Varios compromisos se fijaron durante la Mesa Pública Penitenciaria y Carcelaria, entre esos una inversión de $1.000 millones para el mejoramiento del comedor y la construcción de un centro de aislamiento en la cárcel de Neiva, ubicada en jurisdicción de Rivera. La Defensoría del Pueblo hizo, por su parte, fuertes reparos a las condiciones en que permanece la población reclusa en la región.
Johan Eduardo Rojas López
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Una radiografía de la realidad de las cárceles del Huila conllevó a la realización de una Mesa Pública Penitenciaria y Carcelaria, en donde se plantearon soluciones para mitigar la crisis de hacinamiento, problemas de salud, deterioro de la infraestructura, acceso a la justicia y alimentación de la población privada de la libertad, PPL.
Fue en ese espacio, luego de exponerse las múltiples problemáticas que enfrentan los centros penitenciarios del Huila, que el gobierno de Gustavo Petro, a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, anunció la gestión de recursos para mitigar estas falencias y el monitoreo constante del cumplimiento de los compromisos que se pactaron en el encuentro de ayer.
Karol Vanessa Ortigoza Vargas, subdirectora nacional de la USPEC, anticipó que dentro del objetivo de mostrar cercanía con los territorios, decidieron llegar por primera vez en la historia a este departamento para conocer de cerca las dificultades y peticiones existentes por parte de los centros penitenciarios.
Anunció de esta manera, millonarios recursos para atender la dificultad de infraestructura carcelaria, en especial, para la reconstrucción del comedor de la cárcel de Neiva, ubicada en jurisdicción de Rivera. “Inicialmente se está hablando de un promedio de cerca de $1.000 millones, en donde $800 millones serán destinados para el arreglo, adecuación y construcción de un nuevo comedor, pero adicional, un recurso necesario para poder asegurar un centro de aislamiento para los casos complejos de salud”, aseguró Ortigoza Vargas.
Pero esto no es todo, pues dentro de 15 días visitarán Pitalito para llevar otros recursos en aras de mejorar las condiciones de los reclusos, igualmente, articularán esfuerzos con La Plata y Garzón para ese mismo fin. En ese sentido, continuarán haciéndole seguimiento a los recursos y al cumplimiento de los compromisos. “Articularemos esfuerzos para traer inversión, mejora y acompañamiento presencial para cada una de las necesidades de nuestro departamento”, advirtió.
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Poniendo la cara
Rafael García, director de Infraestructura de la USPEC, explicó que ellos atienden condenados y no sindicados, por tanto, no desean evadir responsabilidades, sino que ponen la cara frente a este tema complejo que requiere recursos importantes.
“El gobierno nacional está manejando unas líneas de financiación para construir cárceles para sindicados; yo me ofrezco en acercar a los alcaldes interesados a la oficina asesora. Esto ayudaría a mitigar el hacinamiento”, dijo.
Grandes falencias
Johana Elena Rojas Herrera, Defensora del Pueblo, afirmó que, como Ministerio Público llamaron la atención de toda la institucionalidad de la region y el país, para prevenir la posible violación de los derechos humanos de la población privada de la libertad.
Y es que le parece inaudito que la oficina Jurídica de la cárcel solamente atienda solicitudes de beneficios administrativos, los lunes y jueves. “Eso debe resolverse en el corto plazo, por eso hacemos el llamado para que no exista ninguna limitante cuando los ciudadanos exigen sus derechos que están amparados por la Constitución y que están siendo atendidos de manera tardía”, insistió.
Dijo también que la situación que viven las cárceles del Huila, son problemáticas estructurales que no merecen ser atendidas bajo soluciones coyunturales, es decir, con ‘pañitos de agua tibia’.
Pitalito con mayor hacinamiento
Según lo dicho por la Defensora del Pueblo, la cárcel de La Plata es la que mayor problema estructural presenta, mientras que, en Pitalito se registra el mayor hacinamiento.
Bajo esa lógica, se evidenció que, en Garzón existe un hacinamiento del 9%, en Neiva de 42.1%, en La Plata de 44% y en Pitalito de 58%, desde luego, hablando de los Centros de Reclusión Territoriales, ERON.
“Los PPL no tienen los mínimos vitales, pues hay problema con los operadores, no hay personal de salud y psicólogo presencial, los diagnósticos y los tratamientos, son demorados; se tiene un equipo de trabajo muy pequeño, quienes no dan abasto para descongestionar las solicitudes. Además, la mayoría de la infraestructura está a punto de la decadencia, si no se hace algo, podría colapsar”, argumentó Rojas Herrera.
Por ahora, espera que ese espacio haya sido de gran provecho para que los mandatarios locales tomen cartas en el asunto e informó que “vamos a ejercer toda la veeduría frente a los recursos que se comprometieron en entregar a corto plazo y esperamos que estos convenios se hagan de manera efectiva”.
Seguirán monitoreando la situación
Frente a ello, el procurador regional Diego Alexis Tello Esquivel, quien abanderó el espacio, dejó claro que se estableció adelantar una Mesa Pública bimensual para hacerle seguimiento a cada uno de los compromisos que se asumieron.
“Se les instó a todos los entes territoriales a que destinen los recursos necesarios que permitan generar esos espacios independientes a los ERON en cada uno de los municipios para que puedan estar los PPL que se encuentran con detención preventiva. Importante que lo hagan ahorita teniendo en cuenta que se encuentran desarrollando los Planes de Desarrollo. Además, se exhortó a cada una de las Contralorías para que se lleven a cabo auditorías desde el punto de vista fiscal de todos los recursos que se han venido destinando previamente, como los que se destinarán en materia penitenciarias”, concluyó Tello Esquivel.
Asimismo que, los entes territoriales destinen recursos para garantizar en sus municipios algunos predios donde puedan desarrollarse o mantener estos procesados y no seguir en las estaciones de Policía.
Agregó así que, “se busca que cada uno de los alcaldes hagan seguimiento a esa labor y responsabilidad que tienen, de mantener estos detenidos transitorios en cada municipio”.
Cárceles de más de 40 años
Jorge Enrique Luna, juez Cuarto de Ejecución de Penas, sostuvo que esta iniciativa es fundamental para empezar a encontrar soluciones sobre esta situación que ellos venían advirtiendo con anterioridad y todo debido a que las cárceles del departamento ya tienen más de 40 años y requieren cambios estructurales.
Llamado al gobierno nacional y departamental
El alcalde de Pitalito, Yider Luna, por su parte, dijo que la comunidad los eligió para que brinden seguridad, pero todo ha sido complejo porque no cuentan con centros penitenciarios para llevar a los capturados.
“Tengo que decir que Pitalito tiene un hacinamiento bastante fuerte debido a que estamos recibiendo toda la carga del Putumayo. Por eso le hacemos el llamado al gobierno departamental y nacional para que nos ayuden con las diferentes inversiones que se requieren para nosotros poder avanzar”, mencionó el mandatario.
Su propuesta radica en que saquen a los reclusos a trabajar para su sostenimiento y así que no se presente tanta reincidencia. El alcalde más que pensar en otra cárcel, considera que se puede ampliar la existente y mejorarla. “Póngase en los zapatos de los alcaldes, queremos hacer mucho, pero muchos municipios no tienen plata ni quiera para funcionamiento”, concluyó.
Neiva anda por lo mismo
Y es que la capital del departamento no se queda atrás, pues desde que entró el nuevo gobierno se han capturado 178 personas que no hay donde meterlas y algunos de ellos son de alta peligrosidad, lo que genera temor.
Edgar Martin Lara, secretario de Gobierno del Huila, expuso que, ellos han venido haciendo un conjunto de convenios para respaldar las acciones de los centros penitenciarios.
Según indicó, el año pasado se hizo un convenio de $197 millones y otro por $520 millones.
Enfermedades
El Personero de Neiva, Wilson Diaz Sterling, también expresó su preocupación no solamente por el alto hacinamiento de los centros transitorios, sino por los 89 PPL que enfrentan problemas respiratorios, varicela, covid-19 y tuberculosis. “Tenemos 37 condenados que ya no deben estar en estos sitios y allí siguen”, comentó.
¿Cuánto le vale un recluso al Inpec?
La mayor Nancy Pérez González, directora regional central del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, insinuó que solo la construcción de nuevos centros carcelarios o la ejecución de algunas libertades condicionales podrían mitigar el hacinamiento.
Aseguró que el costo anual de un privado de la libertad para el instituto es de $38 millones dado que se cubre toda la manutención, sin embargo, cuestiona el hecho de que algunos municipios que tienen gran número de privados de la libertad ya reclusos en establecimiento no asumen el valor que se debería, por lo cual, el convenio de manutención no es proporcional a lo que cuesta el sostenimiento de un privado de la libertad.
“El valor de los convenios es irrisorio frente al costo de los reclusos que tienen en los establecimientos de la región. Estamos totalmente desfasados, Neiva no ha firmado convenio a pesar de que tiene 81 sindicados y estamos pendientes del convenio con la Gobernación. Tenemos la intención de llevarnos 45 sindicados para otro departamento, pero necesitamos que la secretaría de Salud nos avale”, anuncio.
