La reforma al régimen departamental presentada por el gobierno está lejos de convertirse en un verdadero instrumento para fortalecer la descentralización, permitir una mayor autonomía en el manejo de recursos, modernizar los departamentos y garantizar su participación del desarrollo nacional.
Por el contrario, la iniciativa conserva la intencionalidad del Ejecutivo de recentralizar el manejo de los recursos y descentralizar las responsabilidades a las entidades territoriales.
Con razón, los gobernadores del país cuestionaron la ‘macrocefalia’ del Gobierno Central, entendida como la creciente concentración de los ingresos fiscales y la excluyente potestad para administrar los recursos. Y no es cuento. De cada cien pesos que administra el Gobierno Nacional, los departamentos solo reciben cinco.
La descentralización administrativa que implicó la elección popular de alcaldes y gobernadores, que abrió las puertas a la participación ciudadana y marcó una nueva apertura sigue en retroceso, que fue creada para oxigenar la democracia, mejorar los servicios públicos y fortalecer el poder local, está siendo enterrada poco a poco por el querer del gobierno nacional.
La descentralización, como política del Estado, sigue en el ojo del huracán.
Las relaciones intergubernamentales siguen manteniendo una estructura piramidal: el poder de decisión y de inversión está concentrado en el Gobierno Nacional y los departamentos y municipios actúan como mandaderos y ejecutores de las decisiones del gobierno nacional.
Los Planes Departamentales de Agua, los Ocad para el manejo de regalías, el mantenimiento de las redes terciarias a cargo de municipios y departamentos, son típicos ejemplos de esa perversa política recentralista.
La débil capacidad de gestión de las entidades territoriales, las dificultades para generar recursos propios y especialmente la falta de transparencia y los altos niveles de corrupción, despilfarro y abuso de los recursos públicos, han motivado a muchos sectores a plantear enmiendas constitucionales y revisar las facultades. El manejo irregular de las regalías, por ejemplo, sirvió de pretexto para justificar el raponazo de los recursos, replantear las competencias y extremar los controles.
Colombia presenta grandes desequilibrios regionales. La producción industrial y del sector terciario se origina en las cuatro principales capitales que, conjuntamente, representan el 35% de la población total. Cerca de 90% de los tributos y 70% del gasto se concentran en 40 municipios. Además, el nivel de desarrollo de los municipios presenta importantes diferencias: sólo 139 municipios (13%) tienen un nivel de desarrollo medio alto, mientras la gran mayoría, 569, presenta un desarrollo medio (52%) y 389, bajo (35%).
La reforma territorial, clave en las negociaciones de paz, sigue transitando un modelo centralista, ajeno a las nuevas realidades políticas y territoriales. Con ese esquema centralizador difícilmente el país podrá enfrentar el posconflicto si no se hace desde los territorios como debería ser.
“La descentralización, como política del Estado, sigue en el ojo del huracán”.
Editorialito
Aunque suene duro, el Huila, figura en primer lugar en los fraudes en materia de cobro de auxilios cafeteros. La denuncia formulada por el Comité de Cafeteros no puede quedar en el aire. La venta ilegal de facturas a comerciantes avivatos no cafeteros debe investigarse. Y sancionarse ejemplarmente. Los cafeteros deben cooperar para evitar que los recursos terminen en manos ajenas.
