Aquí están los resultados de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que recoge las opiniones de decenas de líderes a lo largo y ancho del territorio colombiano sobre el Gobierno de Gustavo Petro. La mayoría no ven que haya un mejoramiento en las condiciones de seguridad, principalmente en homicidios y amenazas. Tampoco reconocen progresos en la transformación de los territorios.
Los líderes sociales del país se sienten escuchados por el Gobierno de Gustavo Petro, pero no ven mejoras en la seguridad y la transformación de sus territorios. Esta es la conclusión más importante del informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, que recoge las opiniones de decenas de ellos a lo largo y ancho del territorio colombiano.
Según el documento, el 68% de los líderes aprueban la gestión de Petro. La FIP considera que “Buena parte de esa aprobación radica en que perciben que su gobierno ha aumentado los espacios de participación, que los diálogos con grupos armados, en especial el del ELN, tienen buen pronóstico a pesar de la crisis, y que se ha avanzado en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), claves para los municipios más afectados por la violencia”.
Sin embargo, para los líderes persisten las condiciones de inseguridad (64%) y los fenómenos que los afectan directamente. Tampoco reconocen progresos en la transformación de sus territorios, ni en las condiciones de calidad de vida de sus municipios (39%).
La seguridad
De acuerdo con el informe no gubernamental, solo el 12% de los líderes manifiestan que la seguridad mejoró en el primer semestre del 2024, mientras que para el 24% de ellos las condiciones han empeorado y para el 64% se mantienen. Este último indicador no implica que sean positivas porque los líderes siguen considerando que el país y el municipio en el que habitan, son inseguros.
A lo largo de similares mediciones realizadas desde noviembre de 2022, la FIP dice observar una constante: el 86% de los líderes cree que el país es “poco seguro” e “inseguro” y el 81% tiene la misma valoración sobre su municipio. Esto indica que las acciones o las políticas del Gobierno Nacional no han tenido la capacidad para modificar esta percepción.
El informe recoge que gran parte de la percepción de inseguridad está asociada con los delitos que se presentan con mayor frecuencia en los municipios. Para los líderes, los homicidios y las amenazas siguen encabezando la lista de delitos que más los afectan.
Por otro lado, 1 de cada 10 líderes destaca el confinamiento como uno de los fenómenos que más golpean a sus municipios, lo que evidencia la gravedad de la actividad delictiva y la falta de una respuesta efectiva de protección por parte del Estado.
Dos de cada 10 líderes son amenazados cada mes en sus municipios. Las tres principales razones por las cuales se producen estas amenazas son: defender las necesidades de las comunidades que representan (34%), participar en reuniones públicas (22%) y manifestar sus opiniones (19%). Además, la participación comunitaria (61%) y la afiliación política (37%) son los principales riesgos que tiene su actividad de liderazgo.
Otro aspecto que muestra el informe de la FIP es que las alcaldías se rajan en materia de seguridad a los ojos de los líderes sociales y comunales. Solo el 34% de los encuestados manifiesta conocer alguna medida para mejorar la inseguridad, y de este grupo, el 54% refiere que han sido efectivas.
Las negociaciones con grupos ilegales
De acuerdo con la FIP, los líderes conocen muy poco sobre las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los grupos criminales en sus municipios (11%). A su vez, la mayoría de quienes las conocen, afirman que no han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad (64%).
Sin embargo, 6 y 7 de cada 10 líderes sí reconocen las tres grandes negociaciones que hoy tiene activas el Gobierno Nacional, aunque en menor medida la relacionada con la Segunda Marquetalia. De estos, más de la mitad considera que las negociaciones llegarán a buen término, lo que demuestra esperanza frente a la Paz Total, a pesar de que disminuye el optimismo sobre lo que pueda llegar a ocurrir con el Estado Mayor Central.
De otro lado, los líderes afirman que sí se tuvieron en cuenta los PDET en los planes de desarrollo municipal (84%) y departamental (74%), sin embargo, hay asuntos para fortalecer. Por ejemplo, el compromiso de las entidades que tienen responsabilidades en este proceso. Para el 55% de los líderes encuestados, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) es la entidad que más aporta, mientras que las demás no superan el 38%.
Así mismo, los líderes reconocen que los mayores avances de los PDET están en las agendas de infraestructura y adecuación de tierras (18%) y en la reactivación económica y producción agropecuaria (17%). Sin embargo, el 34% reclama que los recursos de sus municipios deberían priorizarse en la promoción de proyectos productivos y en el desarrollo vial.
Según la Fundación Ideas para la Paz, “Estos indicadores son una oportunidad para que el gobierno Petro acelere la implementación de los PDET durante los dos años que le restan. Para el 90% de los líderes consultados por la FIP, es importante que estos programas se conviertan en una política permanente de Estado, por lo que se debe aumentar el tiempo establecido para su implementación. Solo 1 de cada 10 líderes considera que hoy es posible suplir las necesidades territoriales en los tiempos acordados”.
¿Y la participación?
Al mostrar los resultados de lo que dicen los líderes sociales sobre la participación, la FIP explica como contexto que “Desde marzo de 2022 se viene implementando un proceso para revisar y ajustar el modelo actual de descentralización. Una de las prioridades establecidas por la Misión de Descentralización es la participación ciudadana como mecanismo de gobernanza democrática en los territorios. Lo que se busca es promover la diversidad de representación, la obligatoriedad y eficiencia de espacios de participación, especialmente de los consejos territoriales de participación (CTP), y mejorar el acceso a la información y la transparencia. La participación debe tomarse en serio, pues si bien los líderes del Pulso consideran que ha aumentado durante este Gobierno, siguen existiendo espacios donde es limitada y donde la Paz Total no parece estar en el radar”.
De acuerdo con el documento, dos de cada 10 líderes no participan en ningún espacio relacionado con la implementación del Acuerdo de Paz. Es más, solo el 50% participó en la actualización de los planes de acción para la transformación regional, un espacio clave para determinar la hoja de ruta de los PDET. De igual forma, poco conocen las misiones o pactos territoriales que lanzó el Gobierno durante el primer semestre de este año: solo el 26% las reconocen, a pesar de su despliegue mediático.
La organización no gubernamental asegura que “Promover la participación no solo implica abrir espacios, brindar información e incentivar a la población para que se involucre activamente. Es importante que las necesidades, opiniones y proyectos de la ciudadanía tengan resonancia en los tomadores de decisiones. De nada sirve el esfuerzo por regular los espacios de participación si las promesas siguen incumpliéndose”.