Es una pena que el ‘fantasma’ de la impunidad aceche la masacre de los 7 policías ocurrida hace dos años en el corregimiento de San Luis, zona rural de Neiva, en un hecho, que como es de dominio público, fue cometido por las disidencias de las Farc.
Muchos recordarán que corría comienzos de septiembre de 2022. Gustavo Petro se estrenaba en la Casa de Nariño y ya había anunciado su plan de dialogar con todos los grupos ilegalmente armados del país. Y acudiendo a la misma práctica que utilizaba la guerrilla de las Farc cada vez que se sentaba a negociar, el Estado Mayor Central bajo el control total en ese momento de alias ‘Iván Mordisco’ desplazó desde el Cauca al Huila a un grupo armado de al menos, 8 sujetos, para perpetrar la matanza de los uniformados y así mostrar “fortaleza” ante Petro.
Producto del feroz ataque perpetrado con ráfagas de fusil y artefactos explosivos, fueron asesinados los intendentes Wilson Jair Cuéllar Losada y Luis Alberto Sabí Gutiérrez; los patrulleros Duverney Carreño Rodríguez y Jhon Fredy Bautista Vargas y los auxiliares Santiago Gómez Endes, Cristian Ricardo Cubillos Borbón y Arlex Mauricio Pascuas Figueroa. Los uniformados se desplazaban en una camioneta oficial de la institución cuando fueron sorprendido a mansalva.
Dos años después, alias ‘Guajiro’ y alias ‘Juliana’ son los únicos capturados por semejante masacre. Los familiares de los uniformados asesinados han sido tenidos al margen de las investigaciones y poco les han informado sobre los avances de las investigaciones para dar con el paradero no solo de los autores materiales sino de los determinadores.
Una matanza de esta naturaleza no puede quedar en la impunidad. Y la Policía Nacional, a través de sus generales y coroneles quienes son los que dan las órdenes, deben asumirlo como una cuestión de honor tener respondiendo ante la justicia a todos los que colaboraron y ejecutaron esta masacre.
