Cuatro procesos adelantan la Fiscalía y la Contraloría General de la República por la contratación de las obras en el Parque Isla de Aventura, uno de los colosales paquidermos que pululan en el Huila. En otra controversia, Cormagdalena devolvió recursos pendientes.
RICARDO AREIZA
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Aunque parezca curioso, Empresas Públicas Las Ceibas demandó a la Alcaldía de Neiva por no haberle girado los recursos a los que se comprometió para ejecutar dos obras en el ‘Parque Isla de Aventura’, uno de los grandes elefantes blancos que vegetan indómitos en el Huila.
La empresa de servicios públicos consideró que la administración municipal de la que depende incurrió en un incumplimiento contractual porque nunca le transfirió los recursos, contemplados en el convenio interadministrativo de cooperación No 675 de 2010 para la construcción de la plaza ceremonial y el sendero gratuito.
Como consecuencia de este demostrado incumplimiento EPN pidió que se condenara al Municipio de Neiva al reconocimiento y pago de los compromisos no cumplidos. Entre otros, 116,12 millones de pesos que corresponden a saldo pendiente. Además, el reconocimiento y pago de 76,68 millones de pesos por intereses moratorios y honorarios asumidos por EPN durante la liquidación del contrato de obra No 037 de 2010.
Y finalmente, otros 49,16 millones de pesos correspondientes a los descuentos por ley (Retefuente, Reteica y contribuciones por contratos de obra pública) que debieron realizarse al contrato de obra que se tercerizó con un particular la ejecución de las dos obras.
Las sumas a pagar deberán ser reajustadas conforme al IPC, y la condena en costas y agencias en derecho. Finalmente reintegró 753,63 millones de pesos.
Paquidermo
El paquidérmico proyecto costaba inicialmente 47.312 millones de pesos. Ante la imposibilidad de financiarlo totalmente, el alcalde Héctor Aníbal Ramírez, decidió iniciarlo por fases.
Para ejecutar la primera etapa delegó en Empresas Públicas de Neiva la construcción de la plaza ceremonial y el sendero gratuito a través del convenio 675 de 2010 suscrito por la Alcaldía y el gerente de la entidad, Juan Carlos Herrera.
Dos semanas después EPN lo adjudicó a dedo, sin licitación, con un particular por valor de 4.467 millones de pesos.
El contrato 037 fue firmado el 29 de diciembre del 2010 con el ingeniero Josué Ricardo Vargas Quintero.
Las dos obras nunca se usaron y hoy están en avazado deterioro y en abandono total.
Acusados
Por estos hechos responden penal, fiscal y disciplinariamente el ex alcalde, Héctor Aníbal Ramírez y el entonces gerente de Empresas Públicas de Neiva Juan Carlos Herrera.
La Fiscalía les imputó cargos el 13 de enero de 2017 ante el Juez Tercero Penal Municipal Neiva de Control de Garantías por celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores.
El gerente en vez de ejecutar directamente la obra como estaba previsto en el convenio, la subcontrató, con el ingeniero Vargas Quintero.
La tercerización en este caso constituyó el eje de la imputación penal que sustentó el fiscal en el juicio oral que acaba de concluir.
En su criterio, EPN no tenía la capacidad técnica, ni experiencia específica en intervenciones paisajísticas, construcción y reparación de vías (senderos) o en trabajos de construcción o adecuación de edificaciones como las contempladas en el proyecto original diseñado por la arquitecta Diana Wiesner.
“La conducta resulta del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal que rigen la contratación administrativa”, precisó la Fiscalía.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva adelantó durante tres años el juicio oral que acaba de terminar. Está pendiente el sentido del fallo.
Juicio fiscal
Adicionalmente, la Contraloría General de la Nación adelanta actualmente un juicio de responsabilidad fiscal por la construcción de estas dos obras. También por la contratación de una barcaza y los muelles flotantes.
El organismo de control constató que las dos obras (Plaza ceremonial etapa 1 y el sendero gratuito) objeto del contrato 037 de 2010 están en avanzado deterioro, invadidas por la maleza, con fisuras en la placa de piso y pérdida del acabado en material flexible del sendero.
Estas obras nunca han sido utilizadas por la comunidad para su goce y disfrute, están abandonadas desde la firma del acta de recibo por parte de Empresas Públicas de Neiva, por lo que no están cumpliendo con el objetivo del proyecto de convertir a la Isla en sitio turístico y de recreación.
Por lo tanto, la Contraloría cuantificó el detrimento patrimonial en 3.242 millones de pesos que corresponde a las sumas pagadas al contratista.
Liquidación
Las obras fueron entregadas y recibidas a satisfacción por la Alcaldía de Neiva el 26 de mayo de 2014. El acta de terminación del convenio interadministrativo 675 de 2010 fue firmada por NeIIy Vega Cabrera, supervisora delegada por el Departamento Administrativo de Planeación de la alcaldía de Neiva.
Posteriormente el convenio fue liquidado bilateralmente el 13 de noviembre de 2015. El acta fue firmada por el alcalde de la época Pedro Hernán Suarez Trujillo; Aurelio Navarro Cuellar, gerente de las EPN; Oscar Fernando Soto, director del Departamento de Planeación Municipal y Alexander Soto Hernández, subgerente Técnico y operativo de la EPN.
La Universidad de Antioquia, contratada por la CAM para realizar la interventoría externa del contrato 037 de 2010 certificó la terminación de las obras y recomendó un mantenimiento preventivo de manera periódica para preservar las obras, lo que nunca ocurrió.
Las obras están en avanzado deterioro por su estado de abandono.
“Al haber sido liquidado el contrato, se denota que la administración municipal a finales del año 2015, abandonó el proyecto dejándolo a merced de la delincuencia, los indigentes y del deterioro natural que ocasiona la maleza y las condiciones del clima”, certificó la Contraloría General.
El organismo también adelanta una investigación por falta de mantenimiento en las últimas tres administraciones.
Insólita demanda
Lo que no estaba contemplado era la recuperación de los saldos no girados por Cormagdalena. Los saldos habían sido reconocidos al liquidar el convenio pero no los giró. Por eso EPN decidió demandar a la propia Alcaldía. La demanda se surtió ante el Juzgado Primero Administrativo de Neiva.
La Alcaldía de Neiva contestó la insólita demanda que instauró la ex gerente de EPN, Cielo Ortiz y pidió que llamaran en garantía a Cormagdalena, entidad que se comprometió a cofinanciar el sendero y la plaza ceremonial.
Según la Alcaldía, los dineros nunca le fueron transferidos a Empresas Públicas porque Cormagdalena incumplió con los aportes soportados en el convenio de cooperación No 1- 0029 -2009.
Sin embargo, cuando avanzaba la demanda, el 29 de julio pasado la apoderada de la Alcaldía de Neiva inesperadamente presentó el desistimiento.
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial pidió el retiro de la demanda teniendo en cuenta que el fundamento del llamamiento en garantía fue superado (Acta No 019 expedida el 21 de julio del corriente año).
Según la administración municipal Cormagdalena se comprometió a realizar la liquidación del convenio de cooperación No. No 1- 009 -2009, origen de la cofinanciación, con un saldo a favor del municipio de Neiva 753,63 millones de pesos.
Esta suma fue transferida al municipio el 30 de junio del presente año según recibo de caja No. 01847596 expedido el 6 de julio de 2021.
El desistimiento implica la renuncia integral por parte del Municipio de Neiva al llamamiento que efectuara a Cormagdalena.
En estas condiciones, la juez Primero Administrativo de Neiva Eylen Genith Salazar aceptó el desistimiento y declaró terminada la actuación judicial.
Otros ‘chicharrones’
Adicional a estas obras, el alcalde Ramírez Escobar realizó separadamente otras dos contrataciones polémicas: La barcaza ‘La Magdalena’ y la construcción de dos muelles flotantes.
El ensamble de embarcación con fines turísticos fue adjudicado al consorcio Muelles 2010 según contrato de obra N. 354 de 2010. Tenía un costo inicial de 575 millones de pesos, aportados por Cormagdalena.
Los dos muelles flotantes fueron contratados por el Municipio y Cormagdalena con el mismo consorcio Muelles 2010. La inversión total alcanzó 914, 44 millones de pesos., incluyendo el navío de bajo calado. Aunque se invirtieron los recursos los dos sistemas nunca entraron en operación.
El primer muelle flotante desapareció de su sitio. La barcaza y el muelle flotante de Caracolí permanecen en avanzado deterioro. Los dos componentes costaron 1.489 millones de pesos.
La Contraloría General de la República abrió un juicio fiscal el 26 de noviembre de 2015. El ente de control les imputó responsabilidad al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y a su jefe de Contratación, Euclides Dussán.
Por esta contratación, la Fiscalía les imputó cargos por indebida celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales y peculado por apropiación. Responden el ex alcalde de Neiva Héctor Aníbal Ramírez, su antiguo jefe de contratación Euclides Dussán García y el contratista, Juan David Camargo Luna, representante legal del consorcio Muelles 2010.
