Dos excomandantes del Batallón de Infantería ‘Cacique Pigoanza’, en el municipio de Garzón, un excomandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales (Afeur 11), además de otros oficiales y soldados, todos adscritos a la Novena Brigada del Ejército en el Huila, aceptaron responsabilidad en asesinatos extrajudiciales. Tres excomandantes de la brigada no reconocieron su presunta responsabilidad en los crímenes. “El objetivo era dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales…”, dijo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Rafael Rodríguez C.
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El asesinato de 200 personas, entre ellas campesinos y habitantes de calle, fue reconocido por excomandantes y exmiembros del Batallón de Infantería ‘Cacique Pigoanza’, en el municipio de Garzón, la Agrupación de Fuerzas Especiales (Afeur 11), adscritos a la Novena Brigada del Ejército en el Huila.
La aceptación de los asesinatos extrajudiciales o conocidos como ‘falsos positivos’, además de 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio, fue hecha ayer por 27 exmilitares ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Aceptaron haber participado en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados. Los uniformados aceptaron que el objetivo era dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional”, dijo la jurisdicción especial.
La aceptación de responsabilidad en los ‘falsos positivos’ fue hecha por los entonces comandantes del Batallón ‘Pigoanza’, los tenientes coroneles (r) Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García y Leonardo Ayala Remolina, excomandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (Afeur 11).
Además de los tenientes coroneles: Alejandro León Campos, Faiver Coronado Camero, Jair Arias Sánchez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Mario Hernán Duarte Méndez y Ómar Oswaldo Ojeda Oliva, quienes integraron la plana mayor de los batallones ‘Pigoanza’ y ‘Magdalena’.
Los oficiales en su comparecencia ante la JEP reconocieron que se encargaron de dar las órdenes para implementar la política “presión por bajas en combate como único resultado operacional tangible válido, que se trazaba desde la IX Brigada”.
A la aceptación de las muertes de civiles se sumaron los mayores Francisco Adrián Álvarez Calderón, Julián Andrés Calderón Motta y Felipe Andrés Ramírez Gómez; los capitanes Jesús Mauricio Jiménez Botina, Miller Damián Forero Cruz y Carlos Mahecha Bernal.
También reconocieron su responsabilidad los suboficiales Carlos Mahecha Bernal, Desaix de Jesús Palomino Mejía, Fernando Riveros Sarmiento, William Andrés Capera Vargas, Carlos Hernán Rodríguez Vera y José Roldán López Cerón; además de los soldados profesionales Luis Rodolfo Mulcué Sanza, Willinton Espinosa Baquero, Roberto Yesid Quintero Quintero, Francisco Javier Castañeda Alfaro y José Yaty Anacona Bueno.
La JEP manifestó que los exmilitares en su aceptación de las muertes extrajudiciales, ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz, reconocieron “su participación en calidad de máximos responsables”. https://www.lanacion.com.co/192-falsos-positivos-enredan-a-lasprilla-perez-guarnizo-y-perez-laiseca/
No aceptaron la responsabilidad
La jurisdicción especial señaló que pese a la amplia evidencia testimonial y documental, los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca, no reconocieron su responsabilidad.
Entre tanto que el teniente coronel Carlos Yair Salamanca Robles y el mayor Ángel Fernando Carvajal Rojas tienen plazo hasta hoy para informar si reconocen o no responsabilidad. Mientras que el mayor Félix Juan Carlos Araque, tiene hasta el 5 de febrero para radicar su respuesta.
“Estigmatización de víctimas”
Para la Sala de Reconocimiento de la JEP, los ‘falsos positivos’ cometidos en el Huila fueron perpetrados “como parte de una ataque generalizado y sistemático contra la población civil, y vulneraron las normas del Derecho Internacional Humanitario”.
Según la investigación del tribunal, “entre el 2005 y 2008 ocurrieron la mayor cantidad de hechos victimizantes documentados por la JEP en el Huila. Este aumento coincide con el incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública, tal como se ha observado en otras regiones del país”.
En el auto se indica que “se desplegó una estrategia de guerra en la que se privilegiaron las muertes sobre cualquier otro resultado operacional concreto o inmaterial. Como consecuencia, se presionó a las tropas o se les incentivó, positiva o negativamente, para que presentaran bajas en combate”.
Para la imputación contra los excomandantes de la Novena Brigada y demás uniformados, la Sala de la JEP dijo haberse basado en 7 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.
También reportó haber recopilado 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP. De ellos, 80 son comparecientes voluntarios y 49 forzosos. Además, 7 testimonios practicados a terceros. Así mismo, más de 100.000 folios de expedientes digitales que fueron obtenidos mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar.
Los investigadores de la JEP accedieron a los archivos de la Novena Brigada y de allí tomaron los “libros de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas oficiales de cada una de las supuestas bajas en combate”.
La Sala de Reconocimiento de la JEP informó ayer haber descubierto tres patrones criminales al interior de la Novena Brigada del Ejército con sede en Neiva.
Uno de ellos, según el tribunal, fue el de “estigmatización de víctimas mediante señalamientos arbitrarios de pertenecer a un grupo armado. La preparación, ejecución y encubrimiento evidencian un alto nivel de planificación. Se buscaba lograr la percepción de ‘debilitamiento del enemigo’ y se alegaba debilidad institucional para la judicialización de los supuestos colaboradores de los grupos armados”.
Y pone como ejemplo el caso de Juan Cristóbal Alvarado, quien fue asesinado el 14 de diciembre de 2005 en el municipio de Algeciras frente a su hijo de 5 años. Al ciudadano le implantaron un arma corta que había sido incautada y no reportada, los militares se repartieron un poco más de 100 mil pesos que le encontraron en los bolsillos de la víctima y ellos mismos hicieron el levantamiento del cadáver.
Patrones
Según la JEP, uno de los patrones utilizados por los militares fue el de engaño de personas aprovechando sus condiciones de vulnerabilidad. “Las víctimas no eran consideradas integrantes o afines al enemigo, sino que eran atraídas o reclutadas por miembros de la tropa o por civiles que, por contraprestaciones económicas, las convencían bajo engaño para ser trasladadas desde zonas como Garzón, Pitalito o Neiva a sitios donde terminaban siendo asesinadas. En su mayoría era personas vulnerables por circunstancias económicas, de desplazamiento, sin domicilio fijo, o habitantes de calle, con consumo problemático de sustancias, lo que hacía menos probable los cuestionamientos e investigaciones sobre los mismos”.
La JEP agrega que “así sucedió con los homicidios y desapariciones forzadas de Miller Andrés Blandón Álvarez, Juan Diego Martínez y Álvaro Hernando Ramírez, en julio de 2008. Las tres víctimas fueron contactadas y trasladadas de Neiva a Pitalito. Según revelaron los responsables, los crímenes fueron perpetraron después de que soldados del BIMAG se hicieron pasar por finqueros que buscaban mano de obra para recoger café. En el caso de Blandón Álvarez, el crimen trascendió, porque la víctima era conocida como ‘la estatua humana’. Todos los días se paraba, pintado de blanco, en frente del Palacio de Justicia de Neiva”.
El tercer y último patrón criminal que dice haber identificado la JEP es el de realización de acciones contra supuesta delincuencia común y/o milicias de las Farc en contravía de los lineamientos del DIH, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la doctrina militar. Según el tribunal, “estas operaciones se originaban en falsas denuncias e informaciones sobre supuestas actividades de la delincuencia común y/o milicianos. En algunas oportunidades, integrantes de las unidades militares realizaban directamente acciones delincuenciales que luego eran denunciadas por la comunidad y a las que esas mismas unidades respondían asesinando a civiles señalados falsamente de ser los responsables”.