A pesar de no contar con el lleno de requisitos legales y en plena pandemia, la Curaduría Primera de Neiva otorgó licencia para la construcción de la primera etapa del proyecto urbanístico ‘La Felicidad’, cuyo propietario del predio es Comfamiliar del Huila.
En ese tiempo la gerencia de la Caja de Compensación Familiar estaba a cargo de Luis Miguel Losada, el de los González Villa, entidad que fue intervenida por la superintendencia de Subsidio Familiar luego de detectar “irregularidades que ponían en riesgo los recursos”. La licencia para el proyecto urbanístico no “cuajó” en el primer intento por no cumplir con todos los requisitos, sin embargo, unos meses después fue aprobada mediante la Resolución N. 41001-1-22-0194 del 07 de abril de 2022, a pesar de no contar con un Plan Parcial para la elaboración del estudio de zonificación ambiental, que debe ser avalado por la CAM.
Tampoco se relacionó el permiso de la Fuerza Aérea Colombiana, teniendo en cuenta que se construirán torres de apartamentos (380 viviendas familiares) dentro del perímetro de aterrizaje del Helipuerto de la Novena Brigada que queda a tan solo 300 metros.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena ya había advertido en su momento que el proyecto urbanístico no es viable, en razón a que dicho predio se halla localizado en un área de tratamiento de desarrollo por lo que se requeriría previamente la elaboración de un plan parcial.
El Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva, Acuerdo 026 de 2009, definió esa zona de manera especial debido a su proximidad con las áreas de amenaza y riesgo de la quebrada Avichente. Ahora, cuando ya se empezaron los trabajos, la presencia permanente de volquetas y maquinaria ha generado alteraciones sobre la ronda hídrica por la acumulación de residuos sólidos como escombros y materiales de construcción, así como por la deforestación y tala en una zona de conservación ambiental, que como “arte de magia”, cambió el uso del suelo generando afectaciones permanentes a las comunidades de los barrios el Tesoro, Valparaíso, Alameda de Monterrey y la Alambra, entre otros.
El tránsito permanente de maquinaria pesada también ha afectado las vías, zonas verdes, espacios sociales, así como bienes y enseres de las comunidades del sector, quienes han emprendido una batalla judicial para defender su territorio y que ha incluido el cierre de vías y la reclamación a instituciones como la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Neiva, el Ministerio de Ambiente y de Vivienda y la CAM, para que atiendan las preocupaciones de las comunidades e investiguen las presuntas irregularidades del proceso.
Si bien los trámites y permisos se realizaron años atrás, el ahora gerente de Comfamiliar Juan Carlos Carvajal, deberá buscar soluciones a la problemática en medio de la afectación ambiental que se está generando en la zona, y que se contradice con la apuesta política del Gobierno Nacional sobre la protección de la vida y nuestros recursos naturales.
