El país cuenta ahora sí con un contralor General de la República en propiedad, luego que esta semana el Congreso de la República eligiera nuevamente a Carlos Hernán Rodríguez, quien luego de haber sido seleccionado en agosto de 2022, tuviera que salir del cargo por decisión del Consejo de Estado que declaró nula su elección por irregularidades en su proceso de escogencia.
En un país en donde abundan los escándalos de corrupción y algunos funcionarios públicos acuden a toda clase de triquiñuelas en la contratación pública, resultaba un despropósito que el representante del órgano de control fiscal más importante permaneciera sin el titular a la cabeza.
Rodríguez es abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre. Fue concejal de Palmira en dos ocasiones, así como diputado de la Asamblea del Valle y secretario de Planeación de la Gobernación. También ha sido contralor departamental y en 2017, asumió como auditor general de la República.
Como lo dijimos en esta tribuna cuando fue elegido en 2022, Carlos Hernán Rodríguez deberá antes que cualquier cosa demostrar total independencia y transparencia y relanzar una gran cruzada nacional de vigilancia de los recursos públicos en todos los niveles.
La Contraloría General de la República no puede ser una convidada de piedra en los escándalos de corrupción que están sacudiendo a entidades del orden nacional como la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La ciudadanía espera de organismos de control como la Contraloría que estos acudan inmediatamente cuando hay de por medio una denuncia o una alerta sobre un caso de corrupción y que las investigaciones concluyan con castigos ejemplarizantes. Nada saca el ente fiscalizador abriendo investigaciones a diestra y siniestra, si al cabo de 5, 6, 7 o más años estos procesos se derrumban. Si hay algo que un funcionario o contratista ‘torcido’ le teme es que sea descubierto y lo pongan a pagar de su propio bolsillo.
