JESÚS ANTONIO ROJAS SERRANO / LN
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Una mezcla de escepticismo y miedo ronda hoy los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación —antes zonas veredales— en donde permanecen los exintegrantes de las Farc.
Muertes, acecho de grupos no identificados, limitaciones a servicios esenciales como agua y luz y otras necesidades, tienen con los ‘nervios de punta’ a los excombatientes y pobladores de las regiones en donde se encuentran estos lugares creados por el Gobierno Nacional para concentrar a los miembros de las Farc durante su proceso de dejación de armas y la reincorporación a la vida civil.
Así lo consigna un informe de la Defensoría del Pueblo, luego de realizar una serie de visitas humanitarias, entre la primera y última semana de agosto, a las 26 antiguas zonas veredales diseminadas por todo el país.
Fueron tres los objetivos sobre los cuales las visitas de la Defensoría se centraron en observar: el monitoreo de las condiciones de seguridad y garantía de derechos de las comunidades que acogieron dichos Espacios Territoriales, la verificación de las condiciones de adecuación de los mismos espacios y las actividades encaminadas a favorecer el proceso de incorporación.
¿CÓMO VIVEN?
En la mayoría de las antiguas zonas veredales, las vías de acceso se encuentran en mal estado. La construcción de algunos alojamientos está a medias, los excombatientes duermen en carpas y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales, según la Defensoría del Pueblo.
Adicionalmente, los habitantes de las regiones se han quedado esperando el fortalecimiento de centros de salud y establecimientos educativos prometido por el Gobierno Nacional.
En la antigua zona veredal de Planadas, Tolima, hay algunos alojamientos por terminar y tienen vías en mal estado.
Sobre este lugar, la comisión que visitó el lugar plasmó lo siguiente: “Vías de acceso que están siendo mejoradas, cuentan con servicio de energía, telefonía móvil e internet. Se recibe atención en salud por un convenio suscrito con el Hospital de Planadas. Se presta atención a las madres gestantes. Cuentan con área de salud. Se han realizado brigadas de salud pero no de educación sexual y reproductiva. Hay suministro constante de agua. Hay punto de gestión de desechos y cada semana un camión de la alcaldía pasa a recoger los desechos. Cuentan con pozos sépticos. Las remesas tienen una periodicidad de 8 días los alimentos perecederos y cada 15 los no perecederos. Utilizan gas propano. Se han entregado las dotaciones”.
Otro panorama vive la antigua zona veredal de Puerto Asís, Putumayo, en donde se encuentran los excombatientes del Bloque Sur de las Farc. Allí, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, las áreas comunes son muy reducidas. Los planos y la infraestructura son insuficientes para estas zonas. Los integrantes de la Defensoría consignaron que “este lugar es de difícil acceso, el terreno no era la zona apta para la construcción, está rodeado por lagunas, el espacio es muy estrecho, no hay electricidad, hay señal de telefonía móvil en algunas partes, no hay internet. El suministro de agua es insuficiente”.
Sobre la antigua zona veredal de Miravalle, en jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá, en donde se encuentra El Paisa, el
otrora jefe de la columna Teófilo Forero, la Defensoría del Pueblo encontró este panorama: “Vías de acceso en regular estado, el servicio de energía se presta a través de planta eléctrica, no hay telefonía móvil y la conexión a internet es intermitente en el Kiosco Vive Digital. Cuentan con un área de salud atendida por un médico y una auxiliar de enfermería y tienen insumos para una atención básica. Tienen suministro permanente de una fuente cercana del espacio. Se presta el servicio de recolección de basuras y previo de ello se agrupa en el lugar destinado para esto. Cuentan con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Las remesas se entregan con una periodicidad de 48 días para los alimentos no perecederos y de 8 días para los perecederos. Cocinan con gas. Se les ha hecho entrega de las dotaciones de ropa de cama y de vestir”.
LA SEGURIDAD
La Defensoría del Pueblo recogió lo que han venido denunciando comunidades y líderes sociales: la formación y disputa de nuevas estructuras armadas por el control territorial y la producción y tránsito de productos ilícitos. Esto hace de las poblaciones alrededor de las antiguas zonas veredales y a los exmiembros de las Farc, comunidades vulnerables dada la generalizada sensación de riesgo, pues en 24 de estas zonas se identificó la presencia de estructuras armadas.
Sin embargo, la Defensoría clasificó los riesgos en alta, media y baja complejidad. La antigua zona veredal, localizada en la vía Neiva-San Vicente del Caguán y en donde está El Paisa, está en riesgo alto. Allí, la comunidad denuncia “la aparición de personas desconocidas en algunos sectores, que podrían conformar o hacer parte de nuevos grupos”.
Existen además “rumores sobre presencia de presuntos disidentes en las veredas Puerto Amor y Minas Blancas ubicadas en lo que se conoce como el Bajo Pato y en la vereda Las Morras que hace parte de la zona de reserva campesina. Adicionalmente, en veredas cercanas hay presencia de cultivos ilícitos”.
Pobladores y excombatientes que tuvieron contacto con la Defensoría del Pueblo manifestaron que “tienen conocimiento de la presencia de un “pistolero” en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, que al parecer tendría en su poder 27 armas de fuego cuyo objetivo sería atentar contra personas en proceso de reincorporación”.
En esta zona veredal está fresco el recuerdo del caso de un amnistiado de las Farc que se presentó allí y posteriormente, se dirigió a visitar a su familia en el casco urbano de San Vicente del Caguán, donde fue asesinado.
Los excombatientes expresaron también su preocupación por los sobrevuelos realizados por drones y aviones aparentemente de la fuerza pública.
OTRAS NECESIDADES
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la no existencia de acompañamiento suficiente para el manejo de los dineros que están recibiendo los excombatientes de las Farc, al amparo del decreto 899 de 2017 que estableció tres tipos de beneficios económicos para los exmiembros de esta guerrilla, convertida ahora en partido político. Muchos de ellos no cuentan con cédula de ciudadanía, nunca han estado en el sistema financiero colombiano ni han participado de la economía de mercado.
Además, los cajeros electrónicos donde pueden retirar el dinero se encuentran en cabeceras municipales, y los exguerrilleros han “manifestado sentir riesgo para su integridad durante su desplazamiento”, según la Defensoría.