¿Y los desmovilizados en el Huila qué?

En el Huila 506 desmovilizados decidieron entregar las armas para iniciar un proceso de reintegración a la vida civil que ha culminado con éxito, y otros 332 avanzan activas en esta ruta. Pero ¿qué tan fácil ha sido para ellos ser aceptados en la sociedad y abrirse espacio en el campo laboral?

AMAURY MACHADO RUEDA/LN

A la par del avance en el cumplimiento de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y Farc, la Agencia Colombiana par la Reintegración ACR, ahora denominada Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, continúa su labor de reintegrar a la vida civil a las personas que decidieron desmovilizarse de grupos armados organizados al margen de la ley y entrar hacia la legalidad.

En el departamento del Huila, donde la Agencia ha venido realizando por 14 años de manera ininterrumpida este proceso, se tiene registro que desde el 2003 al 2016, 1.220 personas se han desmovilizado, hoy por hoy 506 de ellas han culminado exitosamente su proceso de reintegración, y otras 367 continúan activos en esta ruta. De éstas, 109 están en Neiva y el resto en los diferentes municipios del departamento.

Tal vez, usted podría estar rodeado de personas desmovilizadas, y no percatarse de que hicieron parte de grupos armados, pues dejaron esas acciones en el pasado, tienen una nueva vida y hacen las mismas cosas que hace cualquier otro ciudadano.

“Estas personas están actualmente en los diferentes escenarios que tienen la ciudad y el departamento, están trabajando, adelantando sus estudios, regresando con sus familias, están conviviendo con nosotros normalmente, cumpliendo esos sueños que por la guerra no se pudo y que venían siendo aplazados”, comenta Eduardo Aníbal Londoño Rodríguez, coordinador ARN Grupo territorial Huila.

Pero para que estos nuevos ciudadanos estén involucrados con la comunidad, debieron entrar al proceso de reintegración que dura aproximadamente 6 años y medio. Para acceder al proceso, el desmovilizado debe estar acreditado por el Comité Operativo de Dejación de Armas, sin son desmovilizaciones individuales, o por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sin son masivas.

Durante este tiempo, a las personas desmovilizadas el Estado colombiano a través de la labor de la ARN no solo les brinda educación, beneficios del orden social, formación para el trabajo y apoyo psicosocial, sino que también les ayuda a impulsar sus proyectos productivos para la generación de ingresos, pues la misión es promover el retorno de esta población a la legalidad de forma sostenible.

Los desmovilizados que ingresan al proceso de reintegración también son apoyados para que tengan beneficios jurídicos por los delitos políticos y conexos siempre y cuando no vuelvan a delinquir después de su desmovilización.

Cada participante en el proceso de reintegración se compromete a desarrollar por lo menos 80 horas de acciones de Servicio Social, fundamentales para generar espacios de reconciliación.

Recibe además apoyos económicos a la reintegración si asiste a por lo menos el 90 por ciento de las actividades programadas por la ACR, que pueden variar desde $160 mil hasta máximo $480 mil pesos por un tiempo determinado, ya que no es una pensión o una asignación fija.

“Cuando están muy avanzados en su ruta, pueden recibir un capital semilla o beneficio de inserción económica de hasta 8 millones de pesos para que ellos puedan invertirlo en su propio negocio, en educación o temas de vivienda. Este dinero no se les entrega sino hasta cuando plantean una idea de negocio relacionado con su formación, o un certificado de estudio, y el dinero directamente se le entrega a ese proveedor”, comenta Londoño.

Históricamente la ARN, antes ACR, ha acompañado la ejecución efectiva de 476 unidades productivas de negocio como restaurantes, talleres de automotriz o de confecciones a personas en proceso de reintegración. De éstas, 199 han sido en la ciudad de Neiva. En lo transcurrido de 2017, se han acompañado 42 en el departamento.

Y después qué

No obstante, el panorama laboral de los desmovilizados no es mejor de lo que comúnmente se imagina. Según datos del orden nacional, dentro del proceso de reintegración, se han reconocido dos factores socioeconómicos que amenazan la sostenibilidad en la legalidad de las personas desmovilizadas. Estos dos factores son la ocupación económica y el nivel educativo.

Se observa, que la tasa de desocupación de la población desmovilizada es más alta que la desocupación de la población colombiana nacional en más del 10%. Esta situación se explica por las diferentes barreras que enfrenta la población desmovilizada al querer acceder al mercado laboral y que tienen que ver con la estigmatización, el cambio constante de lugar de residencia, la deficiencia de habilidades blandas para la empleabilidad y el emprendimiento y los bajos niveles de escolaridad y de formación para el trabajo.

Empresarios brindan pocas oportunidades

El coordinador Eduardo Londoño, indica que en el Huila el tema de los empresarios que le han abierto las puertas a la reintegración es “de buen recibo”, y existen casos muy exitosos, pero sigue siendo un gran reto.

“Siempre es un reto para nosotros que los empresarios continúen brindando oportunidades, siempre va a ser importante hacerles este llamado, a que se le permita a estas personas hacer un proceso de selección y participar en las convocatorias laborales”, dice.

Para efectos de lo anterior, la Agencia desarrolla en el Huila una estrategia de inclusión laboral. “Capacitamos a la población en proceso de reinserción desde, cómo presentar una hoja de vida, cómo presentar una entrevista, hasta ayudarles a desarrollar habilidades y competencias. Con los empresarios lo que hacemos es pedirles que nos compartan sus convocatorias para nosotros revisar si dentro de nuestras personas hay alguna que tenga ese perfil solicitado. Hemos realizado además unas formaciones a la medida, es decir, le preguntamos al empresario qué perfil requiere, y de acuerdo a eso nosotros formamos esa persona a la medida de la necesidad del empresario para que posteriormente pueda vincularlo laboralmente. De esta manera, los empresarios huilenses sin duda estarían haciendo un aporte a la paz, a la reintegración y a estas personas que han decidido dejar las armas”, explica Londoño.

Andrea Del Pilar Bautista, directora ejecutiva de Fenalco Huila, desde su óptica empresarial, manifiesta que no todos los empresarios en el departamento han recibido con agrado a estas personas, pero los pocos que se tienen han dado buenos comentarios al respecto.

“Varios empresarios de grandes empresas han vinculado este personal pidiendo que su información se maneje de bajo perfil para que no se genere cierto tipo de traumatismos al interior de las organizaciones. En algunos casos son para trabajos muy operativos y con muy buenos resultados, ya que son personas que saben trabajar en equipo, son muy organizados y muy eficientes y eficaces para eso, inclusive ya en algunas empresas hay un reconocimiento por ser muy efectivos en la mano de obra”.

Las empresas que en este momento están dando oportunidades laborales contribuyendo con estos procesos con los desmovilizados, son entre unas 40 y 50, y obedecen al sector piscícola, grandes superficies, turismo, y sector agrícola. No es un número muy significativo pero sí buenos ejemplos para mostrar.

La Directora cree que la abstención por parte de los empresarios, “obedece a la falta de confianza, a que todavía hay escepticismo de estos procesos, hay temor, pero aquí el empresario tiene que darse la oportunidad de ofertar empleo a este personal y que sean ellos mismos quienes tomen medidas al respecto. Creemos sin embargo que hemos mejorado, y falta mucho por hacer, más ahora que se viene todo lo del posconflicto y hay una mayor mano de obra, el reto es aún más grande”.

Para Eduardo Aníbal Londoño, entre los retos de la ARN, están en reducir la estigmatización por parte de la sociedad colombiana hacia la población desmovilizada, y lograr la estabilidad jurídica para las personas desmovilizadas y el proceso de reintegración.

En el Huila 506 personas desmovilizadas han culminado exitosamente su proceso de reintegración, y otras 367 continúan activos en esta ruta.

La reincorporación

El pasado 15 de agosto finalizó la dejación de armas de las Farc y comenzó la etapa de reincorporación de más de 10.000 guerrilleros, presos y milicianos a la vida civil. Desde esa fecha, las 26 zonas veredales transitorias de normalización pasaron a ser espacios territoriales de capacitación, donde se avanza en lo pactado, que incluye un programa de educación flexible para que los guerrilleros terminen su educación básica y la capacitación para afrontar la vida productiva.

El gobierno, financia la manutención de los excombatientes en estas zonas y les otorga una renta básica de $624.000, el 90 por ciento del salario mínimo. Esta renta está garantizada por dos años por medio de cuentas bancarias individuales, de las cuales ya hay abiertas 10.427.

Así mismo cada excombatiente tiene destinados 8 millones como capital semilla para un proyecto productivo. En la entrega del subsidio único de $2.000. 000 a cada desmovilizado, se tiene registro de que 10.172 personas lo recibieron.

El tema del acceso a servicios de salud, también les es otorgado, a la fecha hay 9.843 excombatientes afiliados a la seguridad social, y 3.840 han sido afiliados a Colpensiones. Todo lo anterior en el marco de la justicia transicional, necesaria de pasar de un conflicto armado a una paz estable y duradera.

Se tienen datos que 4.500 personas de Farc y 4 mil personas de las comunidades aledañas a estos espacios, han sido alfabetizadas. Una alternativa para muchos excombatientes que desde edades muy tempranas entraron a este Grupo y perdieron muchas oportunidades, será obtener un empleo con el Estado o los proyectos de cooperación.

Una experiencia satisfactoria

El empresario huilense Jorge Muñoz, administrador de Fresh Rivers, ha calificado como satisfactoria la experiencia laboral con los desmovilizados. “Tenemos una necesidad de gente en la zona de El Pata donde es difícil contar con mano de obra. Así q aprovechamos la relación con la Agencia ARN y se armó un piloto para emplear a 10 personas que están en este momento terminando el entrenamiento. La idea es contar permanentemente con un espacio para aquellos que quieren contribuir a la construcción de país y hacer las cosas bien”.

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