El Procurador Provincial de Neiva fue removido como nunca había pasado, horas después de haberse posesionado. Un experimentado sustanciador judicial asumió el cargo en interinidad.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Las escandalosas conversaciones grabadas en secreto en abril de 2020 le pasaron la cuenta de cobro a Leonel Sanoni Charry.
La reveladora ‘estrategia escalonada’ no solo le costó su reelección como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Usco, sino que ahora, le costó su intempestivo retiro del cargo, horas después de haberlo asumido.
El funcionario duró en el cargo menos de lo que canta un gallo. A pesar de la controversia que su nombre generaba Sanoni fue designado el lunes pasado como Procurador Provincial de Neiva, en reemplazo de Yulieth Cristina Cortés, quien salió del cargo, también por presiones políticas.
Charry Villalba fue declarado insubsistente el miércoles pasado, según Decreto 1063 de 2021, suscrito por la Jefe del Ministerio Público.
Sanoni, había sido designado en el cargo el 12 de julio de 2021, por recomendación política, según Decreto 912.
Sin embargo, el nombramiento se mantuvo en secreto hasta el lunes pasado cuando asumió el cargo, lo que desató la nueva tormenta.
Encargo
El funcionario no acababa de instalarse y apenas estaba ordenando su despacho en el cuarto piso del edificio del Banco Popular, cuando se presentó el nuevo chaparrón.
Mientras se define el nuevo nombramiento fue designado Rodrigo García Castaño, funcionario de carrera de la Procuraduría Delegada Distrital en Bogotá.
García Castaño es un experimentado sustanciador en lo judicial desde hace 25 años.
La comisión fue asignada mediante Decreto 1064 firmado por la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco. El profesional universitario, especializado en derecho administrativo, asumió el encargo y comenzó a despachar desde Neiva.
Las razones
En principio, la Procuradora General de la Nación advirtió que su intempestiva remoción del cargo, horas después de haberse posesionado, se produjo “en ejercicio de la facultad discrecional del nominado para remover a un servidor de la entidad”. La salida fue inmediata. Contra esa decisión no procedía ningún recurso.
Además, la misma entidad, admitió que la salida se produjo porque tenía una investigación disciplinaria. En efecto, la Procuraduría Primera para la Vigilancia Administrativa corroboró el trámite del expediente1437 de 2020.
El proceso en trámite fue remitido el 24 agosto del año pasado. El actual secretario de la Usco, Alfredo Vargas lo había denunciado por acoso laboral.
Sin embargo, hubo otras motivaciones, que precipitaron su salida.
Nueva factura
La tormenta desatada por los polémicos audios de la corrupción, le pasó una nueva factura.
Si las conversaciones secretas que se volvieron públicas provocaron una avalancha de indignación entre los estamentos universitarios, su nombramiento y posesión como Procurador Provincial de Neiva desató otro tsunami.
Comenzando por los propios procuradores judiciales, el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría y miembros del poder judicial que pusieron en tela de juicio el nombramiento calificado como “desacierto”.
Como espuma
Sanoni, egresado de la Universidad Surcolombiana, fue elegido Decano el 19 de abril de 2018 por el Consejo Superior por un periodo de tres años, con enormes expectativas que se fueron esfumando.
Sanoni compartió la terna con el investigador Germán López Daza, director de la Maestría en Derecho Público y director del Grupo de Investigación Nuevas Visiones del Derecho, quien vuelve a aspirar y el académico Mario César Tejada, quien ejercía la Decanatura de esa facultad.
Charry Villalba alcanzó la mayor votación, seis de los nueve votos posibles; dos votos obtuvo Germán López Daza y un voto Mario César Tejada.
El nombramiento fue oficializado cuatro días después (Resolución P1215 de 2018) y el 15 de mayo de 2018 asumió el cargo, cuyo periodo expiró el 14 de mayo pasado. La meta era asegurar su reelección para un segundo periodo, lo que también se desvaneció.
El escándalo
La revelación de los audios desató una un tsunami. Todos los estamentos, colectivos y líderes de opinión, le solicitaron el retiro de todos los funcionarios involucrados en esta escandalosa campaña.
“Llevamos más de 20 años acá y nunca había pasado esto, nunca había pasado esto, que tenga un tufillo de duda o de corrupción a su alrededor nos afecta”, le recriminó la docente Diana Marcela Ortiz Tovar en una asamblea de docentes de la Facultad.
“Tomo atenta nota de lo que usted me dice, tomo atenta nota de lo que me ha dicho cada consejero, pero yo, en lo personal, no pienso renunciar porque siento en mí íntima convicción que no he defraudado ni la noemática familiar ni constitucional”, respondió tranquilamente Charry Villalba.
Sanoni insistió en que los audios eran ilegales porque habían sido grabados sin su consentimiento, pero nunca negó la realización de la manguala.
Los docentes del programa de derecho ratificaron por escrito su indignación y reclamaron el retiro. El documento fue firmado por los 28 docentes, 14 de planta y 14 catedráticos.
Sanoni, les pidió el beneficio de la duda y les anunció que no pensaba renunciar, lo que volvió a encender la indignación.
Los docentes y catedráticos de la Facultad se declararon en desobediencia civil y anunciaron que desconocerán su autoridad administrativa y académica.
Al clamor se sumaron los profesores adscritos al Departamento de Psicopedagogía y al Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación. También se pronunciaron el Comité Multidisciplinario de Egresados y la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (Aspu). Las dos agremiaciones demandaron el retiro de Charry Villalba.
Ruedan cabezas
La primera cabeza que rodó fue la del consejero César Julián Salas, representante de los egresados. Luego le tocó el turno a Andrés Camilo Alvarado, jefe del Programa de Derecho. El ex rector encargado Edwin Trujillo, le suspendió la delegación de funciones.
Ante la indignación, el rector encargado, le quitó a Sanoni la delegación del gasto y le nombró a un nuevo jefe de Programa.
Sin respaldo en el Consejo Superior, despojado de las delegaciones del gasto; con sus docentes en “desobediencia civil” y vetado por sus estudiantes, Sanoni anunció que no regresaría al Consejo Superior. En su reemplazo siguió asistiendo su suplente Rubén Darío Valbuena.
La jugadita
Sorpresivamente, Sanoni reasumió el 21 de enero pasado, su curul en el Consejo Superior, en representación de los decanos. Aunque los demás decanos le quitaron el respaldo, Sanoni desplazó a su suplente y retomó la curul para promover la reelección, que terminó zozobrando, en la tormenta que desataron los audios de la manguala.
El intempestivo retorno de Sanoni coincidió con otra intentona para deponer al rector encargado Hernando Gil Tovar y forzar la elección a dedo, sin consulta, de un rector amigo que le despejara el camino para su reelección, pero además, que le pavimentara la autopista para el retorno de su candidata Nidia Guzmán.
Pero la jugadita no le funcionó. Esta vez, la “estrategia escalonada” le falló. El Consejo Superior no le ‘copió’. Por por seis votos contra tres, el organismo colegiado respaldó la prórroga de Gil Tovar por otros tres meses.
Los tres derrotados fueron Sanoni, Luz Mila Moyano y el docente Eduardo Plazas Motta quien apoyó el primer encargo de Gil Tovar el 22 de octubre de 2020. Ese día, su reelección se hundió en el naufragio.
Cuando se creía, que Sanoni, pese a los escándalos, volvería a aspirar a la reelección, o que sus aliados podrían asegurarle su continuidad, inesperadamente, contra todos los pronósticos declinó.
El naufragio
El 2 de marzo pasado, cuando se cerró el plazo para la inscripción de candidatos a la Decanatura de Derecho Sanoni no concurrió a la nueva convocatoria. Su ausencia confirmó tácitamente la declinación.
“Los audios polémicos, cobraron otra cabeza: Sanoni no volverá a la Decanatura”, anticipó un aspirante cuando se reveló la lista de los candidatos inscritos. El presagio se cumplió.
Alberto Polanía Puentes, quién venía como Secretario General, fue ungido en reemplazo de Sanoni por seis votos contra tres.
¿Volverá Nidia?
Al cambiarse la correlación de fuerzas en el Consejo Superior la estrategia consistió en presionar la elección directa, y, luego la judicialización de la consulta estamentaria.
El ‘tutelatón’ promovido por el mismo sector, con el sorpresivo respaldo de las autoridades locales, dio resultados. Primero, a través de tutelas se ordenó la suspensión de la consulta. Luego, la Corte Constitucional, se sumó a la puja.
El 25 de marzo, la sala plena ordenó la suspensión de la consulta estamentaria, hasta tanto se profiera una sentencia definitiva en otra tutela que había interpuesto la candidata Nidia Guzmán contra la Sección Quinta del Consejo de Estado que la separó del cargo el 10 de octubre de 2019.
Sorpresivamente, la tutela fue escogida entre millones que llegan de todo el país para una eventual revisión por la Corte Constitucional.
El magistrado sustanciador, José Fernando Reyes Cuartas, reemplazó a Jorge Iván Palacio, apoderado de Nidia Guzmán en esta demanda.
El ex magistrado sustenta dos aspectos esenciales: Un defecto sustantivo en materia de inhabilidades, al equiparar una designación para una representación ante una instancia universitaria con un nombramiento a un cargo público. Y en segundo lugar, asegurs que el Consejo de Estado desconoció el principio de la eficacia del voto. Dejó de lado en este caso el voto de su decano que presuntamente vició la designación.
Según la tesis del ex magistrado en todas las rondas obtuvo los votos suficientes para seguir avanzando hasta obtener la votación mínima para ser escogida como integrante de la terna, incluso si se eliminara el voto presuntamente viciado.
Día clave
La decisión está a punto de ser definida. Por lo menos, el lunes pasado el proyecto fue incluido en el orden del día, previsto para este viernes. Hasta el cierre de esta edición, no se había radicado la ponencia.
Todo indica, que la decisión podría ser favorable para la candidata tutelante. Sin embargo, no significará, su retorno al cargo.
La Corte, si acoge la tesis del ex magistrado, podría ordenar al Consejo de Estado, que emita un nuevo fallo con las consideraciones que determine, frente a las inhabilidades y frente al debido proceso. Sin embargo, no significa que la decisión implique su inmediato retorno.
Otros escándalos
Pero no fue el único escándalo. La estrategia comenzó con la designación del docente Pablo Emilio Bahamón, como rector encargado, tras la salida intempestiva de la rectora titular Nidia Guzmán, cuyo eventual retorno está en ‘sala de espera’ en la Corte Constitucional.
Bahamón fue elegido el 24 de octubre de 2019 sin cumplir con los requisitos para ocupar el cargo, pero además, violando el reglamento interno que exigía la mayoría calificada.
Las dos irregularidades fueron denunciadas el 14 de noviembre de 2019 ante el procurador General, Fernando Carrillo Flórez por el egresado Duván Andrés Arboleda Obregón.
La queja fue tramitada inicialmente por la Procuraduría Regional del Huila pero fue remitida el 3 de enero del 2020 a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa.
El 31 de enero de 2020, el procurador Segundo Delegado, Giancarlo Marcenaro Jiménez inició indagación preliminar y el 23 de noviembre pasado se abrió formalmente la investigación disciplinaria contra los miembros del Consejo Superior y contra el propio Bahamón por haber aceptado el cargo. Sanoni, oportunamente se declaró impedido, argumentando que Bahamón intervino en su elección para ser miembro del Consejo Superior.
El 22 de julio de 2021, el procurador segundo delegado Germán Lizarazo, por competencia la remitió a la primera delegada y a la delegada para la vigilancia administrativa, para asegurar la doble instancia.
Aun así, la estrategia era, presionar por todos los medios la elección de un rector encargado amigo, que les despejara el camino.
