La Defensoría del Pueblo alertó que en seis municipios del Huila existe una muy alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia o ya se han consumado, en el marco del proceso electoral que se vive actualmente. La entidad envió recomendaciones urgentes.
CATERIN MANCHOLA
Mediante Alerta Temprana Electoral, la Defensoría del Pueblo emitió un documento de advertencias sobre el proceso electoral que se vive en Colombia de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, cuando se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y ediles.
El informe de advertencias es importante para el Huila pues es uno de los departamentos con zonas de mayores riesgos sobre actos violentos y varios de estos ya se han materializado.
Algeciras, Baraya, Íquira, La Plata, Neiva y Tello en Huila hacen parte de los 113 municipios que la Defensoría categorizó como zonas con “riesgo extremo, por su alta probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia, en el marco del proceso electoral y con registros de acciones por parte de grupos armados al margen de la ley”, indica la entidad.
Dicho riesgo se da en el proceso electoral por incidencia de grupos armados ilegales y otros, así como por la conjunción de vulnerabilidades y capacidades que pueden afectar el proceso electoral, donde las principales variables son:
- La expansión y fortalecimiento de grupos armados desde 2016.
- La falta de coordinación políticas públicas/Nación Territorio: Política de seguridad, Paz Total y Plan Democracia.
- Y el control social e injerencia en el proceso electoral por parte de grupos armados.
Concretamente en la región del Huila, Caquetá y Putumayo la Defensoría ha podido comprobar que operan actores armados ilegales como las “Facciones Disidentes de las FARC-EP, Frente 1º, Bloque Jorge Briceño, Frente Dagoberto Ramos; Segunda Marquetalia, en alianza con Comandos de la Frontera; Eln; y grupos de crimen organizado binacional”.
Algunos hechos
Y es que durante los últimos días en Huila se han presentado varias situaciones que tienen alarmados tanto a algunos ciudadanos como a candidatos; y varios aspirantes analizan la posibilidad de retirarse de la contienda electoral.
Además de las personas desplazadas en el centro poblado San Miguel en La Plata, tras el asesinato de Harlin Salomé Usa Mosquera, una niña de 4 años de edad quien fue alcanzada por dos balas perdidas en medio de una balacera entre el Ejército e integrantes de la Columna Móvil ‘Dagoberto Ramos’, en ese municipio la semana pasada asesinaron a la esposa de un candidato a la Alcaldía Municipal.
Blanca Marín era esposa de Carlos Eduardo Hoyos Gamba, candidato del movimiento Colombia Humana a la administración municipal. Incluso el presidente Gustavo Petro dijo que se trató de un golpe a la colectividad; “que se sepa a dónde dirigen la violencia”, dijo.
De igual manera en Algeciras varios candidatos anunciaron oficialmente que hacían un alto en el camino de su campaña política, luego de recibir un panfleto intimidatorio supuestamente de autoría de las disidencias de las Farc. Aspirantes al Concejo Municipal y el candidato a la Alcaldía, Alexander Martinez, por parte del partido Liberal esperan a que se esclarezca la veracidad de las amenazas y contar con más seguridad para retomar el proceso. En tanto que Kenia Fernanda Espinosa Beltrán decidió “renunciar rotundamente” y ello fue “por temor de la integridad mía y la de mi familia”, subrayó la liberal.
Adicionalmente, en los demás municipios que se mencionan en la alerta, la situación también es tensa. Por ejemplo, cuatro jueces de la República, debieron salir de sus despachos judiciales en los municipios de Baraya, Tello y Algeciras, al conocer de una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo y recomendación de la Fuerza Pública, ante la presencia de grupos disidentes de las Farc en la zona.
En el caso concreto de Neiva la situación no es menos preocupante. De acuerdo con el personero municipal, Wilson Díaz Sterling, las alarmas se han encendido sobre todo en la zona rural del municipio, donde “es un hecho la presencia de grupos al margen de la ley en Huila y en el sector rural de Neiva, donde en algunos corregimientos han venido retomando el territorio, hacen visible su permanencia en comunidades ante la ausencia del Estado o fuerza pública o servicios que garanticen los derechos fundamentales”.
Expuso que, en promedio, entre 30 y 40 personas se están auto declarando como víctimas del conflicto y llegan de otras zonas del departamento, e incluso de la Neiva rural. Muchos de los hechos que se advierten aún no han sucedido, agregó, “son advertencias, sin embargo, en el Comité de Garantías Electorales del día sábado en la capital opita se pudo evidenciar que están todas las garantías por parte de las instituciones para que las elecciones se puedan realizar, no existen mayores dificultades de reubicación de puestos o de amenazas puntuales en algún corregimiento”.
Como dato curioso, en San Antonio de Anaconia, una vereda del corregimiento Vegalarga se incrementó el número de cédulas inscritas, al mismo tiempo, “ha sido masivo la inscripción de cédulas en la ciudad, la cifra supera las 13.900 nuevas”, sostuvo el personero de Neiva.
La Personería no conoce amenazas contra candidatos en el caso concreto de la capital opita.
Las recomendaciones
La Defensoría del Pueblo emitió 10 recomendaciones a distintos actores, uno de estos es la Oficina Del Alto Comisionado De Paz, para que “en el marco de los diálogos y conversaciones que se adelanten en virtud de la Ley 2272 de 2022 y 2294 de 2023, exhorte a los GAO para que se abstengan de intervenir en los comicios del presente año”.
Al Ministerio de Defensa y demás a quien compete, “garantizar el debido pie de fuerza en los territorios advertidos para brindar seguridad a los puestos y mesas de votación ubicados en las zonas urbanas y rurales”.
A la Fiscalía que fortalezca los mecanismos de recepción de denuncia con enfoque territorial y poblacional.
A la Unidad Nacional De Protección priorizar los estudios de nivel de riesgo de los precandidatos y candidatos que han solicitado medidas de protección.
A la Procuraduría General De La Nación y Personerías municipales adelantar las investigaciones de los procesos existentes en materia de constreñimiento electoral por parte de los trabajadores o contratistas de los entes estatales, que bajo amenaza vean menoscabado su derecho al voto libre y voluntario, por estar confrontados a desistir de dicho derecho por salvaguardar su derecho y acceso al trabajo.
Riesgo alto
Otros 286 municipios en Colombia presentan un riesgo alto de probabilidad de ocurrencia de hechos de violencia y con consumación de amenaza por parte de grupos armados al margen de la ley.
Colombia, Aipe, Palermo, Campoalegre, Acevedo y La Argentina son los municipios huilenses que figuran con esta alerta en la región opita.
