Ante la gravedad de las imputaciones que le hará la Fiscalía, el alcalde Gorky Muñoz, anunció que su defensor será el ex fiscal Mario Iguarán. Otros dos procesos tramita la Procuraduría y la Contraloría General de la República.
RICARDO AREIZA
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La imputación de cargos que le hará la Fiscalía el 27 de abril próximo no es la única investigación que enfrenta el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón y varios miembros de su equipo de gobierno por la política contratación comenzando la pandemia.
Sin embargo, la investigación penal, develada el miércoles pasado por la Fiscalía, es la más grave y pondría en serios la continuidad de su mandato.
La imputación la sustentará el fiscal séptimo Juan Carlos Durán Cujar, quien adelantó la investigación preliminar, y quien solicitará medida de aseguramiento todos los indiciados por peculado por apropiación, indebida celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
El mandatario neivano después del primer año comenzó a responder también en otro proceso disciplinario que le abrió la Procuraduría por los primeros cuatro contratos anticovid, actualmente en diligencias de descargos.
El año pasado, la Contraloría General de la República abrió otro proceso de responsabilidad fiscal (Auto del 11 de marzo de 2021) por los saldos no ejecutados del PAE durante la vigencia de 2019.
En este nuevo proceso penal anticipado por la Fiscalía por la cuestionada contratación con empresarios inexpertos de El Charco (Nariño), lo asistirá el ex fiscal General de la Nación Mario Iguarán Arana (2005-2009).
El anuncio lo hizo el propio alcalde Gorki Muñoz, horas después de haber sido oficialmente notificado de la diligencia que comenzó el año pasado. El jueves 24 de marzo se reunieron en Bogotá para ultimar los detalles.
“Mi representante va a ser el ex fiscal Mario Iguarán con un equipo bien importante”, informó a sus miembros del gabinete.
“Tengo la firme convicción que nos han violado el debido proceso porque no nos han escuchado en indagatoria, no hemos rendido versión, a nada nos han llamado”, reiteró Muñoz Calderón a sus funcionarios más allegados.
Hace seis años, Iguarán Arana, asistió jurídicamente al exdirector de Comfamiliar Armando Ariza Quintero y cobró por su defensa 1.200 millones de pesos, exigiendo como anticipo la mitad para comenzar.
Primer expediente
Muñoz Calderón, su ex secretario de Educación, Giovanny Córdoba y otros dos miembros de su equipo de gobierno responden por similares hechos en un proceso disciplinario que instruye la procuradora Delegada para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, Claudia Fabiola Medina Aguilar.
La imputación disciplinaria por contratación irregular en la fase inicial de la pandemia se realizó en audiencia virtual el 25 de noviembre de 2020. El proceso se encuentra en la etapa probatoria. La última diligencia se realizó el 9 de marzo pasado.
En este proceso lo asiste el abogado Diomedes Yate Chinome, asesor jurídico de la alcaldía de Barranquilla, especializado en derecho público y disciplinario y ex asesor de la Procuraduría.
La imputación disciplinaria soporta los hallazgos encontrados en los primeros cuatro contratos que se adjudicaron en abril de 2020 amparados por la “urgencia manifiesta” que declaró para mitigar los efectos de la pandemia. Estos contratos, presuntamente, irregulares ascendieron a 8.804 millones de pesos.
Los hallazgos
En este primer expediente la Procuraduría General de la Nación evalúa presuntas irregularidades en la contratación para suministro de mercados para adultos mayores, habitantes de calle y complemento alimenticio para los estudiantes de los colegios públicos de Neiva.
El primero fue el contrato 677 adjudicado a dedo el 28 de marzo de 2020 a la Corporación Colombiana en Paz y Social (Corsocial-Colombia) por un valor de $2.390 millones de pesos. A través de la orden de servicios 0001 del 21 de marzo de 2020, se contrató el suministro de 4.500 mercados adultos mayores beneficiarios del programa centros vida y modalidad satelital de Neiva.
“Muñoz Calderón comprometió el presupuesto del municipio sin justificación porque aprobó unos ítems del contrato, bajo el rubro de “servicios”, que si bien podrían tener relación indirecta con su objeto (los alimentos de cada mercado), no contaban con un análisis de razonabilidad y conveniencia, y no respetaban los criterios de eficiencia y austeridad que se deben cumplir en la contratación estatal”, explicó la Procuradora.
Incluía 2.060 empaque de plástico con los logos de la alcaldía; 14.420 tapabocas, guantes, vestidos en tela quirúrgicos, además le adicionaron el pago de transporte y mano de obra. Este componente representaba un incremento de 330,93 millones de pesos.
“Esos elementos, si se iban a contratar, debían tener un análisis previo de razonabilidad y conveniencia, una cuantificación diferente ya que su uso sería diario, o por varias horas, para la entrega de varios mercados, no un uso individual e independiente para la entrega de cada uno de ellos”, precisó. “Se trata, así, de un servicio sin análisis previo de conveniencia y que no cumple con el criterio de eficiencia”.
Aunque se expidió un acta aclaratoria y modificatoria, los servicios que fueron agregados al proceso contractual, en los estudios previos 778 y en la orden de suministro 001 de 2020, no fueron eliminados al momento de suscripción del acta que corrige unas inconsistencias.
Paquetazo escolar
Y para completar la Alcaldía de Neiva suscribió la orden de suministro 010 del 03 de abril de 2020 con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) con sede en el Charco (Nariño).
La administración contrató a dedo, sin licitación pública, la entrega de 105.000 raciones alimenticias a estudiantes de las zonas rural y urbana de Neiva, por un valor de 5.250 millones de pesos.
Adicionalmente, contrató directamente la interventoría mediante la Orden 011 del 06 de abril de 2020 con la Fundación Colombia Florece por un valor de 300 millones de pesos.
Ambos contratos fueron suscritos con personas jurídicas con domicilio principal en Tumaco (Nariño), sin establecimientos establecidos, sin sedes o sucursales en Neiva según la información de sus Certificados de Existencia y Representación Legal. Pero además, sin trayectoria empresarial, sin transporte, sin personal. Por eso la administración facilitó con sus funcionarios la logística ante el caos que se formó durante la entrega de los mercados.
Conflictos de interés
La Procuraduría encontró un conflicto de interés entre el contratista de la orden de suministro 010 de 2020 y el contratista encargado de la interventoría 011 de 2020 por hacer parte de un entramado empresarial.
El representante legal de la Fundación Colombia Florece, Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, aparece, a su vez, como miembro principal de junta directiva del contratista la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) lo que generaba de hecho, una abierta y expresa inhabilidad.
La firma alcanzó a recibir el valor del anticipo, pero fue devuelto cuando se destapó el escándalo.
Los contratos fueron firmados por el alcalde de Neiva Gorky Muñoz Calderón, por su secretario de Educación, Giovanny Córdoba y fue refrendado por los asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho, también indiciados ahora por la Fiscalía.
“En estas condiciones, el alcalde Gorky Muñoz Calderón desconoció el principio de selección objetiva, que es manifestación del principio de transparencia, al suscribir las órdenes de suministro y servicios 010 y 011 de 2020 con contratistas que tienen domicilio principal en otro departamento, que no tienen declarados establecimientos de comercio, sedes o sucursales en el municipio de Neiva, y que no acreditaron experiencia de ejecución contractual en ese municipio”, precisó la Procuradora Delegada.
Nexos formales
Y para completar la administración municipal, amparado en la ‘urgencia manifiesta’ expidió la orden de servicios de interventoría 011 de 2020, con una persona jurídica que tiene vínculos formales con el contratista sobre el cual se debe ejercer la interventoría. “Esas características, según la Procuraduría, permiten inferir que, en ambos casos, no se advierte que la administración hubiere procurado en seleccionar contratistas que ofrecieran la mejor oferta para los intereses de la entidad”.
Los funcionarios, según la Procuradora delegada, con esta contratación pudieron violar el principio de moralidad.
“No resulta leal y honesto que como interventor para la orden de suministro 010 de 2020, se haya seleccionado una persona jurídica que tiene vínculos con el contratista que ejecutará el contrato que debe ser supervisado”, anotó la directora de la investigación disciplinaria.
“La interventoría, por definición, exige independencia e imparcialidad del interventor frente al contratista que será vigilado. De esta forma, seleccionar un interventor con vínculos con el contratista principal no es una forma de actuar honesta y leal a favor del interés público general y de los intereses de la entidad estatal”, subrayó.
Por esos nexos la Fiscalía imputará cargos al ex concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, capturado el año pasado por otra investigación similar en Nariño y a los contratistas Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, quienes figuraban alternadamente en varias de las entidades no gubernamentales dedicadas a la comercialización de productos y prestación de servicios.
Juicio disciplinario
En este mismo orden, la Procuraduría le formuló cargos al secretario de Educación, Giovanny Córdoba, encargado de los estudios previos para determinar el precio de la orden de suministro 010 de 2020 y de la orden de servicios de interventoría 011 de 2020.
Esa planeación, empero, tuvo posiblemente serias irregularidades. En ninguno de los estudios previos de los contratos mencionados se hicieron los estudios de mercado y oferta suficientes que justificaran los valores de cada uno de los contratos, y en los estudios previos no se especificó la unidad del componente de atún del suministro de ración en casa. Además, desconoció los principios de transparencia y selección objetiva, pilares fundamentales de la contratación estatal.
Según la Procuraduría la conducta desplegada por Giovanny Córdoba Rodríguez en su calidad de secretario de Educación de Neiva, se encuadra dentro de la falta disciplinaria gravísima.
“Córdoba Rodríguez aprobó las ofertas y los contratistas que las presentaron, sin asegurarse si tenían las calidades necesarias para garantizar que fueran las mejores ofertas para la entidad”, precisó la Procuradora Delegada.
Ahora, habrá que esperar los soportes que descubrirá la Fiscalía en esta investigación iniciada en el 2020.
