José Nelson Cardozo y Alba Luz Girón Ramos deberán pagar, cada uno, una multa de $81.200.000 luego de que la Superintendencia de Transporte los sancionara por facilitar a los conductores el no pago del peaje de Altamira y adicionalmente hacer un cobro ilegal en un paso improvisado.
Carolina Argüello Cruz
Carolina.arguello@lanacion.com.co
Luego de las reiteradas denuncias realizadas por parte de la Concesión Aliadas para el Progreso, también de la Agencia Nacional de Infraestructura, y de este medio de comunicación, la Superintendencia de Transporte impuso una multa correspondiente a 35 salarios mínimos legales vigentes, luego de una rigurosa investigación en la que confirmó la ilegalidad de un paso improvisado para que los conductores omitieran el pago del peaje Altamira.
Allí, en la vereda Llano de la Virgen, José Nelson Cardozo y Alba Luz Girón Ramos, de 79 y 70 años de edad, respectivamente, aprovecharon la ubicación de su vivienda y abrieron carretera para que los vehículos pudieran omitir el pago del peaje, que en su momento, costaba $8.500, y a cambio ellos recibían la módica suma de $2.000, es decir, $6.500 menos.
Así, durante más de cinco años, se dedicaron a esta labor, era un secreto a voces que, aunque la gente conocía, nadie se atrevía a denunciar. Tal llegó a ser el auge de este paso alterno que, de acuerdo con el Superintendencia de Transporte, para el 2018 diariamente transitaron 3.142 vehículos, de los cuales 268 se desviaron por la vía eludible, lo que corresponde al 8.14%.
En dinero, lo anterior significa que el promedio del recaudo para el peaje de Altamira es de $900.326.750 y el valor dejado de recibir, fue de $65.822.571, lo que indica que la evasión fue correspondiente al 7.3%.
Adicionalmente, el seguimiento arrojó que los vehículos particulares son los que más prefirieron seguir el camino ilegal, sin embargo, vehículos de empresas como Coomotor, Cootranshuila, Cootransgar, Flota Huila, Taxis Verdes y Cootraslaboyana también transitaron por allí.
La sociedad Aliadas para el Progreso envió un documento el 21 de febrero de 2019 a la Superintendencia de Transporte en el que informó que desde el 18 de abril de 2016 que inició operación de la estación de peaje Altamira, se identificó la situación de elusión del pago del peaje por el predio de los señores Nelson Cardona y Alba Luz Girón.
Relacionó que, desde entonces, se realizaron acercamientos con los propietarios del predio con el fin de informar y concientizar sobre las implicaciones que tenía el permitir el paso de vehículos para evadir el pago del peaje.
Evidencias
En las visitas realizadas se evidenció que en el PR 60 + 550 de la calzada RN 4504, en la margen izquierda, había una construcción de un acceso sobre la franja de protección de la vía margen izquierda, la cual coincide con el predio por donde se está realizando la elusión al pago del peaje de Altamira.
“Se presenta apertura del broche y mejoramiento del ingreso a predio sobre margen izquierda a la cual se instala un tubo de desagüe y balastro para su ingreso, en conclusión, se construyó acceso. Se explica que para realizar acceso debe realizar trámite con la Agencia Nacional de Infraestructura. El usuario se niega a dar información sobre el predio y se niega a firmar manifestando que él es el dueño del predio”, indica la resolución expedida por la Superintendencia de Transporte.
Medidas
Frente a esta problemática se ha necesitado la intervención de la Policía, la seccional de Tránsito y Transporte, la Alcaldía de Altamira, la ANI, la concesión Aliadas para el progreso (en su momento) y ahora la concesión Ruta al Sur.
Esta última pidió, el 28 de octubre de 2021, presencia de apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte “con el objeto de evitar la elusión que se presenta por algunos conductores que usan el frente del predio en el lateral izquierdo para no pagar el Peaje Altamira, práctica que realizan cuando observan que la Policía no está presente”.
La Superintendencia señaló que “como la finalidad de las medidas no es quebrantar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada que se tiene sobre el inmueble, pero tampoco permitir su abuso, los propietarios del predio deberán informar a la Alcaldía municipal, a la Inspección de Policía de Altamira – Huila y a la Concesionaria Ruta al Sur, cuáles son aquellos vehículos que ingresarán y saldrán del predio y que no harían parte del universo de los conductores que utilizan sus terrenos para, presuntamente, evadir el pago del peaje de Altamira”.
Incumplimientos
En reiteradas oportunidades se solicitó a Alba Luz y a Nelson que cerraran el paso, sin embargo, en el seguimiento se encontraron varias anomalías.
El 4 de mayo del 2023 Supertransporte solicitó a Ruta al Sur que se informara “si tiene soportes probatorios recientes con los cuales se pueda determinar que continúa la acción de facilitar y/o permitir la circulación de vehículos… con lo cual los conductores evaden el paso por la estación de peaje y el pago correspondiente; a cambio de un cobro monetario”.
El 20 de junio del 2023, la Policía de Altamira informó que “Nelson Cardozo y Alba Luz Girón, residentes en la vereda el Llano de la Virgen del municipio de Altamira, han cerrado el ingreso de los accesos donde se presentaba la evasión del pago de la tarifa del peaje de Altamira; de igual forma, tampoco se ha presentado queja alguna por la Concesionaria Ruta al Sur, ni los residentes del sector”.
Pese a ello, el 17 de julio Ruta denunció que “siendo las 14:17 horas se evidencia el paso por el predio del señor Nelson Cardozo, de un vehículo de servicio público con placa TLA616 de la empresa El Pony Express SAS”.
Inconformes
La sanción impuesta por la Superintendencia de Transporte cayó como ‘un baldado de agua fría’ pues, los denunciados porque aluden que son personas de escasos recursos que siempre actuaron en la buena fe y que no tienen el dinero correspondiente para el pago de la multa. Deuda que ya está en curso y corriendo intereses.
“Algunas personas les pedían el favor de si podían pasar por ahí y no le vieron ninguna irregularidad a eso porque el predio es de ellos. Como la gente veía las condiciones en que viven, en ocasiones les daban algo de dinero, pero no porque ellos cobraran. Es más, ellos desconocían que dejar pasar a las personas era una irregularidad o iba en contravía de lo que estipula la ley, porque, inclusive, son personas analfabetas”, relató la abogada Alejandra Villanueva.