El nuevo presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, habla con LA NACIÓN. Dice que la labor de esa justicia no puede ser evaluada por el número de decisiones judiciales. “En la justicia ordinaria habían sentencias en ausencia y nunca se les había plantado cara a las víctimas”, alega. También habla sobre los 200 falsos positivos cometidos en el Huila.
Jesús Antonio Rojas Serrano
El magistrado Alejandro Ramelli asumió esta semana como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derechos Humanos de la Universidad de París X Nanterre y doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca.
¿Cuáles son sus retos al frente de la presidencia de la JEP?
En primer lugar, tenemos que dar resultados judiciales de alto impacto. Tiene que ver con la expedición, no solamente con las sentencias, sino con la resolución de la situación jurídica de los no máximos responsables. Y en ese sentido tenemos el reto de colocar especial énfasis en dos macrocasos: el macrocaso 9, que es el relacionado con violencia contra pueblos étnicos, y el caso 11 sobre violencia sexual; son dos macrocasos que deben tener la mayor atención porque son deudas históricas de la sociedad colombiana. Y un segundo reto es la construcción de las sanciones propias, que, como muchos saben, es el componente restaurativo de nuestra justicia y ello implica una concertación entre las víctimas, los comparecientes, la magistratura y la oferta institucional. El diseño y la implementación de las sanciones propias son un elemento esencial para el adecuado funcionamiento de la jurisdicción.
¿Cuándo saldrán las primeras sentencias?
Jesús Antonio, ante el tribunal, ya hay varios macrocasos andando. Uno, es el secuestro Farc; el otro, es el que tiene que ver con el caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia; el tercero, es el relacionado con falsos positivos en Norte de Santander. Todos esos casos ya están ante el tribunal para fallo. En el caso de Farc, ha habido algunas complejidades porque, por una parte, las víctimas han querido participar de manera muy activa, lo cual es muy importante, pero esa participación demanda tiempo; por el otro lado, los comparecientes de Farc han presentado diversos recursos de apelación, reposición y recusaciones, que hay que resolver.
¿Los magistrados son conscientes de que la gente está reclamando de parte de la JEP resultados en materia de sanciones?
Los resultados de la JEP no se pueden medir únicamente en temas de sentencias, las cuales van a salir. Hace poco, hicimos una publicación sobre los 70 logros de la JEP en Colombia; allí hay un resumen de todo lo que hemos logrado en estos 6 años y medio. Hay que entender que en materia de justicia transicional, los indicadores no son los mismos de la justicia ordinaria, en donde se mide solamente de forma cuantitativa, es decir, cuántos autos, cuántas sentencias. En la JEP, es en términos de restablecimiento de derechos, en términos de superar el umbral de la verdad de la justicia ordinaria, en términos de búsqueda de los desaparecidos, en términos de determinación de máximos responsables. Hay otros logros, quizás un poco más inmateriales, que son los grandes alcances de la justicia transicional, más allá de las sentencias. No se puede juzgar o evaluar nuestra labor por un número de decisiones judiciales, las cuales tienen sus tiempos y sus complejidades.
Pero, le insisto en algo: ¿hay fechas para que los colombianos conozcamos las primeras sentencias por parte de la JEP?
No. Yo no me quiero comprometer con ninguna fecha porque las fechas las dan los procesos. Jesús Antonio, la misma dinámica del proceso, en donde están el derecho de las víctimas a participar y los comparecientes a ejercer su defensa, agregándole la complejidad de la sanción propia, lleva a que no sea responsable de mi parte, colocarle una fecha. Si yo le digo que en tres meses, usted dentro de tres meses me va a decir dónde está la sentencia. Ojalá, salga antes. Yo tampoco quiero que eso se extienda. Pero, tampoco, puedo dar fechas ni comprometerme por las complejidades que tienen esos casos.
Se lo pongo en otros términos, ¿en 2025 el país tendrá la primera sentencia emitida por la JEP?
Eso esperaría yo. Pero, como le digo, no me quiero comprometer con una fecha por los tiempos y las complejidades de cada proceso. Lo que sí le puedo garantizar es que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que sea lo antes posible.
Usted que ha estado liderando varios de estos procesos judiciales y conociendo en detalle de los horrores de la guerra en Colombia, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado?
Hay muchas cosas que me han impactado. Yo soy uno de los correlatores del caso 03 y, de hecho, manejé todo el tema Huila; en Neiva hicimos una audiencia muy concurrida, en la que participaron 140 víctimas, más de 70 comparecientes. Eso tuvo un alto impacto en la región por el conocimiento de la verdad. Más allá de la admisión de responsabilidades y demás, mucha gente en el Huila me dijo: nosotros no sabíamos que eso había pasado, no teníamos presente que también habían pasado falsos positivos. Entonces, yo creo que esos cambios de narrativas, como pasó en el Huila, son de alto impacto y son cosas que generan una satisfacción personal porque se trata del descubrimiento de la verdad o de esas verdades que en un departamento como el Huila no las tenía presente la comunidad. Se trata de cosas mucho más intangibles que sacar la lista de cuántas decisiones judiciales se han obtenido.
¿En qué etapa está el proceso de los falsos positivos ocurridos en el Huila?
Estamos en la construcción de lo que se llama la resolución de conclusiones, que es un auto en el que se evalúan esos reconocimientos de responsabilidad y daños y se analizan las propuestas de reparación por parte de las víctimas. Por el momento, estamos en eso. Después de que salga la resolución, el caso Huila pasa al tribunal para impartirse los trámites correspondientes y la sentencia. Le insisto Jesús Antonio: estamos en la construcción de ese auto donde se evalúan los reconocimientos de responsabilidad, se examinan las solicitudes de las víctimas y el caso, finalmente, se manda al tribunal.
¿A qué se exponen los excomandantes de la Novena Brigada del Ejército que frente a los falsos positivos ocurridos en varias regiones huilenses no han admitido ningún tipo de responsabilidad?
Ellos se exponen a la vía en donde pueden ser declarados culpables o inocentes. Si son encontrados responsables, tendrían una pena privativa de la libertad de 15 a 20 años, sin ningún tipo de rebaja.
¿Cuándo se podría dar eso?
Los cinco generales que no reconocieron su responsabilidad ya están en la UIA, Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en donde se está evaluando todo el expediente y allí, se tomarán las decisiones correspondientes. Ya hace mucho tiempo lo enviamos a la UIA para que ellos surtan los trámites y, finalmente, si consideran que deben ser acusados, pasarán al tribunal para un juicio adversarial, en donde ya empezaron los juicios, como el caso, por ejemplo, del coronel retirado Hernán Mejía, quien ya está en juicio; pasaría algo parecido con los casos del Huila.
¿Qué le llamó la atención de lo que ocurrió aquí?
Me llamaron la atención las historias de los sobrevivientes. Me llamó mucho la atención la audiencia de reconocimiento en donde los integrantes de la fuerza pública explicaron, en sus palabras, qué los llevó a cometer ese tipo de delitos. Hay un tema importante que hay que destacar en el caso Huila: cuando arrancamos teníamos 15 condenas contra autores materiales, que eran personas de bajo rango, y en la audiencia de reconocimiento, incluso, altos mandos porque estaban comandantes de los batallones Pigoanza y Magdalena, algunos reconocieron su participación por acción o por omisión de 200 ejecuciones extrajudiciales, 32 desapariciones forzadas y 8 tentativas de homicidio. Pasamos de 15 condenas contra autores materiales a 200 reconocimientos. Yo creo que eso es el impacto que ha tenido la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Huila.
¿Los falsos positivos fueron una realidad en el Huila?
Sí. Eso fue lo que salió en la audiencia de reconocimientos. Los altos mandos reconocieron 200 falsos positivos, 32 desapariciones y 8 tentativas de homicidio. Ellos mismos aceptaron sus responsabilidades y eso ya está judicialmente demostrado.
Volviendo a sus desafíos como nuevo presidente de la JEP, algunos excomandante de las Farc han cuestionado el papel de la jurisdicción, ¿qué postura tiene frente a eso?
En el tema de los mandos medios, es verdad que la JEP ha bajado en las cadenas de mando, incluso, casos que tienen que ver con el Huila porque está el Comando Conjunto Central, que tenía influencia en el Huila, Tolima y Quindío. Las víctimas están pidiendo la verdad. Y una es la verdad que tiene el secretariado y otra es la que tienen los mandos medios. Entonces, los del secretariado pueden tener la verdad en cuanto a los grandes planes estratégicos, pero lo más usual es que no tengan la verdad sobre casos puntuales. Y esa verdad sobre casos puntuales la tienen más los mandos medios. Las víctimas no quieren la verdad sobre el plan estratégico sino la verdad sobre los hechos y esta verdad sobre los hechos la pueden tener más los mandos medios. Por eso, en el caso sobre secuestro, no solamente se ha llamado al secretariado sino a los mandos medios, que –hay que decirlo– nunca habían sido investigados por la Fiscalía.
¿El mensaje es que la JEP va a continuar investigando con todo lo que eso implica?
Vamos a continuar investigando mientras cumplamos nuestro mandato, que son 10 años para la investigación y 5 para los juicios. Llevamos 6 años y medio y los juicios ya iniciaron.
En julio pasado, el presidente Gustavo Petro cuestionó que la verdad esté fragmentada en varios procesos y propuso un tribunal de cierre para los crímenes del conflicto, ¿qué opina de esa discusión?
La opinión que yo tengo al respecto es que cualquier tribunal que se vaya a diseñar para los conflictos que hay en Colombia con diferentes negociaciones tienen que respetar los estándares internacionales, tanto los fijados por la Corte Penal Internacional como por el Sistema Interamericano. Nosotros somos el tribunal de cierre de lo que nos corresponde, de las Farc, de la fuerza pública, hasta el 2016. Y eso es lo que estamos haciendo. Otros fenómenos ya no son competencia nuestra. En esas negociaciones tendrán que definir cómo le van a dar cierre a cada uno de esos procesos.
¿Cómo está hoy funcionando la JEP?
Jesús Antonio, nosotros estamos cumpliendo nuestro mandato con el presupuesto que tenemos. Hay una preocupación, que no es sólo de la JEP sino de muchas entidades, sobre unas eventuales reducciones del presupuesto derivado de los problemas con el recaudo de impuesto y demás. Parece ser que eso podría impactar a la JEP y a muchas entidades del Estado. Con el personal y el presupuesto que tenemos, estamos funcionando bien, con un poco de sobrecarga en las salas y en el tribunal. Efectivamente, los recursos siempre son insuficientes y lo puede decir cualquier entidad pública colombiana. Lo importante es que no se vayan a venir esos grandes recortes presupuestales porque eso sí afectaría gravemente nuestro funcionamiento.
¿Ya ha hablado con el Gobierno Petro sobre esa preocupación?
Se ha venido hablando. La secretaría ejecutiva de la JEP ha venido hablando con el Ministerio de Hacienda y demás, pero esta es una preocupación no solamente de la JEP, es una preocupación de todas las entidades del Estado. Todavía no es una certeza, pero sí es una preocupación.
Una pregunta más y agradeciendo este diálogo con LA NACIÓN: Exsecuestrados como el excongresista huilense Jaime Felipe Lozada han cuestionado permanentemente a la JEP y la señalan de querer ‘lavarle la cara’ a los victimarios, ¿qué les dice a ellos?
Jesús Antonio, yo entiendo el dolor que sufren las víctimas de secuestro; han sido tragedias personales y familiares intensas. Nosotros lo hemos documentado plenamente en el caso 01. Y les digo lo siguiente: por primera vez los antiguos comandantes de las Farc estuvieron en una audiencia pública de reconocimiento; eso nunca había pasado y fueron tres días. Entiendo y comprendo el dolor de las víctimas, pero también les pido que confíen en la JEP porque se han logrado resultados que nunca se habían alcanzado en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria lo que había era sentencias en ausencia; nunca, realmente, se les había plantado cara a las víctimas. Aquí lo hemos logrado, con muchísimas dificultades. Seguiremos trabajando por las víctimas.
