A las 4:20 de la mañana de este este jueves la Jueza Octava Penal Municipal de Control de Garantías de Neiva, en el Palacio de Justicia, tomó la decisión de dejar en libertad provisional -pero vinculados al proceso- a los capturados por la Fiscalía en el caso del Eje Lúdico.
Según argumentaron los abogados defensores los sindicados: exjefe de Planeación de la Alcaldía de Neiva, María Amelia Monroy; los funcionarios de la Alcaldía, Élica Ximena Gómez Tovar, ingeniera civil, y el abogado Andrés Felipe Tamayo Polanía; el exfuncionario Alex Fernando Osorio Muñoz y los contratistas Alexander Herrera Rodríguez y Camilo Andrés Pérez Sanabria; no son un peligro para la sociedad.
Además no cuentan con antecedentes penales, tienen arraigo en la ciudad, pueden seguir compareciendo a las audiencias y demostrar su inocencia en libertad, por eso la togada no acogió la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario realizada desde ayer por el ente acusador.
De todas maneras los implicados deberán responder por presuntas irregularidades en el proyecto del Eje Lúdico en la capital huilense. La Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos manifestó, que tiene los elementos materiales probatorios suficientes por los que son investigados el grupo de personas.
El representante del ente acusador endilgó a la exjefe de Planeación los delitos de falsedad ideológica en documento público y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. A Alexander Herrera Rodríguez, uso de documento falso y contratos sin cumplimiento de requisitos legales; mientras que a Camilo Andrés Pérez Sanabria, uso de documento falso, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en provecho propio.
Entre tanto, a Élica Ximena Gómez Tovar y Alex Fernando Osorio Muñoz, falsedad, y Andrés Felipe Tamayo Polonía, los delitos de falsedad ideológica en documento público y contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
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El caso y las capturas
El lunes ocho personas, entre ellas antiguos funcionarios del ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez fueron detenidas, por supuestas anomalías en la adjudicación del eje lúdico, proyectado sobre la antigua ruta del Ferrocarril. Los contratistas también fueron detenidos precautelativamente en desarrollo de una investigación realizada por la Fiscalía.
“El operativo está en desarrollo, hay ocho personas que fueron detenidas como presuntos responsables. Este miércoles se darán los detalles de este supuesto caso de corrupción”, afirmó Justino Hernández, director seccional de Fiscalías, sin dar más detalles.
Por este hecho estaría vinculado Andrés Espitia Duque, quien figuraba como súper asesor delegado en materia de contratación y quien adjudicó en tiempo récord el contrato. El ex funcionario se encuentra con detención domiciliaria purgando una sentencia por la adquisición de tapas. Sin embargo, el propio funcionario advirtió anoche que no ha sido requerido ni notificado de ninguna decisión.
Por este hecho fueron detenidos ayer el abogado Alex Fernando Osorio Muñoz, asesor jurídico y la ingeniera, Elica Ximena Gómez Tovar, miembros del comité de evaluación. Los dos realizaron el análisis jurídico y técnico de las propuestas.
Igualmente fue privado de su libertad Felipe Tamayo, funcionario de la Secretaría General de la Alcaldía de Neiva y Amelia Monroy, ex directora de Planeación, encargada de realizar los estudios previos y darle la viabilidad técnica para licitar esa obra incluida en un programa de recuperación del espacio público. Esa fue su única participación en el polémico proceso, adjudicado en las postrimerías del mandato.
El ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez se presentó ayer personalmente a la Fiscalía para indagar sobre estos hechos. El organismo, según un cercano asesor, le anunció que contra el ex mandatario no había ningún requerimiento por este caso. La Fiscalía no confirmó esta versión.
Extraoficialmente se reportó la detención de los contratistas, quienes recibieron el anticipo y una adición, sin que se hubiese ejecutado la obra ni haber devuelto los dineros. Las detenciones se produjeron en Barranquilla y Yopal (Casanare).
La primera fase del eje lúdico estaba proyectado en la margen de seguridad de la carrera 16 entre calles 27 y 41, en virtud de un comodato, vigente desde el año 2002.
El proyecto según los estudios previos podía utilizarse como moto-ruta o ciclovía. Además, contemplaba un área de vóley playa, canchas de mini fútbol y zonas de juego para los niños.
El ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y su asesor Andrés Espitia fueron investigados disciplinariamente. Por estos hechos, la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal les formuló cargos porque presuntamente vulneraron el principio de responsabilidad en sus condiciones de servidores públicos y los postulados que rigen la contratación estatal. La falta fue considerada gravísima.
La Procuraduría General de la Nación, al borde de la prescripción, archivó el expediente iniciado por una queja que formuló el 8 de noviembre de 2013, el Departamento Nacional de Planeación, en desarrollo de una interventoría administrativa y financiera.
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La contratación
La polémica cicloruta fue adjudicada en un acelerado proceso licitatorio y se firmó el 29 de diciembre de 2011, dos días antes de terminar el mandato del alcalde Héctor Aníbal Ramírez.
A la licitación se presentaron otros cinco proponentes. Sin embargo, el contrato quedó en manos de la Unión Temporal Eje Lúdico Carrera 16 con sede en Sogamoso (Boyacá), conformada por Ingenial Construcción Ltda, representada por Lee Marvin Fuentes y la firma Ingearki Ltda, representada por Andrés Pérez y Víctor Agudelo. Las otras cuatro firmas fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos.
La adjudicación se oficializó mediante Resolución No. 770 de 2011.
El contrato 862 fue refrendado en medio de las afugias, propias de la finalización del periodo de gobierno por Andrés Espitia, súper asesor de contratación de la alcaldía, el 23 de diciembre de 2011 y el representante de la firma Alexander Herrera Rodríguez, reemplazado luego por Lee Marvin Fuentes. El jefe de contratación Euclides Dussán se había declarado impedido.
El proyecto, financiado con recursos de regalías petroleras, tuvo un valor de $1.815,55 millones de pesos. La interventoría adjudicada a la firma Sinco Ltda se contrató por $79,99 millones. Los dineros públicos quedaron sepultados en medio de la maleza, sin que haya sido posible su recuperación. El concejal Jesús Garzón ha realizado tres debates de control político sobre la pérdida de esos recursos.
La obra, como lo registró LA NACIÓN, no pudo despegar en medio de la improvisación. El acta de inicio fue firmada el 26 de enero de 2012, al año siguiente durante la administración de Pedro Suárez quien acababa de asumir el cargo.
El plazo: tres meses. Inicio: 15 de febrero: Fecha límite: 14 de mayo de 2012. Solo lo primero se cumplió. El 12 de febrero el jefe de Planeación, Óscar Eduardo Bermeo, anunció la suspensión de la obra por supuesta fuerza mayor.
El 19 de octubre se acordó otra suspensión de la obra por 64 días, según el acta suscrita por las partes. La razón: un comodato firmado inicialmente con Ferrovías había expirado días antes de la adjudicación y, por motivos ajenos, el contrato debía liquidarse por mutuo acuerdo.
El contrato según expertos había sido adjudicado sin que el municipio tuviera la titularidad del derecho de dominio ni contaba con los permisos requeridos para la ejecución de la obra.
En estas condiciones la Alcaldía no podía destinar partidas presupuestales ni recursos para proyectos de infraestructura que no correspondan a bienes de su propiedad, ya que generaría una responsabilidad extracontractual de naturaleza objetiva por la ocupación de inmuebles en predios ajenos.
Los esfuerzos para asegurar la renovación del convenio resultaron infructuosas. Ante la negativa del Invías para renovar el comodato la oficina de Planeación ordenó la liquidación del contrato.
Según el ex alcalde Ramírez, el comodato estaba automáticamente prorrogado y la administración podía disponer el corredor férreo para el proyecto de moto-ruta. Además, confirmó que había constituido las pólizas de garantías que se requerían para la administración del inmueble. Ese argumento sirvió para que el ex procurador Alejandro Ordoñez archivara el proceso disciplinario.
El comodato estuvo vigente hasta el primero de octubre de 2012 cuando el Invías haciendo uso de las cláusulas compromisorias reasumió la titularidad del predio.
¿Y la plata?
Según el acta de liquidación expedida el 16 de abril de 2015, el contratista recibió la suma de 823,64 millones. De estos un anticipo del 30% ($544,66 millones) y el primer pago por $278,97 millones según actas parciales. Quedó a favor del municipio un saldo de $372,44 millones de pesos que el contratista no ha restituido.
La oficina jurídica reportó que a pesar de los múltiples requerimientos el representante legal del consorcio, Lee Marvin Fuentes, no ha reembolsado los dineros que le giraron por la ejecución del fallido contrato.