere que no se planificó dicha contradicción ni por el consultor ni por la Administración porque el presupuesto se elaboró contemplando las obras de reforzamiento estructural para estas dos tribunas, pero la licencia de construcción se expidió ordenando la demolición de la tribuna occidental, y pese a ello esta decisión no fue tenida en cuenta ni por el alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo ni por el jefe de contratación Carlos Fernando como tampoco por Carlos Alberto Ramos Parrací realizando los ajustes correspondientes a los estudios”, señaló el delegado de la Fiscalía.
No pagó la licencia de construcción
Las investigaciones permitieron además a la Fiscalía establecer que la contratista no cumplió con la entrega total de los diseños, como entradas, rampas, redes de gas, “lo cual se hizo evidente posteriormente en la etapa de ejecución de la obra, cuando fueron reiteradamente requeridos por el contratista tanto al Imder como al ingeniero Martín Calderón Calderón según actas (10) de comité técnico”.
Añadió que la contratista no tramitó los documentos soportes para obtener la licencia de construcción ni la pagó, costos que estaban incluidos en el contrato. “Se tuvo conocimiento por cuanto fue Pedro Hernán Suárez Trujillo y Carlos Alberto Ramos Parrací, entre otros, quienes tramitaron y cancelaron ante la Curaduría Urbana Número Uno de Neiva la aprobación de los diseños y la licencia urbanística de construcción por $347.500 y $101.5005.005”.
El fiscal manifestó que Suárez Trujillo como Alcalde, jefe de la administración del municipio de Neiva y ordenador del gasto; Ramos Parrací y Puentes Ramírez, jefe de contratación, como servidores públicos estaban obligados a buscar el cumplimiento y correcta ejecución del contrato “no lo hicieron vulnerando el principio de responsabilidad”.
Agregó que las obligaciones incumplidas por el contratista Unión temporal Neiva 2012 eran de “pleno conocimiento de Carlos Alberto Ramos Paraccí, de Pedro Hernán Suárez Trujillo y Carlos Fernando Puentes Ramírez, porque fueron quienes conocieron de primera mano las prestaciones exigidas entre el objeto del contrato y los incumplimientos por cuanto fueron los servidores públicos únicos encargados de realizar el concepto contractual”.
Sostuvo que el entonces alcalde Suárez Trujillo vulneró el principio de planeación y de celebración. “Violó el principio de selección objetiva al delegar a Carlos Fernando Puentes Ramírez la tramitación y celebración del contrato con la Unión temporal Neiva 2012 sin existir propuesta técnica”.
Agregó que no presentó la propuesta en el concurso de méritos, “con experiencia, capacidad intelectual” lo que generó que se suspendiera el contrato por 87 días por falta de un ingeniero geotecnista y equipos necesarios que no tenía la empresa y por ello subcontrataba.
Agregó además que el exmandatario vulneró los principios de transparencia y responsabilidad “como Alcalde de Neiva, sabía que al tramitar, liquidar el contrato de consultoría 921 de 2012 con las irregularidades mencionadas era delito y quiso su realización sin causarle preocupación alguna. Usted no exigió estudios de vulnerabilidad y sísmico resistencia adecuados, máxime cuando dichos estudios eran de obligatoria realización”.
