Los retos del Procurador

La reelección del procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado fue una crónica anunciada. La reelección del procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez Maldonado fue una crónica anunciada. Los 80 votos alcanzados confirmaron el consenso que había logrado consolidar desde tiempo atrás y con una marcada ventaja frente a los otros dos aspirantes, incluso con el poder preferencial que le representaba el ejercicio en esa alta posición. Aunque la magistrada María Mercedes López renunció horas antes, alegando “falta de garantías” el congreso mayoritariamente votó en bloque y lo mantuvo en el cargo. Aceptar, como lo expresó ayer en varias estaciones radiales,  que sólo recibió perfiles de los congresistas para ocupar cargos en la Procuraduría, confirma muchas de las críticas que se formularon y pone en evidencia una marcada desventaja frente a los otros aspirantes. En segunda instancia, los retos que asume el Procurador en materia de ser el garante de todos los derechos de todos los ciudadanos, sin involucrar en su tarea oficial sus particulares visiones morales, religiosas o personales. Por supuesto que el hecho de ser servidor público no puede derivar en cambiar sus opiniones o alterar sus convicciones, pero otra cosa distinta es que tales miradas se conviertan en orientadoras de su función pública, y sobre todo en detrimento de grupos sociales, la mayor de las veces minoritarios, que también deben ser protegidos y no atacados o censurados por quien, justamente, debe ser el guardián de esa igualdad constitucional. En otra vía, también debe discutirse con seriedad y sentido de responsabilidad aquella función electora del Senado de la República de quien, precisamente, es el supervisor disciplinario de las actuaciones de los congresistas. Que aquellos electores del Procurador son, a su vez, sujetos disciplinables del electo, constituye una ostensible aberración jurídica y relación absurda de poder que siempre terminará, como ocurrió el martes en la noche, con una larga lista de posibles impedimentos y recusaciones porque los votantes están simultáneamente involucrados en procesos jurídicos que les adelanta aquél a quien van a escoger. Y quedará el gran sinsabor de que, por interpretaciones acertadas o no, los impedimentos no existen o no se quiere que existan, y todos terminan votando libremente. Ordóñez Maldonado tiene la oportunidad de corregir determinadas actuaciones que han encontrado enorme rechazo de sectores ciudadanos. El Procurador, independientemente de sus creencias particulares, representa a toda la sociedad colombiana; supervigila la conducta de los servidores públicos, y defiende el orden jurídico y los derechos fundamentales, sin importar sus concepciones ideológicas, políticas o religiosas. La función pública aborda la moralidad, que no responde a ninguna particular exigencia confesional o subjetiva, sino al marco ético conceptual, propio de la moral media o social, que encarna la Constitución. Esa es  su obligación. La independencia, es la otra garantía que debe demostrar frente al gobierno y frente a sus naturales electores. “El Procurador en materia de ser el garante de todos los derechos de todos los ciudadanos, sin involucrar en su tarea oficial sus particulares visiones morales, religiosas o personales”.