En medio de la crisis de seguridad, la Fundación para el Estado de Derecho interpuso una acción popular buscando que se protejan “los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública y a la moralidad administrativa”, en el departamento del Huila.
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Ante la escalada de la violencia en el país y de lo cual el departamento del Huila no es ajeno, la Fundación para el Estado de Derecho – FEDe Colombia, interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Huila, para proteger los derechos de los ciudadanos en esta región.
Así mismo, realizó un análisis de lo que está ocurriendo para hacer un llamado urgente. Expuso el panorama local con cifras oficiales, denuncias ciudadanas en medios de comunicación como LA NACIÓN y otros, así como las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
El objetivo puntual del medio procesal, es que se protejan “los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, a la moralidad administrativa, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público de la población que habita el departamento del Huila”.
Expone que la violación sistemática a estos derechos ha venido ocurriendo con ocasión del recrudecimiento y aumento de la violencia en el territorio, y luego de que el gobierno decretara el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, con grupos al margen de la ley, como el Estado Mayor Central -EMC y la Segunda Marquetalia disidencias de las Farc EP.
Según la fundación, la región opita se encuentra “desprotegida por las autoridades, facilitando que los miembros de grupos armados ilegales expandan su control territorial e incrementen la violencia contra la ciudadanía”.
Los responsables
Los accionantes son tanto la citada fundación, como Luis Guillermo Vélez Cabrera; quien fue gobernador encargado del departamento del Huila (2013), exsecretario general de la Presidencia de Juan Manuel Santos (2016), y exsuperintendente de Sociedades (2010).
De otra parte, los accionados son la Nación – Presidencia de la República, y los ministerios de Defensa e Interior, como también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
En la acción popular se pidió vincular a varias entidades como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Gobernación del Huila, y las alcaldías de Neiva, La Plata, Algeciras, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol.
La solicitud
La solicitud al Tribunal es “declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes públicos en el departamento del Huila”.
Así mismo, “ordenar a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa Nacional, a ejecutar actividades militares ofensivas y operaciones especiales de la Policía en el departamento del Huila en defensa de los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y, la utilización y defensa de los bienes públicos en el departamento”.
Así mismo, cesar de las omisiones que ponen en riesgo y amenazan los derechos colectivos, dictar de órdenes que se consideren pertinentes para la salvaguarda de los derechos, implementar actividades, metas e indicadores y asignar responsables; fortalecer la fuerza pública, intensificar el control territorial, e Implementar medidas de comunicación efectivas con los líderes, defensores de derechos humanos, entre otros actores interesados, para facilitar la denuncia.
También pide que se emita medida cautelar de urgencia, donde ordene la adopción de un plan de respuesta “frente a la crisis de seguridad y orden público”, para garantizar el orden, recibir denuncias relacionadas con el cumplimiento o infracción al cese al fuego bilateral; el plazo sería de 10 días.
Y otras medidas tendientes al control de cumplimiento emanado por el Tribunal por parte de los accionados.
Todavía no se ha admitido o inadmitido la acción popular, no obstante, de acuerdo con Luis Guillermo Vélez, “La acción popular no tiene solamente un valor simbólico. Busca conminar al Gobierno Nacional y a sus organismos para que adelanten políticas específicas que garanticen el derecho a la paz y que protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos entre ellos la seguridad pública. Los miembros de la FEDe hemos apoyado en el pasado procesos de paz y creemos que es la manera de resolver las situaciones de violencia, sin embargo, también creemos que se deben adelantar de manera efectiva y seria”.
En ese sentido, si la demanda es aceptada sería un “buen ejemplo para el país, respecto de la procedencia de este tipo de acciones para controlar lo que ocurre con la ‘paz total’, en otras regiones o departamentos como Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Antioquia, entre otros”, concluyó Vélez.
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