79 masacres y más de 19.000 personas desplazadas en 2020 develan un año crítico para los derechos humanos en Colombia; a este preocupante panorama se suma el reclutamiento forzado de menores de edad, advierte la Defensoría del Pueblo.
Lucía Sánchez
¡Preocupante! 79 masacres han cobrado la vida de 340 personas en 2020 según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, hechos que repercuten directamente en el desplazamiento forzado, con un registro de más de 19.000 desplazados este año de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.
En el más reciente informe presentado por Indepaz, el observatorio de derechos humanos detalla que los departamentos más golpeados por las masacres durante este año son Antioquia con 18, Cauca (13), Nariño (9), Norte de Santander (6) y Putumayo (4).
Entre tanto, respecto a la radiografía del desplazamiento forzado en el país, Acnur precisa que en lo corrido de 2020 ha coordinado la atención de 67 eventos de desplazamiento masivo, por los cuales 6.280 familias / 19.281 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
Jennifer Gutiérrez, coordinadora del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, SISDHES, señala que los departamentos donde se han presentado el mayor número de desplazamientos en 2020, coinciden con los datos de este flagelo en 2018 y 2019: “Desde 2018 vemos que los desplazamientos siguen ocurriendo en mayor número en departamentos como Antioquia, Nariño, Chocó y que hay graves afectaciones en los territorios donde se encuentran los pueblos étnicos. Encontramos que en los últimos 3 años las causas del desplazamiento son las mismas y están referidas a la presencia de grupos armados”.
En el monitoreo del SISDHES se encuentra que la presencia de grupos armados sin identificar, disidencias, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Guerrillas Unidas del Pacífico (Gup), representan un factor de alto riesgo para la ocurrencia de los desplazamientos.
Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha condenado las masacres que se han registrado en diferentes departamentos de Colombia durante los últimos meses.
“Encontrar formas de detener la violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz”, asegura.
Panorama en Huila
El departamento no ha sido ajeno a esta espiral de violencia que sacude al país. Dos masacres acaecidas en Algeciras en los meses de julio y septiembre las cuales cobraron la vida de 7 personas y; más de 200 víctimas de desplazamiento forzado de ese municipio, de acuerdo a datos de la Personería Local, así lo indican.
Para el caso de Algeciras, según las autoridades, esta ola de violencia que se ha registrado en 2020 ha tenido dos fases. En el primer semestre del año obedecía a el accionar de la unidad ‘Oscar Mondragón’ de la Segunda Marquetalia al mando de alias ‘El Paisa’, y tras la desarticulación de la misma, ya para el segundo semestre, alias ‘Paciencia’, exFarc, es quien les ha estado robando la tranquilidad a los algecireños, pues está relacionado con las dos masacres que se han perpetrado en la Despensa Agrícola del Huila.
Reclutamiento forzado
Ante esta crisis humanitaria se suma otro preocupante hecho victimizante, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, y es que un informe que acaba de revelar la Defensoría del Pueblo deja en evidencia la crudeza de este flagelo en el marco de la pandemia.
En un trabajo realizado por servidores de la Entidad, del 17 de marzo al 30 de septiembre, se tuvo conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados en terreno; 23 directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo; seis por ONG; 2 por la Agencia de Naciones Unidas y 29 por otras entidades.
“Los departamentos en donde cometieron el ilícito son: 21 en Caquetá; 19 en Cauca; 8 en Putumayo; 7 en Antioquia; 6 en Arauca; 4 en Chocó; 3 en Amazonas y Córdoba, cada uno; 2 en Huila, Meta, Vichada y Nariño (específicamente en Tumaco) y un caso en Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. De todos los casos, un 80 % ocurrieron en zonas rurales”, precisa el reporte.
Respecto a los grupos armados ilegales autores del reclutamiento están facciones de las disidencias las FARC-EP, con 54 casos (63%); grupos armados del crimen organizado, con 5; grupos posdesmovilización de las AUC, con 5; el ELN, con 6; disidencias GAOR 36, con 2; Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 1, y no se tiene información en 10 casos.
“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos”, indicó el Defensor del Pueblo.
Para la Defensoría, se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas tanto de menores de edad como a sus familiares y/o cuidadores. Así mismo, ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad que les permita generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales.
