MOE alerta sobre aumento de violencia contra liderazgos

La Misión de Observación Electoral en Colombia ha publicado un informe que evidencia los riesgos de seguridad que enfrentan líderes y lideresas políticas, sociales y comunales en el país en el presente año. Entre enero y septiembre, se registraron 395 casos de violencia, siendo los liderazgos políticos afectados en un 46,1%.

María Alejandra Ruiz Mallungo

@amperiodista

María.ruiz@lanacion.com.co

Entre el primero de enero y el treinta de septiembre del presente año, en Colombia se registraron 395 hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunales, perpetrados por grupos armados ilegales (GAI). Entre estos, se destacaron las amenazas con 205 casos, los asesinatos con 108, los atentados con 51 y los secuestros con 27, según lo expone la Misión de Observación Electoral (MOE) en su informe titulado “Violencia contra líderes y lideresas políticas, sociales y comunales: Diagnósticos de los cambios en los patrones de violencia durante 2024”. Esto consolida al 2024 como el cuarto año no electoral más letal para estos liderazgos desde 2016.

Panorama en el Huila

En este análisis realizado por la MOE, el departamento del Huila ocupa el séptimo lugar en la categoría de acciones armadas, con 73 casos de violencia y 21 de amedrentamiento por parte de grupos armados ilegales, lo que suma un total de 94 acciones intimidatorias en la región. En cuanto a la violencia contra líderes políticos, comunales y sociales en el departamento, el Huila se posiciona en el puesto 15, con 8 amenazas, 1 asesinato, 1 atentado y 1 secuestro, lo que da un total de 11 acciones violentas contra estos liderazgos. Aunque en esta categoría se encuentra muy por debajo de los diez primeros departamentos, la situación sigue siendo alarmante, ya que estas acciones son una muestra de que los liderazgos en el departamento están en la mira de los GAI, según los datos recopilados por la MOE.

Precisamente sobre esta preocupante situación, el pasado 9 de diciembre, LA NACIÓN publicó una nota de prensa en la que Francisco Calderón Feriz, alcalde del municipio de Garzón y miembro de la junta directiva de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), denunciaba que alcaldes de municipios del sur, norte y occidente del Huila estaban siendo amenazados y extorsionados por grupos armados ilegales que operan en la región. El mandatario expuso su gran preocupación por la seguridad, que afecta no solo de manera directa a los empresarios y a la ciudadanía en general, sino también a los líderes políticos que se atreven a rechazar con vehemencia las acciones de los grupos armados ilegales en la región, poniendo en riesgo el liderazgo político en los territorios.

Deterioro de la seguridad

Según la Misión de Observación, esto evidencia un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para estos actores fundamentales en el tejido social y democrático del país. Un aspecto alarmante del informe es el incremento de la violencia letal, que representó el 40,3% de los incidentes reportados. Además, el secuestro alcanzó cifras récord, con un aumento del 145,5% respecto a 2023, siendo este el tipo de agresión con mayor crecimiento desde 2016. Este fenómeno afecta principalmente a los liderazgos políticos y sociales, con una mayor incidencia en las zonas rurales, donde se registró el 88,9% de los secuestros.

Cinco departamentos

En el diagnóstico de la MOE, cinco departamentos concentran el 52,9% de los hechos de violencia: Valle del Cauca con 138 casos, Antioquia con 247, Norte de Santander con 117, Cauca con 384 y Bolívar con 107. En estas regiones, la violencia letal tiene una alta incidencia, siendo Valle del Cauca y Cauca los territorios más afectados en áreas rurales. Los liderazgos políticos fueron los más atacados, con un 46,1% de los casos, reflejando un aumento del 55,56% en comparación con 2020. Los liderazgos comunales también experimentaron un incremento significativo, con un 71,43% más de agresiones. Por otro lado, los liderazgos sociales, aunque siguen siendo gravemente impactados, mostraron una disminución general del 37,77%, lo que plantea dinámicas diferenciadas en los tipos de agresión y la respuesta de los GAI en distintas regiones, sin que esta sea la única variable que determine los patrones de afectación.

Afectación significativa contra lideresas

Las mujeres líderes fueron víctimas del 20,8% (82) de las 395 acciones registradas entre enero y septiembre de 2024. Contra ellas se documentaron 58 amenazas, 13 asesinatos (realizados en Antioquia (2), Valle del Cauca (2), Bolívar (1), Boyacá (1), Caquetá (1), Cauca (1), Chocó (1), Guaviare (1), Meta (1), Nariño (1) y Putumayo (1)), 5 secuestros, 3 atentados, 2 casos de violencia contra mujeres políticas (VCMP) y 1 desaparición. Estos eventos tuvieron lugar en 45 municipios de 20 departamentos, siendo Valle del Cauca (20) y Santander (11) los más afectados, concentrando el 37,8% de los incidentes. Las lideresas políticas estuvieron afectadas por 32 acciones, las comunales por 26 y las sociales por 24, de las cuales 9 fueron amenazas colectivas realizadas en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Magdalena, Santander y Arauca. En comparación con 2020, se observa una tendencia de estabilidad en el número de hechos registrados, pasando de 81 eventos a 82, lo que representa un aumento del 1,2%. En cuanto a la violencia letal, se registró una disminución significativa del 23,8%, pasando de 21 casos en 2020 a 16 en 2024.

Acciones integrales

Frente a este preocupante panorama, la MOE destaca la necesidad de implementar acciones integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y garanticen la seguridad de los liderazgos sociales, políticos y comunales. Entre las medidas propuestas se incluyen: fortalecer la presencia estatal en zonas rurales, mejorar los esquemas de seguridad y promover la justicia en regiones de difícil acceso; incrementar los programas de protección individual y colectiva para líderes sociales, políticos y comunales, con especial atención a las lideresas; implementar estrategias de diálogo y construcción de paz en territorios donde los GAI tienen mayor incidencia, como el Cauca y Valle del Cauca; y, por último, priorizar investigaciones y judicialización de los hechos de violencia, buscando garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Con este informe, la MOE evidencia la gravedad del contexto actual para los liderazgos en Colombia, quienes son pilares esenciales de la democracia y del tejido social. La urgente necesidad de acciones integrales por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional es innegable para mitigar esta violencia, proteger a los líderes y lideresas, y garantizar las condiciones necesarias para la estabilidad democrática y la reconciliación en el país.

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