La Comisión de Acusación de la Cámara está de nuevo en el centro del huracán. Las razones: el intento de revivir el tribunal de aforados para investigar a los altos funcionarios del Estado; los procesos a los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo por su papel en el escándalo de corrupción de la Justicia; y la solicitud que hizo la Corte Suprema de Justicia a los representantes a la Cámara para investigar a Álvaro Uribe por las ‘chuzadas’ del DAS.
Los dos primeros temas tienen una relación profunda. Para romper con la tradicional ineficiencia de la Comisión de Acusación, el proyecto de equilibrio de poderes presentado por el gobierno en 2015 incluyó una comisión de expertos para juzgar al presidente, al fiscal general y a los magistrados. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró inexequible con el argumento de que el pueblo debe elegir a los jueces de los aforados. Dos años después, y en medio del peor escándalo de la Rama Judicial, el gobierno decidió revivir la comisión en el proyecto de reforma política que cursa en el Congreso. La Cámara aprobó su creación hace dos semanas y es posible que en los otros tres debates que necesita resulte aprobado vía fast track.
A la presión mediática por encontrar salidas a la crisis de la Justicia, se suma la histórica poca eficiencia de la comisión. En los últimos 40 años solo ha emitido una condena, la del magistrado Jorge Pretelt, y tiene 670 procesos represados. Entre ellos, algunos relacionados con temas tan complejos como la retoma del Palacio de Justicia, del cual hacen parte 6.000 folios que ningún representante ha revisado. No es gratuito que en el mundo político la Comisión de Acusación sea conocida como ‘de absoluciones’.
En cuanto a las denuncias a magistrados, en los últimos 25 años se han radicado 3.528 en la comisión, de las cuales el 99 por ciento han terminado archivadas. Parte de ellas porque no han sido bien sustentadas, y parte porque no las han estudiado a profundidad. El problema radica en que no tiene sentido que los parlamentarios juzguen a los magistrados que, a la vez, son sus propios jueces. Mucho menos en un escándalo en el que detrás de cada denuncia hay coimas, roscas y prácticas del estilo del ‘yo te elijo, tú me eliges’.
A estos problemas de diseño institucional se suma el hecho de que buena parte de las denuncias provienen de demandantes de oficio. Prueba de ello es que las mismas tres personas han instaurado la mitad de las represadas hasta el momento. Y aunque la comisión actual ha evacuado el doble de casos que las de los dos cuatrienios anteriores, al resolver 700 de 1.376 pendientes, es evidente que a los congresistas que la componen les hacen falta herramientas y competencias investigativas.
Los investigadores en el caso de los magistrados –el representante liberal Fabio Arroyave y el uribista Edward Rodríguez–aseguraron a SEMANA que no van a cargar con la ineficiencia histórica de la comisión, y que para ello les pidieron a la Fiscalía y a la Procuraduría un apoyo especial en este proceso. El próximo martes convocaron al congresista Musa Besaile, al exfiscal Luis Gustavo Moreno y al abogado Leonardo Pinilla, acusados de mediar entre el exgobernador Alejandro Lyons y los magistrados Bustos y Ricaurte. En total, no deberían tardar más de seis meses en tomar decisiones sobre el proceso.
Pero más allá de la celeridad con que asuman la investigación, la gravedad de la coyuntura hace obligatorio que esta se desarrolle de cara a la opinión pública. “Nosotros somos los investigadores, no los investigados”, asegura Rodríguez. Sin embargo, con la credibilidad en el Congreso y en las Altas Cortes en sus mínimos históricos, y mientras se define el futuro de la reforma política, los comisionados deben asumir una actitud responsable. Esto implica contar cuáles de ellos están inhabilitados por investigaciones judiciales, particularmente en la Corte Suprema.
Recientemente el representante Telésforo Pedraza envió un derecho de petición a la comisión para preguntar cuáles de sus miembros están siendo investigados por las Altas Cortes. El presidente de la misma aseguró que no podía dar una respuesta oficial en nombre de esta célula legislativa, y que solo podía limitarse a lo que cada uno de sus 15 representantes contestara. “La manifestación de cualquier situación de impedimento hace parte del fuero interno de cada individuo”, dijo.
Finalmente, Arroyave elaboró una respuesta en la que tres representantes, Humphrey Roa (conservador), Nicolás Guerrero (La U) y Julián Bedoya (liberal), aparecen con investigaciones en la Corte Suprema. Sobre Roa responde que “al parecer existen tres investigaciones”, sin especificar cuáles son. Sobre Guerrero señala que cursa un proceso en su contra sin detallarlo, a pesar de que hace dos años la Procuraduría dijo que habría violado el régimen de inhabilidades al lanzarse al Congreso estando casado con una concejal. Y sobre Bedoya afirma que “existen cuatro radicados para ser investigado sin notificación”. En septiembre de 2015, SEMANA denunció que este último, designado para investigar al magistrado Jorge Pretelt, se presentaba como abogado sin ni siquiera haberse graduado de la universidad.
Cinco de quince representantes de la comisión no contestaron si están investigados o no. Entre ellos Hernando José Padaui, de Cambio Radical, de quien se dice que es amigo personal del exfiscal Gustavo Moreno. Por actuaciones cuando era alcalde de Magangué entre 1998 y 2000, la Corte Suprema le abrió una investigación por peculado. Por si fuera poco, en el Congreso se dice que Padaui medió para que Moreno fuera asesor de la Comisión de Acusación entre 2011 y 2016 y, en consecuencia, tuviera acceso a todos los expedientes de investigaciones sobre parlamentarios y magistrados.
El otro investigador en el caso de los magistrados, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, tiene abierto un proceso en el Consejo de Estado. Aunque la Procuraduría pidió cerrar el caso, aún está pendiente la conclusión de los magistrados.
Por último, varios parlamentarios cuestionan la autoridad del secretario de la comisión, Juan Pablo Duque, en la investigación de los magistrados, argumentando que es cuota del exfiscal Eduardo Montealegre. No en vano hasta un día antes de posesionarse, en octubre de 2014, sirvió de enlace de la Fiscalía con el Congreso. Si bien eso no representa impedimento moral ni ético alguno, genera controversia por cuenta de la cercanía entre Montealegre y el magistrado Leonidas Bustos.
En el reciente juicio contra, el magistrado Pretelt la Comisión de Acusación demostró que, independientemente del resultado, sí puede ser eficiente. Lo reconocen expertos como Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia para la Justicia, para quien, en esta crisis, la comisión está obligada a aplicar los mismos parámetros de eficiencia.
En términos de los impedimentos, si bien estos son legítimos y legales, deben hacerse evidentes cuanto antes. Para solucionar una crisis institucional tan grave, todos los actores implicados en la investigación del escándalo deben trascender la obligación de la ley. Lo que está en juego no es poca cosa.
