LA NACIÓN
Un documento dado a conocer por la Corte Suprema de Justicia con el cual se decidió mantener preso al congresista Musa Besaile, también sirvió para hacer serios señalamientos contra los magistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo Fernández.
El alto tribunal describió el episodio del soborno de 2.000 millones de pesos pagados por Besaile para evitar, en el 2015, su captura por ‘parapolítica’.
“Que el caso 27700 contra el senador Musa Besaile durmiera el sueño de los justos solo se podía garantizar con la indispensable intervención del magistrado Gustavo Malo Fernández, amigo del doctor Francisco Ricaurte Gómez, quien decidió por fuerza de la desconfianza con la red de intermediarios pactar directamente con el senador el pago y garantizar el éxito de la ilícita gestión”, señala.
“De la entrega del dinero no hay duda (…). Tampoco la hay en relación con el motivo: perturbar la administración de justicia mediante un ofrecimiento cuantioso”, dice la decisión, que echa por tierra los dos argumentos principales de la defensa de Besaile: por un lado, que no fue un soborno sino una extorsión y, por el otro, que la plata la obtuvo de un préstamo y no del millonario saqueo de Córdoba.
La Corte dice que el congresista “tenía la convicción cierta de que ese dinero (el del soborno) no tenía por qué afectar sus finanzas personales debido a que lo podía obtener de los réditos que le había dejado su alianza con el exgobernador Alejandro Lyons en los convenios criminales realizados para apropiarse de recursos públicos a través de la contratación”.
El expediente revela que además de los $600 millones que el exgobernador afirma haberle entregado al congresista en Bogotá para que pagara el soborno, hubo otros 350 millones que le llegaron a Musa de manos de Jesús Henao, uno de los contratistas que acordaron pagar coimas para ganar contratos en Córdoba.