El gobierno de nacional imagina un posconflicto en el que una desmovilizada guerrilla FARC colabore en evitar la proliferación de cultivos de coca, pero el futuro del negocio de las drogas luce más que incierto para los analistas.
El conflicto armado de Colombia, a punto de cumplir 50 años, es el más prolongado del continente y según el presidente Juan Manuel Santos "ha estado atravesado por una flecha venenosa que lo alimenta y que se alimenta de él: el narcotráfico".
Colombia es junto con Perú el principal productor de cocaína del mundo, con unas 309 toneladas del alcaloide, y cerca de 48.000 hectáreas de cocales en 2012, según el más reciente informe de la ONU.
Y las drogas figuran como uno de los cinco puntos de la agenda de conversaciones en el proceso de paz que el gobierno de Santos y las FARC llevan a cabo desde fines de 2012 en La Habana.
Pese a que el tema aún no se ha abordado en la mesa, Santos ya ha declarado cuál es su aspiración.
"Si logramos que la guerrilla, una vez desmovilizada, cambie de lado y se convierta en aliada del Estado para poner un dique al narcotráfico y terminar los cultivos ilegales ¡imagínense lo que eso significaría!", expresó el gobernante en su intervención el martes ante la Asamblea General de la ONU.
"Una Colombia sin coca y sin conflicto era un sueño imposible que ahora podemos hacer posible, para bien de los colombianos y del mundo entero", añadió.
La coca, una fuente de ingresos
Los estudiosos del tema coinciden en que para las FARC las drogas constituyen una de sus fuentes de ingresos, pero sin participar de los eslabones más jugosos de la cadena, que son la producción de cocaína y su venta fuera de Colombia.
"Las FARC ingresaron al negocio de la coca a fines de los años 80, cuando los campesinos en sus zonas de influencia empezaron a sembrar la hoja. Al principio se opusieron, pero luego comprendieron que los pobladores necesitaban sobrevivir y que esa era una fuente de ingreso", dijo a la AFP Ariel Avila, experto en el conflicto armado de la Fundación Paz y Reconciliación.
Actualmente, las FARC ejercen control territorial en importantes zonas de cultivo de coca, donde brindan seguridad a campesinos, laboratorios para la elaboración de la pasta base, pistas y corredores de salida, según Ricardo Vargas, analista en drogas del centro de estudios Acción Andina Colombia.
"Pero la guerrilla no tiene el control del procesamiento de la cocaína ni de los mercados internacionales. Su misma configuración de ejército vertical no se corresponde con lo que demanda el negocio, que necesita redes más horizontales", dijo Vargas a la AFP.
De hecho, en Colombia actúan diversos grupos dedicados exclusivamente al narcotráfico, la mayor parte llamados bandas criminales, algunas de ellas integradas por antiguos paramilitares de derecha.
Ambos expertos destacan que los fondos que recibe las FARC por esa garantía de seguridad son solo una parte de sus ingresos, que sirven para mantener a un ejército irregular de entre 7.000 y 8.000 personas.
"A mitad de los años 1990 hubo una fuerte arremetida de paramilitares y a la vez el Estado empezó a hacer fumigaciones intensivas de los campos de coca. Entonces, las FARC compensaron obteniendo ingresos por secuestro y extorsión. En este momento están entrando en la minería ilegal", refirió Vargas.
El secuestro parece haber desaparecido como forma de financiamiento de las FARC, pues esa guerrilla renunció a la toma de rehenes a principios de 2012 para poder iniciar el proceso de paz.
Avila sostiene que actualmente la coca representa alrededor del 40% de los ingresos de las FARC, que se financian principalmente con la extorsión a empresas, comercios y productores.
Un entramado de poder
Las FARC son reconocidas como un factor de poder en zonas cocaleras en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Nariño, parte de Vichada, la región del Catatumbo (Norte de Santander) y Meta.
Según Miguel García, investigador en el departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, "ese control descansa sobre la construcción histórica de un orden social en regiones en las que la presencia del Estado es débil y sobre el poder militar que dan las armas".
"En las zonas donde hay cultivo intensivo de hoja de coca, hay poca confianza de la población en los actores del Estado", dijo García a la AFP.
"Allí la guerrilla garantiza la seguridad económica de la población, al proteger la cadena de producción de la coca. Por eso han fallado los intentos de sustitución de cultivos, porque no han podido asegurar la cadena de comercialización", explicó.
Pero ante el planteamiento de acabar con los cocales una vez se llegue a un acuerdo con las FARC, este académico recordó que el proceso de paz "está tratando solo el fin de la guerra, pero eso no implica la solución al problema de las drogas, que tiene una dimensión que se sale del ámbito nacional".
"Para las FARC, esa no es su actividad principal, y el negocio no está asociado necesariamente a ellos. Donde aparece un vacío llega alguien a ocuparlo", indicó.
Avila, igualmente, opinó que "cuando las FARC pierdan control territorial, muchos actores armados van a entrar a disputárselo".
Pensar que una guerrilla desmovilizada "va a poder erradicar la coca sin que le cueste muertos es ridículo", aseveró.