Tal como se registró en estas páginas, el Consejo de Estado dejó en firme una condena contra la Alcaldía de Neiva por el abuso sexual al que fueron sometidas por parte de un docente tres menores de edad en el colegio Oliverio Lara.
Así las cosas, la administración municipal ha quedado obligada a responder patrimonialmente por los daños a la salud ocasionados a las víctimas directas y los perjuicios morales a sus parientes más cercanos.
El episodio de violencia sexual data de hace 15 años. El abusador, Jorge Luis Vidarte, ya condenado, fue denunciado ante la Fiscalía el 7 de noviembre de 2008 por la madre de una de las tres menores agredidas. “Las sacaba a la hora del descanso, las llevaba a su casa y allí practicaba actos sexuales con ellas”, contó. La rectora de la institución educativa Miriam Teresa Oviedo conoció de los hechos dos días después.
El docente fue destituido e inhabilitado y actualmente se encuentra en prisión purgando una condena de 180 meses de prisión.
Lo que la justicia cuestiona es que “el docente tenía antecedentes en materia de abuso sexual a sus alumnas y la administración municipal sabiéndolo, no tomó decisiones para impedir que el victimario continuara realizando esta misma clase de conductas depravadas”. Es más, el Tribunal Administrativo del Huila insiste en que “el Municipio de Neiva, como nominador, administrador y director de la educación en el ámbito de su jurisdicción debió implementar medidas para la protección de los menores”.
La condena envía un mensaje aleccionador frente a las acciones que se deben tomar cuando se está frente a la inminencia de conductas que vulneren los derechos fundamentales de cualquier menor de edad. Las instituciones y quienes están al frente de ellas no deben escatimar ningún esfuerzo a la hora de prevenir abusos sexuales en las aulas de clase. Dicho en otras palabras: no pongan el lobo a cuidar las ovejas.
