Los Comuneros: confusiones y desaciertos

Los comerciantes de Los Comuneros llevan en 15 años de existencia un incendio, un atentado terrorista y la falta de impulso como opción rentable de negocio. Aún no hay claridad sobre su estado financiero y el panorama para los comerciantes es desolador. Los comerciantes de Los Comuneros llevan en 15 años de existencia un incendio, un atentado terrorista y la falta de impulso como opción rentable de negocio. Aún no hay claridad sobre su estado financiero y el panorama para los comerciantes es desolador. GINNA TATIANA PIRAGAUTA G. LA NACIÓN, NEIVA El estado financiero del Centro Comercial Popular Los Comuneros es confuso. La administración de la propiedad horizontal maneja unas cifras de endeudamiento con las empresas de servicios públicos, mientras que algunos de los copropietarios aseguran que éstas son mucho más elevadas. El 70 por ciento de los locales están desocupados y las estrategias de impulso comercial son inexistentes. Los Comuneros permanecen desolados y no son una opción masiva de compra para los neivanos. Sus copropietarios han soportado además en 15 años de existencia, un incendio y un carro bomba. El centro comercial fue construido en 1997 para reubicar a las personas que laboraban en el Pasaje Camacho y a los vendedores informales de la ciudad. El concejal Jesús Vega aseguró que el Municipio era propietario del lote del Hospital San Miguel de Neiva, que abarcaba toda la manzana entre las calles Octava y Novena con carreras Tercera y Segunda. Mediante convenio se dispuso de ese terreno para la construcción. La administración local recibió algunos locales en contraprestación, que corresponden a las oficinas del Concejo de Neiva, el salón de sesiones, las oficinas del Sisbén, entre otros. Sin embargo, el desengloble de los locales no se realizó y no se le entregaron escrituras a la Alcaldía. Comerciantes William Mejía, comerciante de Los Comuneros y vocero de los copropietarios, manifestó que los problemas en el centro comercial son de fondo. A raíz del incendio y de la bomba, la problemática social se acrecentó. Los comerciantes no tienen mercancía ni capital para trabajar. Asimismo, señaló que el informe financiero que presentó en días pasados la administración, no se ajusta a la verdad. Dijo que hay inconsistencias en las deudas con las empresas de servicios públicos, y que ante estas inquietudes, la gerencia respondió que las cifras eran sólo un formalismo. El comerciante señaló que los locales que les prometieron a 300.000 pesos el metro cuadrado, resultaron costando finalmente 1’200.000 pesos el metro cuadrado. “Mucho más costosos que en cualquier centro comercial de la ciudad en ese momento. Los problemas legales entre la promotora, la Alcaldía y el banco, no permitieron que saliéramos adelante”. Después del incendio registrado en el 2003, los copropietarios asumieron una deuda con Utrahuilca por 600 millones de pesos para reconstruir el centro comercial. “Además de perder nuestra mercancía y enseres, pagamos los arreglos de las áreas comunes y la adecuación de los locales”. Problemáticas Mejía aseguró que mientras a todos los neivanos les subió la valorización de los predios, los locales de Los Comuneros fueron desvalorizados en casi un 90 por ciento por la administración local, para negociar con el banco. “Sólo hay una ocupación del 27 por ciento. La Alcaldía nos suprimió las bahías de las calles Octava y Novena, lo que le impide a los clientes ocasionales parquear sus vehículos. En ninguno de los andenes de la Carrera Segunda se pueden parquear taxis. Los vigilantes no apoyan la atención al cliente, muchos ni siquiera conocen el centro comercial”. El comerciante aseguró que muchos locales son usados como bodegas, porque no hay rentabilidad. Desde el incendio las escaleras eléctricas están dañadas. Sólo funciona un ascensor, el del ala sur. El vocero solicitó a la Alcaldía la designación de un administrador acorde a una entidad comercial, que esté dispuesta los sábados y los domingos hasta su cierre. Además pidieron que Los Comuneros esté abierto hasta después de las 7:00 p.m. Administración Jesús Andrade Murcia, revisor fiscal del centro comercial, aseguró que su estado financiero es aceptable. Dijo que hubo austeridad en el gasto y que no existen pasivos laborales. “Las deudas con los proveedores a 31 de diciembre del año pasado no alcanzan los 700.000 pesos.” Murcia afirmó que la obligación con la Cooperativa Utrahuilca para la recuperación de las áreas comunes afectadas por el atentado terrorista y el incendio, asciende actualmente a 109 millones de pesos. “La deuda ha sido cancelada con las cuotas de la administración y vence el 13 de julio de 2013.” El Revisor Fiscal dijo que la acreencia con las Empresas Públicas de Neiva fue liquidada en 109 millones de pesos. Este valor se cancelará con algunos locales. “Estamos en la negociación y falta la escrituración de los locales. Aún no se ha definido el número de los locales que se entregarán a la empresa”. Obligaciones Asimismo, dijo que el concepto de energía eléctrica con corte a diciembre 31, asciende a 83 millones de pesos, incluida una cuota de financiación. “Este valor corresponde a un ajuste, luego de una visita efectuada por funcionarios de la Electrificadora, en la que se evidenció un error en el factor de multiplicación. Aseguró que la administración realiza una reclamación ante la empresa y por esta razón la cancelación de los dineros no se ha efectuado, sin embargo, han realizado algunos abonos. Afirmó que a la empresa de vigilancia Seguridad Activa, se le realizan pagos parciales de los 59 millones de pesos que les adeudaban. El funcionario aseguró que los actos administrativos, operativos y financieros, se realizaron de acuerdo a los principios de economía y transparencia. Asimismo, dijo que se adelantaron los procesos de recuperación de cartera, cobros jurídicos y amnistías. Precisiones Murcia reiteró que el centro comercial se rige por la normatividad de propiedad horizontal. “Es una copropiedad ciento por ciento privada, aunque el Municipio tiene unos locales, es un copropietario más y tiene que cancelar las cuotas de administración, energía y agua”. Aseguró que los pagos que reciben por concepto de administración están pignorados a la Cooperativa Utrahuilca. “La oficina no dispone de dineros, éstos van directamente a la entidad financiera y eso lo puede constatar la Tesorería del Municipio”. “No entiendo la preocupación de los concejales. El centro comercial ha sido utilizado como conejito de batalla de los políticos, cuando esto es propiedad netamente privada, regida por la legislación de propiedad horizontal. Aquí no tiene hacedero la política”. Concejo El concejal Jesús Vega Garzón manifestó que la insistencia del Concejo obedece a una problemática que fue creada por el gobierno local, y que tiene que ser resuelto por la administración de la ciudad. Para el dirigente, es necesario escriturar los locales que son propiedad del Municipio e intervenir el centro comercial. “Tenemos problemas legales. La Alcaldía no puede invertir recursos en Los Comuneros porque no es oficial. Ni siquiera las oficinas de los concejales pueden ser adecuadas. Se tiene que hacer un rediseño total. Los planos iniciales son muy diferentes a lo que construyeron. Los locales eran tres y cuatro veces más grandes”. Vega Garzón señaló que con la venta de locales de dos por dos metros, se generó hacinamiento y desorden. “Es un laberinto por donde no se puede salir, no tiene claras las entradas ni las salidas. El gobierno municipal tiene que encontrar la forma legal de inyectarle recursos, rediseñarlo y comercializarlo”. “El 70 por ciento del centro comercial está desocupado. ¿Qué rentabilidad pude tener un local sin clientela? No hay estímulos, ni rifas, ni bancos para los clientes. No hay atractivos ni diversiones para los compradores, tampoco facilidades para su ingreso”. Finalmente, Vega Garzón aseguró que el pasado 10 de abril solicitó en un derecho de petición a Amadeo Delgado, jefe de la Oficina de la Alcaldía, la documentación necesaria para establecer qué pasó con el acuerdo que el Concejo aprobó para la destinación de ese lote. El propósito es que en el mes de julio próximo se realice un debate.