La polémica concesión del juego de apuestas permanentes se firmó y legalizó antes de ser oficialmente adjudicada. Trece años después, la truculenta historia vuelve a los estrados judiciales. Primer testigo devela los pormenores.
Ricardo Areiza
unidadinvestigativa@lanación.com.co
La cuestionada adjudicación del juego de apuestas permanentes (chance), realizada en el 2008, volvió a revivir ayer durante la primera fase del juicio oral, ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva.
El contrato de concesión como lo reveló LA NACIÓN en su momento fue entregado a una pequeña empresa de chance, estratégicamente resucitada, sin experiencia, ni músculo financiero, a pesar de haber sido declarada desierta la licitación por serias inconsistencias encontradas en las ofertas presentadas por los tres proponentes.
Sin atender los reparos de la Asamblea Departamental, de los gremios y los organismos de control, el contrato fue firmado en total secreto antes de ser adjudicado.
La fiscal anticorrupción, Elizabeth Quiroga Ariza, recordó que la Empresa de Loterías del Huila, sorpresivamente, revocó la resolución que declaró desierta la licitación, expidió la resolución de adjudicación, luego firmó el contrato y dejó constancia de la notificación personal realizada en Neiva, cuando estaban todos en Bogotá.
En su criterio, nunca se realizó la audiencia pública obligatoria. Además, el contratista obtuvo previamente elaborado y firmado el contrato 068 de 2008 que le otorgaba la concesión del juego de apuestas permanentes durante cinco años. Con el contrato firmado antes de la adjudicación el concesionario tramitó la expedición de la póliza.
“El procedimiento agotado por el gerente de la Lotería y el asesor jurídico, constituye una clara violación de los principios que gobiernan la contratación estatal especialmente lo relacionado con el principio deber de selección objetiva del contratista, de la publicidad y transparencia, evidenciándose un claro direccionamiento y desviación de poder en la adjudicación del contrato”, explicó la fiscal Quiroga Ariza.
Los detalles que rodearon la polémica adjudicación fueron relatados ayer por el ex gerente de Su Chance, Raúl Castro Rayo, en la primera jornada, en calidad de testigo.
El destape
La firma Apuestas Nacionales de Colombia, la ganadora del millonario contrato, no podía quedarse con la concesión, sencillamente porque no cumplía los requisitos habilitantes.
Apuestas Nacionales estaba incursa en una causal de rechazo de su propuesta por las irregularidades de carácter contable (que no la habilitaban para participar en la cuestionada licitación).
La chancera tampoco cumplía con el requisito capacidad financiera a 31 de diciembre de 2007 según lo establecido en el pliego de condiciones.
Los organismos judiciales encontraron “documentos contables y declaraciones ante autoridades públicas sobre hechos, al parecer falsos”. Por esta razón compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta Central de Contadores para que adelantaran las investigaciones respectivas. Nunca se realizaron.
Castro Rayo, en su primera intervención, rememoró con lujo de detalles las inconsistencias consignadas en las observaciones presentadas el 10 de abril de 2008.
La resurrección
En primer lugar, la empresa ganadora aparecía como Apuestas Chiquinquirá, una pequeña empresa de chance, constituida mediante Escritura Pública No. 912 ante la Notaría Segunda de Chiquinquirá, el 25 de agosto de 2003.
Apuestas Chiquinquirá, sin trayectoria en el mercado de los juegos de azar estaba inactiva. Para poder participar en la licitación fue “resucitada” con nuevos accionistas. La pequeña chancera se transformó en marzo de 2008, cuando estaba en marcha el proceso licitatorio.
La empresa pasó de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima con nuevos accionistas rebautizada como Apuestas Nacionales de Colombia.
Las escrituras fueron constituidas en las notarías Primera y Segunda de Tunja, el 8 y el 17 de marzo pasado pero sólo se inscribieron en la Cámara de Comercio el 17 y 26 del mismo mes.
Apuestas Nacionales de Colombia reportó en su Registro Único Empresarial, un activo corriente de 129,73 millones de pesos (12 de marzo del 2008).
Hasta el 26 de marzo de ese mismo año cuando se inscribió oficialmente ante la Cámara de Comercio, la sociedad operaba como Apuestas Chiquinquirá y conservaba un capital de 70 millones de pesos.
Al convertirse en una sociedad anónima modificó la razón social, incrementó desproporcionadamente su capital (2.500 millones de pesos) y produjo sucesivas reformas estatutarias, extemporáneamente registradas en el registro mercantil.
Chancera oxigenada
Lo mismo ocurrió con Chambacú, otra pequeña empresa dedicada a la explotación de chance a pequeña escala. La microempresa estaba fuera del mercado hasta cuando fue resucitada con una inyección de capital solamente para participar en la licitación. Aunque estuvo en primer lugar de preferencias en el comité evaluador, a última hora la inhabilitó y la sacó de la competición.
La oferta de la empresa Chambacú por 18.384 millones de pesos, fue rechazada por no presentar oportunamente la póliza de seriedad de la oferta.
La póliza fue constituida y comenzó a regir desde el 4 de abril de 2008, fecha del cierre de licitación y apertura de ofertas. La póliza superaba el valor mínimo solicitado en el pliego de condiciones. Solo que no fue aportado al cierre de la licitación. Sólo allegó una copia simple enviada vía fax a las 5:35 p.m.
La oferta presentada por la Sociedad Consorcio Chambacú Ltda no reunía las exigencias de ley y del pliego de condiciones en cuanto a la póliza de seriedad, pues al no ser presentada oportunamente conducía al rechazo de la oferta.
La empresa Chambacú se constituyó en Turbaco (Bolívar) en 1988 y operó hasta 1995 sólo en Cartagena. Los dos socios originales, los hermanos Emilse y Edward Manjarrez Álvarez registraron un capital de 200 millones de pesos.
Sorpresivamente el 28 de diciembre de 2007 fue resucitada para participar en la licitación pública, con enormes posibilidades de quedarse con el contrato. La empresa registró una fuerte inyección de capital para cumplir con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.
La pequeña chancera fue adquirida por nuevos accionistas, según escritura pública 3010 protocolizada en la Notaria Cuarta de Cartagena el 28 de diciembre de 2007.
La nueva composición accionaria se registró el 27 de marzo de 2008 en la Cámara de Comercio de Cartagena. Ocho días antes de cerrarse la licitación para la adjudicación del chance, se registró la nueva escritura pública 1296 y se inscribió el primero de abril.
Chambacú, registró un capital de 2.000 millones de pesos. De éstos solo el 10% (200 millones) correspondía a los socios originales. El 90% restante (1.800 millones) correspondía a la Empresa Nacional de Apuestas Permanentes Limitada, constituida una semana antes de cerrarse la licitación. Esta última empresa fue constituida el 14 de marzo de 2008 en la Notaría Primera de Barrancabermeja (Escritura 0542) con un capital de 300 millones de pesos.
Sorpresivamente aparecían como socios, Ingeniería Dinámica Limitada (dedicada a obras civiles) y Casa Industrial Ferretera (dedicada a la venta de materiales de construcción). Cada una aportó 150 millones. Ninguna tenía experiencia en juegos de azar.
Desde el principio Chambacú figuraba como la firma con mayor opción. Sin embargo, a última hora, fue excluida del proceso por haber presentado extemporáneamente la póliza de seriedad de la oferta.
Sin chance
El tercer oferente, la empresa Su Chance, tampoco se salvó. La empresa alegó que su propuesta fue indebidamente rechazada bajo el argumento de incumplimiento contractual, que era una de las exigencias del pliego de condiciones para ser habilitado.
Según el Comité Evaluador, Su Chance aportó información inexacta e inconsistente, por un mayor valor del impuesto de timbre no cancelado. La concesionaria argumentó que fue descalificada por un presunto incumplimiento que no fue declarado ni judicial ni administrativamente y presentó un acuerdo de pago.
Las autoridades judiciales estimaron que la certificación de cumplimiento contractual no estaba acorde con la realidad, como lo registraron los evaluadores y por lo tanto la propuesta no cumplía con los requisitos exigidos por la entidad concedente, sino además, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el contrato que estaba a punto de terminar.
Reversazo
El 23 de junio, fecha en la que se debía adjudicar el contrato, el comité evaluador, conformado por Miller Astudillo, Ebert Barrera y el abogado José William Sánchez, concluyó que las tres propuestas debían ser rechazadas. El comité recomendó que se declarara desierta.
El gerente de la Lotería Carlos Ordóñez, se amparó en otro concepto del abogado Jorge Pino Ricci, recomendando la declaración de desierta. El 28 de julio de 2008, dos de los miembros del comité evaluador (José William Sánchez Plazas y Eberth Barrera) en otro concepto sugirieron la habilitación de Chambacú y de Apuestas Nacionales.
Sánchez Plazas, sin embargo, sorpresivamente, rindió un nuevo concepto totalmente opuesto al rendido en la evaluación final, que le permitió al gerente de la Lotería revocar la resolución que declaró desierta la licitación, habilitó a Apuestas Nacionales y le adjudicó en total secreto el contrato, el viernes 22 de agosto de 2008, sin que hubiera celebrado la audiencia pública obligatoria.
“En forma atípica se habilitaron dos proponentes (Chambacú y Apuestas Nacionales) se inhabilitó la participación de uno de los proponentes (Su Chance por no haber presentado recurso de reposición). Además, se calificaron estas dos propuestas, se eligió una propuesta ganadora y se adjudicó el contrato a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia, representada por el señor Gustavo Guevara Aldana”, precisó la fiscal Quiroga Ariza.
Polémica adjudicación
El lunes 25 de agosto, LA NACIÓN publicó en primicia la adjudicación del contrato. El gerente de Apuestas Nacionales, Gustavo Guevara, confirmó los detalles del proceso y anticipó la estrategia para iniciar la operación de la concesión.
“A los proponentes restantes, uno inhabilitado y otro descalificado, Chambacú y Su Chance, en un hecho abiertamente ilegal por parte de la Lotería, se les comunicó por vía correo electrónico solo hasta el 26 de agosto de 2008 el contenido de la resolución No. 181 de 22 de agosto de 2008, a un correo electrónico que en el caso de Su Chance, ni siquiera pertenecía a la empresa”, puntualizó la Fiscal.
Por la noche, el gobernador, Luis Jorge Sánchez, solicitó al fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, que investigue las eventuales irregularidades en la adjudicación del chance.
“Existen dudas razonables sobre la conveniencia legal y administrativa de la adjudicación del contrato, ya que de conformidad con el proceso licitatorio, inicialmente la licitación fue declarada desierta por serias infracciones a la ley y a los pliegos de condiciones por parte de los proponentes”, explicó el mandatario seccional.
Investigaciones
“Ante estas situaciones que no comparto, ni legal, ni administrativamente, decidí manifestar ante los medios de comunicación mi descontento con lo sucedido, y propicié la separación del cargo al Gerente de la Lotería del Huila, quien había adjudicado el contrato precipitado en uso de su autonomía administrativa y financiera”, explicó Sánchez García.
Adicionalmente, pidió a la Contraloría General de la República revisar las propuestas de los oferentes y determinar si se identifica detrimento patrimonial del erario público, así como si existen infracciones de trascendencia fiscal por parte del Gerente y el comité evaluador.
A la Procuraduría le requirió establecer si hubo contravenciones de trascendencia disciplinaria para los integrantes del comité evaluador y el Gerente de la Lotería del Huila.
A la Dirección Seccional de la Fiscalía de Neiva le solicitó establecer también si existen infracciones de trascendencia penal.
Después de 13 años, la fiscal anticorrupción Elizabeth Quiroga, aseguró que la adjudicación no fue transparente, como se argumentó.
“El resultado del proceso licitatorio, no obedeció a un análisis juicioso y ponderado, sino al deliberado y planeado propósito de favorecer a un particular, plasmado en un acto administrativo”, reiteró la funcionaria judicial al comenzar el juicio oral.
Castro Rayo, volverá el 26 de octubre, a un nuevo cara a cara con la bancada de la defensa. El segundo testigo será el ex gobernador Luis Jorge Sánchez.
